México: Mujeres sin sentencia enfrentan violencia institucional

*María Gutiérrez abraza a su hija de dos años en el penal de Chiconautla, en Ecatepec, Estado de México. Foto: Sáshenka Gutiérrez. 08.09.2026/ Cd. de México (SEMlac).- El sistema penal de México informó que casi la mitad de las mujeres privadas de la libertad permanece sin sentencia. Ello generó que organizaciones feministas están impulsando una guía para prevenir la violencia institucional y garantizar procesos con perspectiva de género. El 52,6 por ciento de las mujeres encarceladas estaba sin sentencia hasta abril de 2025, frente al 38 por ciento de los hombres, según datos de Prevención y Reinserción Social del Gobierno de México. Según el corte oficial más reciente, de agosto de 2026, más del 50 por ciento de las mujeres presas en México no han sido sentenciadas, lo que equivale aproximadamente a 6.923 mujeres en situación de reclusión preventiva. 'Nos hemos dado cuenta de que la mujer es más fácilmente penalizada por el simple hecho de ser mujer', dijo María Luisa Montoya García, de la organización Haz Valer Mi Libertad. Visibilizar violencias Frente a ello, la Red Feminista por el Acceso a la Justicia, compuesta por siete organizaciones, elaboró una guía 'para visibilizar todo lo que la autoridad tendría que estar trabajando', indicó Montoya. En México, las mujeres representan un cinco por ciento de la población penitenciaria total, equivalente a 14.028 mujeres privadas de libertad para abril de 2025, según cifras oficiales. La 'Guía de actuación para visibilizar y atender las violencias y prácticas discriminatorias que ejercen las personas operadoras del sistema de justicia penal en México' parte de un diagnóstico construido con los testimonios de seis denunciantes y seis imputadas en Ciudad de México, Estado de México y Jalisco. Una de ellas, identificada como María, pasó 19 años en prisión preventiva acusada de secuestro antes de ser absuelta en 2024, periodo en el que su hijo pasó de tener cinco años a ser adulto y ella se convirtió en abuela. Al salir, a los 49 años, María enfrentó miedo, frustración y secuelas emocionales, además del reto de reconstruir su vida, ¾cuenta en el diagnóstico de la guía¾, donde plantea que el Estado debe reparar el daño causado a ella y a su familia. Las experiencias de violencia institucional y de género dentro del sistema penal se repiten en los 12 testimonios recogidos por el diagnóstico. Entre los patrones comunes están la revictimización, la falta de perspectiva de género, el descrédito de sus testimonios y los obstáculos para acceder a la justicia. Montoya destacó que estos casos no son hechos aislados, sino el reflejo de un sistema penal que 'castiga doblemente' a las mujeres. 'Donde se ha torturado mucho a la mujer, donde se le ha criminalizado en los centros penitenciarios y son más abandonadas por las familias', señaló la activista, quien lucha por la liberación de su hijo encarcelado desde 2017 por un delito que asegura no haber cometido. Montoya advirtió de la tortura psicológica y física que viven en las mujeres en las cárceles, donde 'también pueden ser violadas, vendidas o castigadas, torturándolas si no se prestan' a favores sexuales. Por otro lado, señaló que la guía documenta el abandono sanitario que enfrentan las mujeres en prisión, incluida la falta de productos de higiene menstrual y ropa íntima. 'Al no tener toallas sanitarias, terminan usando, no sé, un pedazo de trapo o lo que ellas mismas puedan obtener', explicó. El diagnóstico expone que el 64,4 por ciento de las mujeres encarceladas sufrió violencia psicológica antes de ser presentada ante una autoridad, según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2021. Además, 29,9 por ciento recibió amenazas contra su familia, 27,5 por ciento fue presionada para declarar y 15 por ciento experimentó violencia sexual durante su reclusión. El colectivo Haz Valer Mi Libertad es una organización en el Estado de México formada por familiares de personas injustamente presas. ¿Qué busca el colectivo? Defienden a personas encarceladas por delitos fabricados o detenciones arbitrarias. Exigen la revisión de casos y la agilidad en los trámites de amnistía. Denuncian tortura, malas defensas legales y violaciones a los derechos humanos. Acciones recientes Mantuvieron un plantón durante 153 días frente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en Toluca. En julio de 2026, levantaron el plantón tras iniciar mesas de trabajo con autoridades estatales y federales. Aclaran que suspender el plantón no significa abandonar la lucha por la libertad de sus familiares. Quienes son las presas De acuerdo con los datos publicados en julio de 2026 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi), a través del Censo Nacional de Sistema Penitenciario, la población carcelaria femenina es la más afectada por la falta de condenas definitivas en el país. Desglose de la situación jurídica de las mujeres sin sentencia: Prisión preventiva oficiosa: el 55,2 por ciento de las internas adultas sin condena están bajo esta medida automática. Prisión preventiva justificada: el 31,5 por ciento enfrenta su proceso bajo esta modalidad solicitada por el Ministerio Público. Otros supuestos jurídicos: el 2,6 por ciento se encuentra bajo otra condición legal específica. Estatus no identificado: en el 10,7 por ciento de los casos restantes no se ha esclarecido su situación jurídica exacta. Contexto penitenciario femenino Brecha de género: mientras que el 52,6 por ciento de las mujeres encarceladas no tienen sentencia, en el caso de los hombres la cifra es menor, afectando al 41,5 por ciento de su población. Tiempo en prisión: informes de organizaciones civiles recopilados por la Razón de México señalan que una de cada cinco mujeres en esta condición lleva al menos dos años recluida sin conocer su veredicto. Estados con mayor rezago: entidades como el Estado de México y Michoacán destacan por reportar niveles críticos en sus sistemas locales. La población privada de la libertad en México sigue enfrentando desafíos sustanciales en materia de acceso a la justicia, siendo las mujeres quienes presentan la mayor proporción de casos en prisión sin sentencia, en comparación con los hombres. De acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales (CNSIPEF-E) 2026, presentados por el Inegi, al cierre de 2025, un total de 231.436 personas –de las cuales 14.260 fueron mujeres y 217.176 hombres– se encontraban privadas de la libertad en centros penitenciarios y especializados. Del total nacional, el 42,2 por ciento (97.722 personas) no contaba con sentencia, es decir, permanecían privadas de la libertad en calidad de presuntas y sin una resolución judicial definitiva en su proceso penal. No obstante, las cifras oficiales del Inegi evidencian una disparidad importante por género: mientras que el 52,6 por ciento de las mujeres privadas de la libertad se encontraba sin sentencia, en el caso de los hombres este porcentaje fue de 41,5 por ciento. Esta diferencia coloca a las mujeres como el grupo más afectado por la prisión preventiva, situación que además se ha mantenido consistente respecto a años anteriores. El análisis por tipo de centros también muestra diferencias. En los centros penitenciarios federales (CPF), el 27,9 por ciento de la población privada de la libertad no tenía sentencia, mientras que en los centros estatales la cifra fue de 43,6 por ciento. Sin embargo, en ambos ámbitos la proporción de mujeres sin sentencia es mayor cuando se compara con la de hombres. En cuanto a la situación jurídica de las personas adultas privadas de la libertad sin sentencia, el 55,2 por ciento de las mujeres estaban en prisión preventiva oficiosa, frente al 49,7 por ciento de los hombres. Además, el 31,5 por ciento de las mujeres enfrentaba prisión preventiva justificada, cifra cercana al 34,5 por ciento registrado en varones. Respecto al tiempo en espera de sentencia, el 21,5 por ciento de las mujeres llevaba entre 6 y menos de 12 meses en esa condición, mientras que para los hombres este porcentaje fue de 23,2 por ciento. Un dato relevante, considerando el impacto familiar y social que esta situación implica para las mujeres, quienes tienen una mayor probabilidad de ser madres y responsables de hijos menores. Por otra parte, el Censo documentó que, entre las personas sin sentencia recluidas en centros federales, el delito de secuestro destaca como el más frecuente en mujeres (51,9%), y en los centros estatales, los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo ocupan el primer lugar (18,5%). Sin embargo, el denominador común sigue siendo la alta presencia de personas privadas de la libertad sin sentencia definitiva. El informe también subraya que el incremento de ingresos al sistema penitenciario durante 2025 se tradujo en más personas sujetas a prisión preventiva, y que, si bien el crecimiento es generalizado, la brecha de género en la condición jurídica de la población penitenciaria persiste y se acentúa en el caso de las mujeres. Estos datos, provenientes de fuentes oficiales y dadas a conocer el 16 de julio de 2026, ponen nuevamente sobre la mesa la necesidad de revisar los criterios y procedimientos de prisión preventiva en México, así como focalizar políticas públicas que permitan garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia, con perspectiva de género, para quienes enfrentan un proceso judicial en reclusión.