Rechaza Julieta Ramírez acuerdo con EU para ofrecer información; es guerra sucia, asegura

Por Rita Magaña Torres La senadora de Morena con licencia Julieta Ramírez negó las versiones difundidas por una televisora que la señalan de participar en un supuesto acuerdo con autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos para proporcionar información a cambio de algún beneficio. El señalamiento fue transmitido la noche del lunes en un noticiero nacional, enmedio de la contienda interna de Morena rumbo a la elección de gobernador de Baja California en 2027, donde Ramírez busca encabezar la coordinación estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. A través de sus redes sociales, Ramírez negó esas afirmaciones y calificó la difusión del reportaje como parte de una estrategia de 'guerra sucia' en su contra. 'Semana nueva, mitote nuevo! No se pierdan el más reciente episodio de guerra sucia… cortesía del Canal de las estrellas! Sonrían seguimos adelante', escribió en su cuenta de X. Ramírez solicitó licencia al Senado el pasado 17 de junio para participar en el proceso interno de Morena con miras a la sucesión gubernamental de Baja California. La legisladora con licencia disputa la coordinación estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional con el exalcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, en una contienda que perfila desde ahora a los principales aspirantes del partido oficialista para 2027. Ramírez mantiene una relación política cercana con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Antes de llegar al Senado, se desempeñó como secretaria particular de la entonces presidenta municipal de Mexicali. De acuerdo con el reportaje, existiría un denominado proffer agreement —acuerdo de ofrecimiento— con autoridades del Departamento de Justicia en San Diego, California. Este mecanismo permite que una persona investigada o un potencial testigo proporcione información a fiscales estadounidenses bajo determinadas condiciones. El supuesto documento contemplaría una reunión entre Ramírez, fiscales y agentes federales estadounidenses para determinar si la información que pudiera aportar es considerada confiable y, eventualmente, si podría obtener algún beneficio, quedaría exclusivamente en manos de la fiscalía federal estadounidense, una vez que ésta recibiera y evaluara la información proporcionada. El acuerdo incluiría el compromiso de no incurrir en perjurio ni obstruir la justicia, pero se no precisa el delito o los delitos que estarían bajo investigación, por lo que la eventual existencia de un mecanismo de este tipo no permite establecer, por sí misma, que la legisladora haya cometido algún ilícito.