Polifuncionalidad: un impostergable frente al desempleo

El desempleo persiste alto, la creación de puestos de trabajo ha perdido dinamismo y las empresas enfrentan mayores dificultades para contratar. En este escenario, la discusión no puede limitarse a cómo proteger los empleos existentes. Debemos preguntarnos qué condiciones necesitamos para crear nuevos puestos de trabajo y sostenerlos en el tiempo. Es urgente abordar la normativa laboral vigente. Una de las conversaciones pendientes es la polifuncionalidad. Nuestro Código del Trabajo permite que un contrato contemple funciones específicas, alternativas o complementarias, siempre que estén debidamente determinadas. Sin embargo, en la práctica, la aplicación de estas normas ha generado incertidumbre y muchas veces restringe la capacidad de las empresas para adaptar sus equipos a las necesidades reales de la operación. Esto es especialmente evidente en sectores como el retail. Hay momentos en que se necesita reforzar cajas; otros, reposición, despacho, inventario o atención al cliente. Pretender que cada trabajador permanezca atado a una única función, aun cuando pueda desempeñar otras labores previamente acordadas, resulta difícil de conciliar con la forma en que hoy funciona una empresa. Por eso, la adaptabilidad laboral y la polifuncionalidad deben ser parte de la discusión pública. Flexibilizar no significa entregar al empleador la facultad de modificar unilateralmente las condiciones de trabajo ni convertir los contratos en una lista indefinida de obligaciones. Una polifuncionalidad bien regulada exige lo contrario: funciones conocidas, límites definidos y certeza para ambas partes. La pregunta es si nuestra regulación entrega suficiente espacio para que una empresa pueda reorganizar funciones y responder a cambios en la demanda sin que cada ajuste se transforme en una fuente de conflicto. Una legislación excesivamente rígida eleva el costo y el riesgo de contratar. Cuando una empresa tiene escaso margen para adaptar las funciones de un trabajador frente a cambios en su operación, incorporar a una nueva persona se vuelve más difícil. La polifuncionalidad tampoco debe entenderse necesariamente como precarización. Bien diseñada, puede ampliar las competencias de los trabajadores, facilitar su movilidad dentro de las organizaciones y aumentar su capacidad de adaptación. La irrupción de la inteligencia artificial hace aún más urgente avanzar en esta dirección, porque está transformando tareas, procesos y perfiles laborales a una velocidad que exige relaciones contractuales capaces de adaptarse a nuevas funciones y formas de trabajo. Chile necesita proteger los derechos laborales que ha construido, pero también revisar las rigideces que dificultan la contratación. Ambas cosas pueden y deben convivir. En momentos en que recuperar el empleo debiera ser una prioridad nacional, vale la pena abrir esta conversación sin caricaturas. La pregunta no es si queremos trabajadores con menos derechos o empresas con más atribuciones. Es cómo construimos relaciones laborales suficientemente protegidas para dar certeza a los trabajadores respecto de sus derechos y, al mismo tiempo, a los empleadores la flexibilidad necesaria para contratar, adaptarse y crecer. La polifuncionalidad es parte de esta discusión. Postergarla, en las actuales condiciones del mercado laboral, tiene un costo que pagan los desempleados. *El autor de la columna es socio en GNP_Canales Abogados Laborales