Denuncian a la Jueza que frenó la aplicación del Régimen Penal Juvenil

La decisión de la Justicia bonaerense de suspender temporalmente la aplicación del nuevo régimen penal juvenil sumó un nuevo capítulo. La asociación civil Usina de Justicia presentó una denuncia penal contra la jueza Marta Elba Pascual, a quien acusó de los delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad. Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, había dispuesto suspender durante 60 días la aplicación en la provincia de Buenos Aires de la normativa que reduce de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad. La magistrada tomó esa decisión luego de hacer lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de libertad. Los argumentos de la denuncia En su presentación, Usina de Justicia cuestionó el alcance de la resolución judicial y sostuvo que la jueza habría excedido sus atribuciones al suspender la aplicación de una ley penal sancionada por el Congreso. La organización también planteó que el fallo se basó en un escenario hipotético y consideró que no existía una vulneración concreta de derechos ni un peligro inminente que justificara la medida. Otro de los puntos señalados está relacionado con las penas previstas por el nuevo régimen. Según la asociación, la legislación establece un máximo de 15 años de prisión para adolescentes y contempla distintas alternativas a la privación de la libertad. La decisión de Pascual estuvo vinculada con las condiciones del sistema de alojamiento para adolescentes en conflicto con la ley penal. En los fundamentos de su resolución, la magistrada advirtió que la implementación de la nueva normativa podría incrementar la cantidad de adolescentes sometidos al sistema penal y generar una mayor presión sobre los establecimientos bonaerenses. Pascual también cuestionó si la Provincia cuenta actualmente con la infraestructura, los recursos institucionales y el personal necesario para afrontar ese escenario bajo los estándares establecidos para la protección de los derechos de niños y adolescentes. La suspensión tiene carácter temporal y fue establecida por un período de 60 días. Además, la jueza convocó a una audiencia para el 16 de septiembre, en la que deberán presentarse funcionarios bonaerenses para informar sobre las medidas adoptadas y las previstas para implementar el nuevo régimen. La denuncia contra Pascual abre ahora una nueva instancia judicial, mientras continúa vigente la discusión sobre la aplicación de la reforma penal juvenil en la provincia de Buenos Aires.