Defensa de familia de Valentina Cancela pide que femicida rinda exámenes a distancia si no hay seguridad

La defensa de la familia de Valentina Cancela, que fue asesinada en Punta del Este en 2023, reclamó a la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) que el autor del femicidio, Santino Gandini, estudie completamente a distancia si la casa de estudios determina que no están dadas las condiciones de seguridad para que lo haga de forma presencial. La preocupación en la Universidad de la República tras el intento de femicidio en la Facultad de Medicina motivó consultas sobre la situación académica de Gandini. El joven cursa estudios en la FCEA desde un centro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) donde permanece recluido, pero cuenta con autorización judicial para concurrir presencialmente a rendir determinadas pruebas, según informó La Diaria y confirmó El País. El abogado de la familia de Cancela, Ignacio Barlocci, dijo a El País que el Código de la Niñéz y la Adolescencia le da la posibilidad y 'fomenta' que Gandini y otros internos puedan acudir presencialmente a dar exámenes y cursar. Barlocci dijo que cuentan con información de que Gandini ya cursó y dio exámenes de manera presencial el año pasado, y que la única razón por la que ahora cursa a distancia es que está en un centro de Inisa en el Interior. Barlocci dijo que Gandini, además es libre de plantearle a un juez que le conviene estar en Montevideo para estar más cerca del lugar donde cursa los estudios. El abogado explicó que Gandini, al concurrir a la facultad, 'no está custodiado por operadores del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) sino por funcionarios del Inisa que no son personal de seguridad'. 'Santino Gandini no va a a los parciales con un Policía atrás si no que va con funcionarios del Inisa que no tienen la función de ser un contén de seguridad. Entonces la FCEA tiene que ver si están las condiciones de seguridad para que él esté presencialmente en un exámen. La facultad tiene porteros, que no tienen funciones de seguridad frente a un femicida, como tampoco la tienen los educadores del Inisa. Entonces, lo que tiene que hacer la FCEA es estudiar las condiciones de seguridad. Y si éstas no están dadas para que Santino Gandini esté en un salón con otras 100 personas, que haga los exámenes de manera virtual', dijo Barlocci. 'Nosotros comprendemos la necesidad de resocialización y no discutimos que él tiene derecho a estudiar. Pero se tiene que saber que él ya concurrió de forma presencial a la FCEA. Más allá de que él tenga el derecho a que no se lo estigmatice, la sociedad tiene derecho a saber que esto está pasando y que debe tener alguna medida de seguridad', agregó el abogado. La familia de Cancela vive en Montevideo, y saber que el femicida está en la capital, les 'genera sensación de inseguridad', remarcó el letrado. 'También me pongo en el lugar de los estudiantes y las sensación de inseguridad que les puede generar saber que Santino Gandini está ahí al lado'. Además, Barlocci recordó que Gandini ejerció 'violencia gestual' hacia la Fiscalía durante una audiencia por el crimen. Comunicado Luego de que se viralizara la situación académica de Gandini, la decana de la FCEA, Danny Freira, emitió un comunicado asegurano que recibió 'numerosas consultas' sobre la presencia del joven en la Facultad. La decana aseguró que el comunicado buscaba dar una "respuesta clara y responsable, distinguiendo aquella información que la Facultad puede comunicar de aquella que, por razones de confidencialidad, protección de las personas involucradas y respeto de los procedimientos institucionales, debe mantenerse bajo reserva". Sin referirse al femicida en particular, la FCEA aclaró que es "competencia exclusiva del Poder Judicial" resolver la forma en que una persona privada de libertad accede a las instancias educativas, es decir, si lo hace a través de la virtualidad o de manera presencial, o si le permite ir a una institución únicamente a rendir pruebas y exámenes. "En este sentido, nos corresponde como servicio universitario cumplir con los aspectos previstos judicialmente: si eso significa permitir que una persona privada de libertad ingrese a una prueba acompañada por quien la ley dispone, así lo hacemos", detalló la institución. "Somos conscientes de que esta situación puede generar incomodidad, miedo e inseguridad en otras personas de nuestra comunidad, y eso no lo minimizamos", indicó la FCEA, que luego añadió: "Por eso contamos con mecanismos institucionales para acompañar a quienes se sientan afectadas, y seguimos analizando qué medidas adicionales están dentro de nuestras competencias para dar respuesta a esta situación concreta". Por otro lado, la institución reafirmó que "el acceso a la educación constituye un derecho que la Universidad garantiza también a las personas privadas de libertad, en consonancia con los principios de inclusión y reinserción social". "Este compromiso no se contrapone con la responsabilidad institucional de promover condiciones de cuidado y convivencia adecuadas para toda la comunidad universitaria. Ambos principios deben ser garantizados de manera simultánea, mediante respuestas institucionales que permitan atender situaciones complejas sin afectar derechos ni profundizar situaciones de vulnerabilidad", añade el escrito. Por este motivo la FCEA indicó que está "analizando la situación y considerando todas aquellas medidas que, dentro del marco de las respectivas competencias institucionales, puedan contribuir a su adecuado abordaje y al cuidado de las personas involucradas". Demanda civil La defensa de Cancela está impulsando una demanda civil por daños y perjuicios contra la familia de Gandini. Si ganan el juicio y la contraparte se niega a pagar el resarcimiento, se trabará un embargo. La primera audiencia por el juicio se celebró en febrero de este año. Según Barlocci, días antes Gandini fue trasladado desde un centro del Inisa en Montevideo a otro en el Interior. Además, Barlocci está solicitando que el Poder Judicial nombre alguna sala de sus oficinas en honor a Valentina Cancela, como forma de reconocimiento por las 'fallas' que tuvo la Justicia en el caso. Valentina Cancela, de 17 años, fue asesinada por su exnovio Santino Gandini el 15 de agosto de 2023, en la Playa Brava de Punta del Este. Gandini la mató por asfixia y ocultó su cuerpo en un médano; posteriormente confesó el crimen e indicó a las autoridades dónde estaba el cuerpo. El cuerpo de Valentina fue encontrado al día siguiente, 16 de agosto, sobre las 18:30. Gandini fue posteriormente condenado a 10 años de privación de libertad por homicidio muy especialmente agravado por femicidio, la pena máxima aplicable a un adolescente. Las actuaciones previas del Poder Judicial en el caso fueron cuestionadas porque, tras una denuncia por agresiones físicas y verbales presentada por su madre semanas antes del femicidio, la Justicia se limitó a intimar a los adolescentes a mantener un 'buen relacionamiento' y a sus padres a cumplir con la patria potestad, sin disponer medidas específicas de protección como prohibiciones de acercamiento o comunicación. La intervención motivó un sumario de la Suprema Corte de Justicia para investigar si la jueza incumplió la Ley de Violencia de Género.