Ricardo Pity Velarde y los funcionarios del entorno de Rocha Moya que están bajo la lupa

El gobierno de Rubén Rocha Moya atraviesa una crisis política y de seguridad. Casos como la desaparición vinculada a Ricardo Velarde y las acusaciones de EE. UU. contra diez funcionarios exigen respuestas claras y justicia. En Sinaloa, el poder político se encuentra en medio de una sucesión de cuestionamientos que rebasan los discursos oficiales. Durante el último año, la administración del gobernador Rubén Rocha Moya ha enfrentado señalamientos internacionales, investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), renuncias y casos de desapariciones que han colocado bajo un estricto escrutinio a personajes estratégicos de su gobierno. Ahora, uno de los nombres que sale en el discurso público de esta compleja intersección entre negocios, política y seguridad es el de Ricardo 'Pity' Velarde Cárdenas. Este conocido empresario mazatleco llegó a fungir como secretario de Economía de Sinaloa, cargo que abandonó en octubre de 2025 tras la desaparición del joven Carlos Emilio Galván Valenzuela en el bar Terraza Valentino, del cual Velarde era accionista. La crisis en el gabinete de Rubén Rocha Moya y el caso Carlos Emilio Es fundamental precisar que Velarde no integra la lista de los diez funcionarios y exfuncionarios señalados formalmente por Estados Unidos en abril de 2026. Su situación corresponde a otra vertiente del escrutinio público que asedia al entorno de Rocha Moya, una distinción necesaria para comprender la naturaleza de las distintas investigaciones en curso. Antes de su incursión en el gabinete estatal, Velarde consolidó su trayectoria en el sector turístico de Mazatlán. Su ascenso en la administración pública fue notable, convirtiéndose en un rostro clave para la atracción de inversiones, hasta que el caso de Carlos Emilio, desaparecido en la madrugada del 5 de octubre de 2025, alteró radicalmente su carrera política y lo obligó a separarse de su cargo para enfrentar la situación. A casi un año de los hechos, el paradero de Carlos Emilio sigue siendo una incógnita. Las autoridades estatales informaron en su momento que las cámaras de seguridad captaron al joven saliendo del establecimiento acompañado por dos hombres, sin que se observaran armas o forcejeos. Sin embargo, en septiembre de 2026, su familia continúa exigiendo respuestas, evidenciando una herida abierta que el sistema de justicia no ha logrado cerrar. Aunque Velarde, no forma parte del listado de 10 funcionarios del gobierno de Rocha Moya señalados por EU, sí renunció a su cargo tras la polémica del caso Carlos Emilio./ Foto: Facebook. Enrique Inzunza y las acusaciones de Estados Unidos Por otro lado, la crisis política en Sinaloa y nacionalmente escaló a una dimensión internacional el 29 de abril de 2026, cuando fiscales estadounidenses acusaron a Rocha Moya y a otros nueve excolaboradores de presuntos nexos con el crimen organizado. Entre los señalados se encuentran figuras de peso nacional como el senador Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil y diversos exmandos policiales, quienes enfrentan cargos por conspiración y delitos vinculados con armas. El caso de Enrique Inzunza resulta particularmente relevante debido a su posición en el Senado y su pasado como secretario general de Gobierno. Tras comparecer ante la FGR en mayo de 2026 y rechazar las acusaciones, el legislador reapareció públicamente en el Senado a finales de agosto, generando un intenso debate político sobre la prudencia de su retorno mientras las investigaciones mexicanas continúan abiertas. Entre los señalados del gobierno de Rocha Moya por EU se encuentran figuras de peso nacional como el senador Enrique Inzunza Cázarez./ Foto: Facebook. En el ámbito nacional, la FGR ha mantenido un estándar jurídico distinto al estadounidense. Aunque la dependencia recibió las solicitudes de detención con fines de extradición, en julio aclaró que aún no contaba con el parámetro probatorio requerido por la legislación mexicana para proceder, manteniendo el expediente en una fase de integración y análisis de entrevistas ministeriales. El asesinato de Cuén Ojeda y el factor Fausto Corrales A esta telaraña se suma una tercera ruta de investigación protagonizada por Fausto Ernesto Corrales Rodríguez. Su nombre cobró notoriedad en las indagatorias sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda y el presunto secuestro de Ismael 'El Mayo' Zambada, ocurridos en julio de 2024 en Culiacán, hechos por los cuales fue vinculado a proceso en agosto de 2026 bajo los cargos de encubrimiento y falsedad de declaraciones. Los expedientes de Velarde, Inzunza y Corrales no constituyen una sola causa penal ni pueden agruparse bajo una misma acusación. No obstante, el hilo conductor que los entrelaza es el tenso contexto político de Sinaloa y la proximidad histórica de estos actores con las estructuras de poder vinculadas a la actual administración estatal. Cabe recordar también el polémico regreso de Rocha Moya a su cargo como gobernador tras 112 días de licencia. Este retorno duró solamente 33 horas en las que el político recibió la desaprobación de sus compañeros de partido y de la propia presidenta de México. Por lo anterior, Rubén Rocha optó por pedir licencia de nuevo. Más allá de la disputa institucional, estos casos conllevan profundas consecuencias humanas y sociales. La sociedad y las víctimas de la violencia, como la familia de Carlos Emilio, han protagonizado marchas para pedir claridad sobre los hechos, así como imparcialidad. Ahora se suma la polémica por la investigación de la UIF sobre las cuentas del exsecretario de Economía de Sinaloa, Ricardo 'Pity' Velarde.