'Cumplimos una orden judicial', dijo el ministro Alvarez sobre el caso del bebé

El ministro de Desarrollo Social de la provincia, Diego Alvarez, defendió el procedimiento mediante el cual se concretó la entrega del bebé de Rancul a la familia adoptante seleccionada por la Justicia y sostuvo que los organismos provinciales actuaron 'en cumplimiento de una orden judicial'. Además, aseguró que durante el operativo se buscó generar 'la situación menos violenta posible' para el niño. Las declaraciones fueron realizadas este martes en la Legislatura provincial, donde Alvarez participó de un plenario vinculado con la reforma del Código Procesal Penal pampeano. Sin embargo, el tema que concentró las consultas de la prensa fue el procedimiento realizado el lunes, cuando la familia de contención, que se había negado inicialmente a entregar al bebé, fue interceptada por la Policía en el puesto caminero de Eduardo Castex. El funcionario remarcó que la situación jurídica del niño ya había sido definida. 'La situación de fondo de ese niño ya estaba resuelta: estaba en estado de adoptabilidad y el Juzgado de Familia N° 1 de General Pico ya había seleccionado a la familia adoptiva', señaló. El bebé permanecía desde los dos meses con Joaquín Díaz y Ana Laura Pizzani, integrantes de una familia de contención de Rancul. Con el transcurso de los meses, la pareja desarrolló un fuerte vínculo afectivo con el niño y planteó su intención de adoptarlo. Sin embargo, el sistema de familias de contención establece que ese rol es transitorio y no habilita a adoptar al niño que se encuentra bajo su cuidado. La Justicia declaró posteriormente la situación de adoptabilidad y solicitó al Registro Unico de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos el listado de familias en condiciones de recibirlo. La familia de contención realizó distintas presentaciones judiciales para evitar la entrega. El lunes, el Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario federal presentado por la pareja. De acuerdo con información judicial, para intentar llegar a la Corte Suprema todavía existe la posibilidad de interponer un recurso de queja, aunque actualmente no existe una causa radicada ante el máximo tribunal nacional. Tras conocer la resolución del STJ, la pareja se presentó en Santa Rosa y manifestó su negativa a entregar al niño. Más tarde emprendió el regreso a Rancul, pero fue interceptada por la Policía en la Ruta Nacional 35, a la altura de Castex. Finalmente, el bebé fue trasladado a Santa Rosa y quedó con la familia adoptante designada por la Justicia. La Subsecretaría de Niñez dio por concluida su intervención administrativa. 'Orden judicial'. Alvarez rechazó cuestionamientos sobre la intervención estatal y sostuvo que el objetivo fue resguardar al niño. 'Nosotros cumplimos con una orden judicial. Fue una situación en la que se buscó actuar de la manera menos violenta posible para el bebé. Acá lo que priorizamos siempre son los derechos de los niños y niñas', afirmó. El ministro también defendió el sistema de adopciones vigente y consideró que la normativa busca evitar las denominadas guardas irregulares y garantizar un procedimiento 'más justo y equitativo' para quienes aspiran a adoptar. En ese sentido, destacó el papel del Registro Único de Adoptantes y señaló que la selección debe contemplar el perfil adecuado para cada niño, dado que se trata de una decisión que tendrá consecuencias permanentes. 'Fue un proceso judicial transparente', afirmó Alvarez, al remarcar que la familia tuvo la posibilidad de ejercer distintas defensas en primera y segunda instancia y ante el STJ. 'Nosotros debemos atenernos a la ley y a la orden judicial que tuvimos que cumplir', insistió. Reforma penal. Durante su visita a la Legislatura, Alvarez también explicó el proyecto de reforma del Código Procesal Penal enviado por el Poder Ejecutivo para adecuar la normativa provincial a la nueva legislación nacional que establece la imputabilidad penal desde los 14 años. El funcionario aclaró que la modificación provincial no implica necesariamente prisión para los adolescentes que infrinjan la ley. 'No hablaría de sancionar y castigar, sino de que va a haber persecución penal', explicó, y destacó que el proyecto contempla alternativas a la prisión y mecanismos vinculados con la reparación del daño y la justicia restaurativa. Aunque manifestó su desacuerdo con la ley nacional que modifica la edad de imputabilidad, Alvarez sostuvo que la Provincia debe adecuar su legislación dentro del marco constitucional. El proyecto, indicó, fue elaborado junto al Superior Tribunal de Justicia, los ministerios públicos y otros organismos vinculados con la aplicación del Código Procesal Penal.