Poder Judicial reporta ahorros por 4 mil 700 mdp; Corte recorta estructura y privilegios

El Poder Judicial de la Federación reportó ahorros por más de 4 mil 700 millones de pesos durante el primer año de su nueva etapa, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) redujo 10 por ciento su plantilla administrativa, compactó estructuras y eliminó seguros y otros beneficios para sus integrantes. Hugo Aguilar Ortiz, presidente del máximo tribunal, adelantó además que el presupuesto de 2027 mantendrá una política de austeridad. Ante la Presidenta Claudia Sheinbaum y representantes de los poderes públicos, Aguilar sostuvo que la reducción del gasto no debe limitar la operación de los órganos jurisdiccionales ni afectar la calidad de sus servicios. Durante la ceremonia 'Un año de justicia real y verdadera', definió la austeridad como la prohibición de disponer de recursos públicos bajo criterios arbitrarios o discrecionales. De acuerdo con el balance presentado en la Corte, la nueva integración suprimió el seguro de gastos médicos mayores y el de separación individualizada. También ajustó las áreas administrativas y estableció que cualquier modificación futura a la estructura orgánica deberá representar un ahorro mínimo de 10 por ciento. Con esas medidas, el Ministro Presidente aseguró que terminaron prestaciones y servicios que durante años acompañaron a quienes integraban el Pleno. 'Quiero ser enfático, se acabaron los privilegios', afirmó al exponer los cambios aplicados desde el inicio de la actual administración. Sobre las remuneraciones, Hugo Aguilar Ortiz señaló que ministras y ministros reciben ahora el salario previsto por la Constitución. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también armonizó sus percepciones, consolidó contrataciones e incorporó al nuevo esquema los recursos obtenidos mediante sus ajustes internos. Por separado, Hugo Aguilar Ortiz explicó que el Órgano de Administración Judicial recibió compromisos financieros del extinto Consejo de la Judicatura Federal y adoptó medidas para contener ese desequilibrio al cierre de 2025. La cifra correspondiente al déficit no quedó expresada con claridad en la transcripción del mensaje, por lo que no forma parte de este balance. Más allá de los recortes administrativos, la Corte vinculó parte de su estrategia de ahorro con la digitalización de expedientes. Desde el 1 de mayo, los amparos directos en revisión se integran exclusivamente en formato electrónico. Aguilar explicó que más de 90 por ciento de esos asuntos termina en desechamiento, por lo cual la impresión de expedientes completos representaba un gasto innecesario de papel. Frente a las políticas aplicadas durante el primer año, el ministro defendió que la autonomía presupuestaria no equivale a una autorización para disponer libremente del dinero público. Afirmó que ese principio debe relacionarse con la racionalización del gasto y con mejoras que permitan una justicia expedita y eficaz. Respecto al siguiente ejercicio fiscal, Aguilar anticipó que el Poder Judicial conservará el mismo criterio. 'Nuestro presupuesto para 2027 continuará siendo austero', señaló, sin detallar durante este segmento del discurso el monto que solicitarán los distintos órganos para el próximo año. También atribuyó los más de 4 mil 700 millones de pesos de ahorro a las medidas adoptadas durante el periodo informado en el conjunto del Poder Judicial, por lo que esa cantidad no corresponde únicamente a la Suprema Corte. El mensaje incluyó entre los ajustes la homologación de remuneraciones en el Tribunal Electoral, la consolidación de contrataciones y las modificaciones administrativas aplicadas en otras instancias. Hacia el cierre de este apartado, Hugo Aguilar Ortiz ligó la reducción de gastos con una mayor fiscalización de la institución. Señaló que los órganos del nuevo Poder Judicial publican resoluciones, presupuestos ejercidos e indicadores de gestión y sostuvo que quienes eligieron a sus integrantes tienen derecho a revisar el uso de los recursos públicos. Otro frente de reorganización se encuentra en la infraestructura tecnológica. La Suprema Corte digitalizó su oficina de correspondencia y amplió el uso de expedientes electrónicos, firma digital, audiencias a distancia y notificaciones por medios electrónicos. El Tribunal Electoral avanza, a su vez, en una red nacional de justicia electoral digital, mientras el Órgano de Administración Judicial extendió la interconexión entre sedes. Te puede interesar: - PAN ofrece 'meter el plus', pero sólo se ve competitivo en 7 de 17 estados - Con EU, cooperación siempre, subordinación nunca, refrenda CSP Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón. FGR