Entre el diálogo técnico y el rechazo social: así es la tensa situación en el Suroeste antioqueño por la mina Quebradona

La mecha del debate minero se volvió a encender en el Suroeste antioqueño. Luego de que la Agencia Nacional de Minería (ANM) viabilizara la prórroga de la etapa de exploración hasta 2027, la empresa Minera de Cobre Quebradona, filial de AngloGold Ashanti, dio inicio a un nuevo proceso de diálogo comunitario en el territorio. La iniciativa busca sentar las bases para elaborar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), pero se ha topado de frente con la resistencia radical de diversos sectores sociales y ambientales que rechazan tajantemente cualquier actividad extractiva en sus montañas. Durante la primera semana de este despliegue, la compañía minera reportó la realización de 13 reuniones comunitarias e institucionales, en las que logró dialogar con un total de 658 habitantes del territorio. De acuerdo con la empresa —declarada Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (BIC)—, estas actividades buscan articular más de setenta espacios de participación, cocreación y codiseño orientados a las comunidades de Jericó, Támesis, Fredonia y La Pintada. El objetivo corporativo apunta a construir conjuntamente un proyecto de minería subterránea de cobre que funcione como polo de desarrollo e impulse la economía regional. Para explicar los pormenores técnicos del proyecto, la compañía movilizó un equipo multidisciplinario compuesto por geólogos, hidrogeólogos, geotecnistas, ingenieros de minas, ambientales, civiles y metalúrgicos, acompañados por profesionales del área socioambiental. Los encuentros iniciales incluyeron reuniones institucionales con el alcalde, funcionarios y concejales de Jericó, así como diálogos en el corregimiento de Palocabildo y sus veredas (Quebradona Arriba, Quebradona Abajo, La Soledad, La Hermosa y Vallecitos), la vereda Estrella Vieja y los sectores urbanos La 40, Quebraditas y Río Piedras. Asimismo, la información se presentó ante las autoridades locales de La Pintada y comunidades del corregimiento de Puente Iglesias en Fredonia (sectores El Mango, La Guajira, Santa Elena y La Blanquita), junto con organizaciones locales como la Veeduría por el Uso y Cuidado de los Recursos Naturales y el grupo Jericoanos con Visión. No obstante, estas cifras e iniciativas de desarrollo social no han logrado persuadir a una parte sustancial de la población que ve en la minería de metales una amenaza directa a su estilo de vida y a la biodiversidad local. La reacción de la contraparte comunitaria no se hizo esperar. A través de una contundente manifestación pública emitida a finales de agosto, un bloque conformado por Juntas de Acción Comunal, Reservas Naturales de la Sociedad Civil, acueductos veredales y diversas organizaciones ambientales y sociales de Antioquia expresó su rechazo categórico a la decisión de la ANM de extender por dos años más los permisos de exploración. En el documento, las comunidades denunciaron que dicha autorización ignora los conflictos socioambientales preexistentes, las afectaciones ecológicas y la persecución judicial a la que se han visto sometidos campesinos y líderes que se oponen al proyecto. Uno de los principales ejes del reclamo social se fundamenta en la Reserva Natural Temporal declarada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en junio de 2025, la cual cobija a municipios como Jericó, Támesis, Valparaíso, La Pintada, Santa Bárbara y Fredonia. Según argumentan los opositores, estudios elaborados por Corantioquia, la Universidad de Antioquia y el Servicio Geológico Colombiano advierten sobre la presencia de una vital zona de recarga de acuíferos en el área. Para los líderes comunitarios, la realización de nuevas perforaciones mineras profundas pone en riesgo inminente las fuentes hídricas que abastecen a la población. Ante este panorama, las 300 organizaciones firmantes oficializaron la declaración de la Empresa Minera de Cobre Quebradona y AngloGold Ashanti como «entidad no grata» en el Suroeste antioqueño. Como medida de protesta y resistencia civil, anunciaron que no participarán en ninguna de las jornadas de socialización, talleres ni actividades convocadas por la minera en la región, dejando en firme su posición de no permitir la minería metálica en sus territorios. La controversia marca así el reinicio de un intenso pulso social y jurídico en el que convergen dos visiones opuestas sobre el modelo de desarrollo regional.