Ante el escenario de que la movilidad laboral se ha convertido en un componente estratégico de la relación de México con sus socios de América del Norte, el Gobierno de México busca fortalecer los mecanismos de empleo temporal en Canadá y Estados Unidos, al tiempo que refuerza la protección de los derechos de las personas trabajadoras migrantes.
Durante la 'Mesa de especialistas y actores: Los derechos de las y los mexicanos en el exterior' organizado por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, la directora general de Movilidad Humana y Desarrollo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Fátima Gabriela Ríos González, destacó que las oportunidades de empleo en el extranjero deben estar acompañadas de mecanismos efectivos de información, acompañamiento y protección.
Agregó que, si bien la migración laboral, para México representa una oportunidad para generar alternativas de empleo regular y contribuir al bienestar de las personas y sus familias, al mismo tiempo que responde a las necesidades de los mercados laborales de la región.
La movilidad laboral no puede limitarse a oportunidades de empleo
Sin embargo, advirtió que la movilidad laboral no puede limitarse exclusivamente a las oportunidades de empleo.
'Hablar de movilidad laboral no puede limitarse exclusivamente a conversar sobre oportunidades de empleo y sectores económicos. Para el gobierno de México, es fundamental que estas vías estén acompañadas de información y mecanismos efectivos de acompañamiento y protección de los derechos de las personas trabajadoras', afirmó.
Uno de los principales mecanismos analizados fue el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT), que inició en 1974 y que este año alcanza 52 temporadas de operación continua. De acuerdo con los datos presentados, durante este periodo el programa ha permitido la vinculación acumulada de más de 560 mil personas trabajadoras mexicanas, quienes realizan actividades de agricultura primaria en Canadá por periodos de hasta ocho meses.
En los últimos años, puntualizó que el programa ha vinculado aproximadamente a 26 mil trabajadores mexicanos por año con cerca de 4 mil empleadores distribuidos en las distintas provincias y territorios de Canadá. México representa además más de 55 por ciento de las personas trabajadoras temporales que ese país recibe anualmente para actividades de agricultura primaria.
Ríos González destacó que alrededor de 85 por ciento de las personas trabajadoras vinculadas al programa son nominales, es decir, son solicitadas por nombre por sus empleadores y aceptadas nuevamente por los trabajadores en cada temporada.
'Esto refleja la continuidad de las relaciones laborales, pero sobre todo del reconocimiento de la experiencia y capacidad de las personas trabajadoras mexicanas', señaló.
La funcionaria enfatizó que el éxito de un programa de esta magnitud no debe medirse únicamente por el número de personas vinculadas, sino también por la capacidad de garantizar que conozcan y ejerzan efectivamente sus derechos. En este sentido, explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de México en Canadá y su red consular, brinda acompañamiento y protección a los trabajadores mexicanos durante su estancia en ese país.
'La Secretaría de Relaciones Exteriores no sustituye las funciones y responsabilidades de las autoridades laborales canadienses. Nuestra función es acompañar, orientar, proteger y canalizar a las personas trabajadoras con las autoridades correspondientes', precisó.
Entre las acciones de protección se encuentran la orientación sobre derechos laborales, condiciones de trabajo, acceso a servicios y mecanismos disponibles para presentar quejas o solicitar asistencia. También destacó la Semana de Derechos Laborales, que este año se realizó del 31 de agosto al 4 de septiembre, así como jornadas extraordinarias de asistencia y orientación en centros de trabajo y comunidades con una importante presencia de trabajadores temporales.
Ríos González también hizo referencia a la iniciativa 'Abriendo Surcos', impulsada por el Consulado General de México en Montreal, mediante la cual se recopila información de primera mano sobre las experiencias y necesidades de los trabajadores mexicanos participantes en el programa. Entre los retos identificados se encuentran el acceso a información sobre derechos, vivienda, transporte, barreras lingüísticas y servicios.
En el caso de Estados Unidos, la funcionaria destacó la importancia de las visas H-2A y H-2B como una de las principales vías de movilidad laboral regular para trabajadores mexicanos. Expuso que México concentró 90 por ciento de las visas H-2A expedidas en 2025 y que, entre enero y febrero de 2026, las personas mexicanas recibieron 85.9 por ciento de estas visas.
En el caso de las H-2B, México representó 63.8 por ciento de las visas expedidas en 2025 y 68.7 por ciento durante los dos primeros meses de 2026.
La participación de la red consular mexicana en Estados Unidos se enfoca, entre otros aspectos, en proporcionar información a los trabajadores sobre las condiciones de sus empleos, sus derechos y los mecanismos disponibles para solicitar asistencia en caso de abusos. La representante de la SRE puso especial énfasis en la prevención del fraude, la trata de personas y el cobro indebido de cuotas de reclutamiento.
'Las personas trabajadoras deben conocer las condiciones de su empleo, sus derechos, las características de la oferta laboral y los mecanismos a los que pueden acudir en caso de enfrentar una violación', sostuvo.
Ante la demanda de mano de obra temporal en sectores específicos de Canadá y Estados Unidos y la búsqueda de oportunidades laborales por parte de trabajadores mexicanos, Ríos González sostuvo que la respuesta debe centrarse en fortalecer vías de movilidad laboral regulares, ordenadas y seguras, acompañadas de mecanismos de información, prevención y protección.
'La movilidad laboral no debe entenderse únicamente como una política migratoria. Es también una política de desarrollo, de protección de derechos y de corresponsabilidad regional', afirmó.
La agenda de México, explicó, contempla fortalecer la gobernanza de los mecanismos existentes, ampliar las oportunidades de movilidad laboral regular y reforzar los instrumentos de protección y acompañamiento de las personas trabajadoras.
'El reto no es únicamente preservar los mecanismos que han demostrado resultados, sino actualizarlos de manera permanente para responder a la realidad cambiante de los mercados laborales y garantizar que su crecimiento esté acompañado de mayores estándares de protección a la población migrante', concluyó.
(0)Comments