Extienden por seis meses los embargos en una causa por administración fraudulenta

En una audiencia realizada hoy en la ciudad judicial, la fiscal del caso Rocío Rivero pidió, junto a la querella, que se prorroguen por el término de seis meses las medidas cautelares dictadas en el marco de la investigación por el desvío de fondos públicos vinculado a la cooperativa Viento Sur. De acuerdo con la acusación del MPF, la maniobra investigada consistió en un esquema de desvío de fondos que el Estado provincial otorgaba para destinarlos a capacitaciones laborales de integrantes de organizaciones sociales. El dinero, sin embargo, era utilizado para otros fines, como la adquisición de bienes inmuebles, automotores y diversas transferencias a cuentas particulares de los imputados, generando un perjuicio al erario provincial estimado en más de 1.200 millones de pesos. Pedido del Ministerio Público Fiscal Durante la audiencia, la fiscal Rivero, con la adhesión de la fiscalía de Estado, solicitó la prórroga de los embargos vigentes, al señalar que los riesgos procesales se encuentran aún más consolidados luego de que la fiscalía formalizara la acusación y requiriera la apertura de la etapa de juicio contra los ocho imputados por el delito de administración fraudulenta. Las defensas particulares no se opusieron al pedido y pidieron aclaraciones respecto al uso de los vehículos involucrados. En este sentido, la fiscal ratificó que los automotores continúan embargados, pero el secuestro físico fue dejado sin efecto para que la entidad pueda utilizarlos en el traslado de alimentos a comedores y en otras obras comunitarias. Resolución judicial Al resolver el planteo, el juez de garantías Lucas Yancarelli, que estuvo a cargo de la audiencia, dispuso la prórroga de los embargos sobre tres inmuebles de titularidad de la cooperativa, cuatro automotores (bajo la modalidad de depósito judicial) y el plazo fijo constituido con fondos de las cuentas de la entidad, por el plazo de seis meses a partir del vencimiento de las medidas anteriores. El caso La teoría del caso del MPF con la adhesión de la querella, comprende a ocho personas imputadas por el delito de administración fraudulenta: en calidad de coautores para los exministros provinciales Abel Di Luca y German Chapino, y otros tres imputados, D.M, S.E.B y L.L.V; y como partícipes necesarios a las tres personas restantes, B.R.V.N, F.G.S y M.G.S. Para el MPF, la actuación coordinada de exfuncionarios y particulares configuró un esquema de desvío de fondos públicos que frustró la finalidad de un programa del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, destinado a acciones de capacitación de integrantes de las organizaciones de la sociedad civil. Esto ocurrió entre 2022 y 2023 y el perjuicio al erario provincial fue estimado en $1.208.657.600, según valores históricos. El programa establecía controles previos obligatorios antes de cada desembolso, entre ellos la verificación de la regularidad institucional de la organización, la certificación de sus autoridades, la presentación de un plan de acción, la confección de un padrón verificable de beneficiarios y la acreditación de capacitaciones efectivamente realizadas. Esto sobre un escenario en el que la Contaduría General de la Provincia emitió dictámenes desfavorables que fueron ignorados, y los pagos continuaron realizándose. A los exministros, desde el MPF se les atribuyó autorizar pagos mensuales a la cooperativa Viento Sur sin verificar los requisitos, aceptando rendiciones incompletas, inconsistentes o inexistentes. A los integrantes de la cooperativa Viento Sur, D.M, S.E.B y L.L.V, se les reprochó haber solicitado, recibido y administrado los fondos con conocimiento de su destino específico, presentando rendiciones con comprobantes que no se correspondían con los movimientos bancarios, duplicación de gastos y omisiones deliberadas, con el fin de sostener la continuidad de los desembolsos. A las tres personas restantes, B.R.V.N, F.G.S y M.G.S, se las acusó de recibir fondos sin contraprestación alguna, integrando el esquema de disposición patrimonial que permitió consumar el perjuicio.