El fiscal Cristian Olazábal y la jueza Mariel Suárez participaron de un encuentro en la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia junto a los jefes de las comisarías, defensores públicos penales y representantes de la Asesoría de Familia para establecer criterios uniformes de actuación ante la puesta en marcha del Régimen Penal Juvenil, que rige desde el 5 de septiembre.
La principal preocupación radica en que la ciudad petrolera no cuenta con la infraestructura ni las condiciones necesarias para alojar a menores en las dependencias carcelarias.
'La reunión fue para establecer criterios uniformes en cuanto al nuevo régimen penal de menores, ya que no contamos con la infraestructura y las condiciones necesarias para mantener a menores en situación de detención', precisó el fiscal, Cristian Olazábal, en diálogo con ADNSUR.
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A continuación, contó que desde la Asesoría de Familia se ofrecieron alternativas como la comisaría de la mujer o la comisaría comunitaria, aunque esa opción fue descartada. 'Rechazamos que sea la comisaría de la mujer porque la conflictividad de violencia familiar que tiene Comodoro es muy alta y era incompatible la permanencia de los menores ahí', afirmó.
Y en este marco, mencionó que desde la Unidad Regional se informó que esos lugares donde deberían permanecer los menores privados momentáneamente de la libertad no dependen del Ministerio de Seguridad sino de otra órbita del Poder Ejecutivo, 'así que se está pensando y trabajando en ese sentido'.
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Sobre la posibilidad de recurrir al arresto domiciliario, el fiscal señaló que fue la medida dispuesta en el primer caso que tuvieron, donde el juez penal ordenó que el menor sea trasladado a su domicilio y que la audiencia de control se celebre al día siguiente. Aclaró que esa alternativa sería, en principio, para delitos menores y con controles, y que, de igual manera, permitiría —momentáneamente— 'deslindar responsabilidad por cualquier contingencia que se presente durante su permanencia en una dependencia policial'.
MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY
En cuanto a la cantidad de menores en conflicto con la ley, Olazábal aclaró que no se registró un aumento de casos. 'El parámetro siempre ha sido el mismo. Lo que pasa es que nosotros teníamos, hasta antes del 5 de septiembre, menores que cometían delitos de baja lesividad, es decir, daños o una pelea callejera con otros compañeros de escuela, que no quedaban dentro del sistema ni estaban atrapados por el ámbito de la imputabilidad. Pero no es que ha habido un aumento de conflicto de menores con la ley penal', sostuvo.
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En el encuentro se acordaron parámetros de actuación comunes para los conflictos que puedan suscitarse con menores de entre 14 y 18 años. 'Buscamos alternativas de actuación rápida y de actuación conjunta, también evaluar la intervención de otros organismos', detalló Olazábal.
El fiscal remarcó que, una vez activada la justicia penal, las medidas de protección de los chicos quedan en manos de otros organismos. 'Tengamos presente que una vez que se activa el sistema de justicia penal, las medidas de protección no se resuelven desde el ámbito penal –señaló–. Hay organismos especializados y serán ellos quienes tendrán la responsabilidad de determinar qué medidas se toman con ese menor y al cuidado de quién van a permanecer'.
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'Fue un encuentro para poder escuchar las distintas posturas y establecer, justo esta semana, el ingreso de turno –agregó–. Nos pusimos de acuerdo para ver cómo vamos a afrontar las situaciones de detención que se produzcan y cómo tiene que actuar el personal policial'.
'LA BUENA VOLUNTAD NO ES SUFICIENTE'
Por su parte, la jueza Mariel Suárez remarcó que cada caso se analizará de manera particular y advirtió que las capacitaciones no alcanzan si no hay lugares para alojar a los chicos. 'Cada caso es particular y cada caso se va a analizar por parte de las autoridades. Lo que sí les puedo afirmar es que todos los funcionarios estamos recibiendo capacitaciones, pero evidentemente con las capacitaciones no alcanza si no tenemos la infraestructura para alojar a estos jóvenes', afirmó.
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'Tenemos que analizar cada caso en concreto. Nosotros queríamos saber cuál es el nivel de capacitación que está recibiendo el personal policial, ya que van a ser quienes van a estar en la calle realizando las detenciones –completó la magistrada–. Algunas instrucciones y comentarios sobre la ley nosotros les dimos, pero creo que con eso no alcanza. La buena voluntad no es suficiente: necesitamos lugares, personal capacitado, infraestructura y hay muchas cosas para definir'.
La magistrada admitió, por último, que la implementación de la norma sorprendió a los propios operadores del sistema. 'Fue una sorpresa porque esta ley salió en marzo, pero fue una sorpresa para muchos operadores que se implemente el 5 de septiembre –reconoció–. Frente a ese desconocimiento, decidimos desde el Ministerio Público Fiscal sentarnos a charlar con el personal policial'.
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'Vamos a tratar de transmitir lo que podamos y colaborar con ellos sobre la contención primaria y cómo se deberá actuar con los menores, ya que dependerá del delito', concluyó la jueza.
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