Caos e incertidumbre en el CEIP Virgen de la Puerta a 48 horas del inicio del curso escolar

A menos de 48 horas para que el timbre vuelva a sonar en las aulas oriolanas, el CEIP Virgen de la Puerta se ha convertido en el epicentro de un enredo institucional. Más de trescientas familias, la indignación docente y un choque frontal entre administraciones. La orden de clausura dictada por la Conselleria de Educación por deficiencias estructurales en el inmueble ha dinamitado la víspera del inicio de curso, destapando un escenario de caos logístico frente al que el Ayuntamiento de Orihuela opone un mensaje de tranquilidad basado en las actuaciones de emergencia acometidas este verano. La tensión ha estallado a media tarde de hoy, 7 de septiembre. Los medios de comunicación de la comarca han sido convocados tras anunciarse la llegada de que la inspectora de educación acudiría a las 17:00 horas al centro para reunirse con el equipo docente y los padres. Ante la gravedad de las informaciones recibidas a lo largo de la mañana sobre la clausura inminente del recinto, el sindicato STEPV ha convocado a la prensa a las puertas del colegio para trasladar de primera mano la situación crítica y exigir explicaciones públicas antes de que las familias entrasen a la reunión. Las exigencias de Conselleria frente a la respuesta municipal Según han transmitido desde la comunidad educativa, la Conselleria de Educación ya había fijado previamente las pautas a seguir para poder mantener la actividad en el recinto, condicionando la apertura a la realización de unas actuaciones técnicas urgentes y a la subsanación de las deficiencias estructurales más graves antes del comienzo del curso escolar. Sin embargo, la situación ha dado un giro radical tras conocerse que la propia Secretaría de Educación dictó una instrucción notificando formalmente que el CEIP Virgen de la Puerta debía permanecer cerrado a todos los efectos desde el pasado 1 de septiembre, un dictamen que activó la orden de redistribución exprés del alumnado hacia los centros de Molins y La Campaneta al considerar que el edificio no reunía las condiciones de seguridad necesarias. Frente a este escenario de clausura sobrevenido, el Ayuntamiento de Orihuela sostiene una postura sensiblemente contrapuesta y defiende que el colegio es perfectamente susceptible de acoger de forma provisional tanto al alumnado como al equipo docente. Desde el gobierno local argumentan que las intervenciones de consolidación ejecutadas durante las últimas semanas por las brigadas municipales permiten avalar la habitabilidad temporal del inmueble, a la espera de un informe técnico definitivo y mientras se concreta el traslado a las aulas modulares proyectadas. De la inspección del INVASAT al parcheo veraniego El deterioro del colegio no es una sorpresa de última hora, sino el desenlace de una crónica anunciada. Según recordó Marta Tafalla Ramón, representante del sindicato STEPV en la Vega Baja, fue la propia organización la que solicitó meses atrás la intervención del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud Laboral (INVASAT). El informe resultante, emitido a principios de febrero, fue tajante. En ella, se explica que las condiciones de los elementos de sujeción no eran las adecuadas y la envergadura de los daños aconsejaba la demolición y reconstrucción íntegra del complejo antes que un arreglo superficial. «Nos encontramos con que a los trabajadores se les ha hecho acudir desde el 1 de septiembre a un centro que debía estar cerrado, jugándose la integridad física sin que nadie se lo notificase», denunció Tafalla. La portavoz de STEPV censuró que el Consistorio pretenda arrancar el curso tras haber «pintado simplemente algunas de las rajas en los pilares», sin ejecutar obras estructurales de gran calibre. 300 alumnos en vilo, sin bus ni comedor garantizados La alternativa planteada a la desesperada por la Conselleria contempla disgregar a los 302 escolares del Virgen de la Puerta en dos centros de pedanías cercanas. Infantil y primer curso de Primaria recaerían en Molins, mientras que de segundo a sexto de Primaria serían derivados a La Campaneta. A la falta de un contrato formalizado de transporte escolar para articular los desplazamientos entre pedanías se suma un problema de mayor, el servicio de comedor. Con más de un 95% del alumnado con beca completa, según Marta Tafalla, supone que ñas escuelas receptoras, de infraestructura modesta, carecen hoy por hoy de capacidad para asumir semejante volumen de comensales. Para las familias, muchas sin vehículo propio o con incompatibilidades laborales, la medida supone un quebradero de cabeza que amenaza la conciliación. La alteración de las condiciones laborales La marejada también alcanza de lleno al cuerpo docente. Profesores del centro mostraron su enfado tras salir de una tensa reunión con el alcalde y el equipo directivo. Alicia Delicado Sanz, profesora de Música, visibilizó el malestar de una plantilla a la que se le exige de la noche a la mañana asumir plazas itinerantes entre varios colegios para poder impartir sus asignaturas. «Nuestras credenciales oficiales dicen que nuestro puesto de trabajo está en este centro en Orihuela. Ahora nos encontramos con que tenemos que desplazarnos de un pueblo a otro según el horario, modificando las condiciones de nuestro contrato sin notificación previa y tras llevar una semana trabajando en un edificio que, según la firma de los arquitectos, no garantiza nuestra seguridad», recriminó Delicado. El Ayuntamiento apela a los informes municipales y al plan de aulas modulares En el reverso de la moneda, el equipo de gobierno oriolano defiende con vehemencia la gestión realizada y niega la inacción. El edil de Educación, Vicente Pina, argumentó que el Consistorio ha actuado «en tiempo y forma», encargando estudios técnicos e intentando habilitar parcelas para instalar aulas prefabricadas provisionales, un plan que se truncó el pasado 15 de julio cuando la propiedad privada de los terrenos rechazó la cesión. A partir de ese revés, la concejalía de Urbanismo introdujo a las brigadas municipales en el centro durante todo el mes de agosto. El titular del área, Matías Ruiz, detalló que se han saneado armaduras expuestas y se han reforzado pilares fisurados empleando materiales de alta resistencia. «Esas actuaciones salvaguardan la seguridad de las personas. Dos técnicos municipales supervisan los trabajos a última hora de hoy para emitir el informe formal que garantice la estancia temporal de los niños», aseveró Ruiz. El alcalde, Pepe Vegara, quiso enfatizar que la permanencia en la actual sede será, en todo caso, un tránsito inevitable de unos seis meses. El Ayuntamiento ya ha aprobado en pleno el crédito para adquirir los terrenos del barrio de San Isidro donde se ubicarán finalmente los módulos prefabricados, paso previo a la demolición definitiva del edificio, y a la construcción de un nuevo colegio.