Vuelta al cole, ¿vuelta al armario?: cuando los derechos LGTBIQ+ no llegan al recreo o los grupos de WhatsApp

La mayor parte del alumnado del país ha vuelto este lunes a sus respectivos colegios, institutos y universidades. Septiembre lleva de nuevo a niñas, niños y adolescentes a las aulas y, con ello, pueden regresar también algunos malestares. Para parte del alumnado LGTBIQ+, el reencuentro con sus compañeros y compañeras puede resultar agridulce. Sobre todo cuando volver a clase significa también volver a medir qué cuentan sobre sí mismos, esconder sus gustos e inquietudes o evitar algo tan aparentemente banal como hablar de por quién se sienten atraídos. Publicidad A veces, para sentirse cohibida, avergonzado, insegura o temeroso de expresarse libremente basta una broma o un comentario aparentemente inocentes. No hace falta que nadie impida frontalmente nada, el ambiente ya habla por sí solo. "Muchas veces tendemos a ver la violencia LGTBIfóbica como agresiones, insultos, tipos de formas de violencia explícitas", explica a Público Marta Alonso, docente y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Federación Estatal LGTBI+. Pero casi nada sucede de golpe y precisamente por eso puede ser más difícil detectarla. "No es que lleguemos un día y de la noche a la mañana a esta persona la han excluido del grupo", señala. El proceso suele desarrollarse y normalizarse "poco a poco". Evitar que la vuelta al cole termine suponiendo también un regreso a eso que llamamos armario pasa, por tanto, por aprender a mirar también hacia ahí. ¿Estamos peor ahora que antes? Marta Alonso se muestra preocupada por la plausible recuperación de insultos, comentarios peyorativos y estereotipos que parecían haber perdido aceptación social o cuyo significado había sido reapropiado por el propio colectivo: "Ahora regresan con fuerza". Además, a lo que se escucha en casa se le suma una infinidad de contenidos procedentes de las redes sociales, la televisión y las comunidades digitales. Expresiones que hace un tiempo podían generar cierto rechazo vuelven a pronunciarse, dice Alonso, cuando los y las jóvenes comprueban que también aparecen en boca de personas a las que toman como referencia. Aunque no siempre exista —matiza— una conciencia completa de lo que implican. Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans, comparte el diagnóstico: "Los mensajes que deshumanizan o estigmatizan están calando entre los jóvenes y deteriorando la convivencia en las aulas", lamenta en declaraciones a Público. Reconocer la identidad de género en las listas En el caso del alumnado trans, las dificultades pueden empezar mucho antes de que exista una situación de acoso por parte de compañeros y compañeras. Algunas, de hecho, están en el propio funcionamiento de los centros. "Uno de los mayores retos cotidianos es la resistencia o el retraso en el reconocimiento de su identidad de género en listas de asistencia, boletines de notas y plataformas escolares", explica Cambrollé. La Plataforma Trans sostiene, no obstante, que alrededor del 60% de los centros cambia de manera proactiva el nombre social del alumnado que lo solicita. Publicidad Las fricciones que llegan a trascender públicamente, apunta Cambrollé, se han producido mayoritariamente en centros concertados religiosos. Uno de los precedentes más conocidos ocurrió hace más de una década en Málaga. En 2013, la familia de una niña trans de seis años denunció que el colegio concertado San Patricio, gestionado por una fundación dependiente del Obispado de Málaga, se resistía a tratarla conforme a su identidad de género. La Junta de Andalucía había indicado que debía adecuarse la documentación interna, permitírsele utilizar el uniforme correspondiente a su identidad y tenerla en cuenta como niña en las actividades del centro. La Fiscalía abrió diligencias, pero acabó archivándolas al no apreciar delito. La niña terminó cambiándose de colegio. La situación normativa ha cambiado desde entonces. Asturias, una de las autonomías mencionadas por Cambrollé al hablar de estas carencias, añadió en marzo de 2023 unas orientaciones para prevenir, detectar e intervenir ante conductas contra la orientación y la identidad sexual a su protocolo general contra el acoso y el ciberacoso escolar. Castilla y León, por su parte, puso en marcha en 2018 un protocolo de atención y acompañamiento al alumnado trans y con expresión de género no normativa. Pero que existan normas no resuelve necesariamente lo que sucede cuando se cierra la puerta de una clase. "Estamos a merced del lugar en el que nos encontremos", resume Marta Alonso. La docente observa que los colegios e institutos que cuentan con tutorías LGTBIQ+ o trabajan específicamente estas cuestiones tienen a menudo detrás a profesorado perteneciente al colectivo que ha decidido implicarse personalmente. Que exista esa voluntad es positivo, defiende, pero no debería ser la condición necesaria para que la diversidad forme parte de la educación. Publicidad La actual ley estatal de educación plantea la igualdad, el respeto a la diversidad afectivo-sexual y familiar y la educación para el desarrollo sostenible y los derechos humanos desde una perspectiva transversal. No debería depender, por tanto, de que un profesor considere que el asunto "le toca", ni reducirse a reservar una hora concreta del calendario para hablar sobre diversidad, critica Alonso. Cambrollé apunta en la misma dirección. Los contenidos educativos, sostiene, continúan incorporando de manera insuficiente la diversidad sexual y de género, dejando a parte del alumnado sin referentes dentro de aquello que estudia. No en vano la Radiografía de la educación en la diversidad LGTBI+, elaborada por la Federación Estatal LGTBI+ junto con la Universidad de Salamanca y publicada en 2025, concluyó que, salvo contadas excepciones, las autoridades educativas no habían avanzado suficientemente hacia actuaciones "firmes y claras". La amenaza ultra Marta Alonso considera que la ultraderecha ha convertido los avances del colectivo en uno de sus "caballos de batalla". Las entidades territoriales de FELGTBI+ les trasladan que algunos centros que antes solicitaban talleres sobre diversidad afectivo-sexual y de género han dejado de hacerlo ante la posibilidad de enfrentarse al conocido "pin parental". "Voy a tener problemas con las familias", "puede ser que haya esta persona que se me queje" o "a lo mejor hago esto y de repente ese día me falta medio alumnado" son algunos de los temores que, según Alonso, les transmiten desde los centros. Desde la FELGTBI+ ponen también el foco en Galicia, aunque allí Vox no forme parte del Gobierno autonómico ni tenga representación en su Parlamento. Las instrucciones de la Xunta para el curso 2025-2026 incorporaron expresamente la "neutralidad ideológica" como principio de la actividad educativa y establecieron que el profesorado debía informar "objetivamente y de manera imparcial sobre el pluralismo social". "Nos vuelven a calificar de ideología cuando estamos hablando de derechos humanos y estamos hablando de vidas humanas", lamenta Alonso. Protocolos que existen, pero no siempre funcionan ¿Y qué ocurre cuando el acoso ya está sucediendo? "Sigue habiendo mucha necesidad de desarrollo de estos protocolos con profundidad", afirma Alonso. No basta con que existan; alumnado y profesorado tienen que saber que están ahí, cómo se activan y qué sucede después. "Los centros cuentan con protocolos porque les obliga la ley, pero luego no los aplican o están guardados en un cajón", denuncia. Publicidad Cambrollé propone avanzar hacia un protocolo nacional unificado que garantice unos mínimos con independencia del territorio. Entre ellos, el respeto inmediato al nombre y los pronombres del alumnado trans y a su indumentaria; acceso a baños y vestuarios de acuerdo con su identidad; formación continuada del profesorado para detectar tempranamente la transfobia; desarrollo efectivo de la figura del coordinador de bienestar; planes de acompañamiento seguros y confidenciales; y presencia transversal de la diversidad afectivo-sexual y de género en la enseñanza sin posibilidad de veto por parte de las familias. Lo que dicen los datos Los datos ayudan a poner dimensión a lo que Alonso y Cambrollé describen. La investigación Estado de la Educación LGTBI+ 2024, elaborada por FELGTBI+ con datos de 40dB, concluyó que el 23% de las personas LGTBIQ+ encuestadas había sufrido algún acto de odio durante su etapa escolar. Entre las personas de 18 a 24 años, el porcentaje ascendía al 25%. El acoso era la manifestación más frecuente, con un 14,75%, seguido de la discriminación, con un 13,75%; la violencia física, con un 7,4%; y el ciberacoso, con un 7,25%. Pero quizá uno de los datos más llamativos estaba en la respuesta que daba la población ya adulta, donde en el 64% de los casos, según quienes habían sufrido esas situaciones, el centro educativo no hizo nada. Publicidad Un año después, la Radiografía de la educación en la diversidad LGTBI+ volvió a determinar que más de la mitad de las personas jóvenes LGTBIQ+ había sufrido algún tipo de acoso, trato vejatorio o ciberacoso durante Secundaria. Entre las personas LGTBIQ+ de 18 a 24 años, el centro de enseñanza representa el 21,2% de los lugares donde sufrieron una situación de odio y un 40% señalaba que durante su etapa educativa no había podido mostrarse tal y como era. Es más, apenas una cuarta parte de la juventud se sentía reconocida como LGTBIQ+ en el instituto. También el estudio LGTBfobia en las aulas 2021-2022, elaborado por COGAM a partir de encuestas a 6.256 estudiantes de 63 centros de la Comunidad de Madrid, encontró que únicamente el 23% del alumnado LGB había salido del armario. Otro 21% aseguraba que no lo haría y un 29% decía que lo haría si las condiciones fueran más favorables. La exposición tampoco era igual para todo el colectivo. El 7% del alumnado LGTBIQ+ encuestado afirmaba haber recibido insultos por su orientación o identidad, pero el porcentaje ascendía hasta el 17% entre el alumnado trans. En internet, el 3% del conjunto del alumnado LGTBIQ+ decía haber sufrido acoso, frente al 14% de los menores trans. Publicidad De todo esto se puede inferir que las leyes han avanzado mucho más deprisa que algunas de esas experiencias. Una cosa es reconocer derechos y otra conseguir que lleguen a los lugares en los que transcurre realmente la vida cotidiana, la vida escolar, a la lista de clase, al vestuario, a una tutoría, al grupo de WhatsApp o al patio. Ahí sigue estando buena parte del reto. Y será más difícil cerrarlo a medida que ganen terreno los discursos que vuelven a poner esos mismos derechos en cuestión.