Suman 111 funcionarios detenidos por presuntos nexos criminales: Harfuch

Ciudad de México.- Un total de 111 servidores públicos han sido detenidos durante el actual Gobierno federal por su probable relación con organizaciones delictivas, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. El funcionario señaló que entre las personas capturadas se encuentran autoridades municipales, integrantes de corporaciones de seguridad y exservidores públicos presuntamente involucrados en esquemas de protección, extorsión, secuestro y robo de transporte de carga. Las detenciones forman parte de diversas investigaciones y operativos coordinados por instituciones federales y estatales para identificar redes de colaboración entre funcionarios y grupos criminales. García Harfuch destacó los resultados del Operativo Enjambre, estrategia que comenzó en el Estado de México y posteriormente se extendió a otras entidades. Estas acciones han derivado en la captura de alcaldes, mandos policiales y funcionarios señalados por supuestamente facilitar las actividades de organizaciones delictivas desde instituciones públicas. El secretario de Seguridad aseguró que las investigaciones continuarán sin importar el cargo, nivel de gobierno o afiliación política de las personas involucradas. Entre las acciones recientes se encuentra un operativo desarrollado en Puebla, donde fueron detenidas nueve personas, incluido Isaac Rodríguez Ochoa, presidente municipal de Esperanza. Las autoridades realizaron 23 cateos como parte de una investigación contra una célula conocida como 'Los Zúñiga', presuntamente dedicada al robo de transporte de carga, extorsión y secuestro en la carretera Puebla-Veracruz. Durante los despliegues fueron aseguradas 35 armas de fuego, 52 cargadores, vehículos, equipo táctico, un dron y un inhibidor de señal, además de localizarse una bodega donde supuestamente almacenaban mercancía robada. Las 111 personas contabilizadas fueron detenidas por su probable participación en diferentes delitos, pero corresponderá a los tribunales determinar su responsabilidad jurídica en cada caso. Las autoridades deberán presentar los datos de prueba ante los jueces y garantizar el debido proceso de los investigados. Se presume su inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial. Información basada en la publicación de La Jornada y reportes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.See author's postsSuscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico. Escribe tu correo electrónico… Suscribirse