En plena crisis de la vivienda, con el precio disparado en buena parte del país, Adelante Andalucía ha puesto en su diana las conocidas como indemnizaciones por vivienda y alojamiento que abona la Junta de Andalucía a sus altos cargos. La formación de izquierdas ... que lidera el diputado José Ignacio García ha registrado una proposición de ley en el Parlamento con un objetivo: dejar de pagar una «casa gratis» a miembros del Gobierno andaluz. La iniciativa persigue eliminar las partidas presupuestarias que sufragan los gastos de alquiler de numerosos responsables políticos de la Administración y que contrastan con las dificultades que sufre el grueso de la población.
Para acabar con lo que considera un privilegio institucional, el texto de la propuesta plantea una modificación de la Ley 3/2005, de 8 de abril, normativa reguladora de las incompatibilidades y retribuciones del personal alto cargo de la administración de la Junta de Andalucía. En una atención a medios en la Cámara autonómica, el portavoz del grupo, José Ignacio García, flanqueado por varios diputados de su formación, ha desgranado los motivos económicos y sociales que justifican esta ofensiva parlamentaria contra unas compensaciones que consideran un despropósito.
Según los datos aportados por Adelante Andalucía en una nota de prensa, las arcas públicas destinan un montante que ronda el millón y medio de euros de presupuesto anual a estas indemnizaciones. Los impulsores de la reforma tildan esta cantidad de «elevada cifra», un gasto que ve desfasado. Dicha estimación, alertan desde la formación, no tiene en cuenta el incremento del número de altos cargos que ha tenido lugar con el nuevo Gobierno andaluz de coalición de PP y Vox. Más altos cargos de la Junta
La actual administración ha elevado a 314 la cifra de altos cargos en 2026, lo que supone trece puestos de responsabilidad más que en la legislatura anterior, señalan en Adelante Andalucía. «Los que no querían paguitas resulta que son el Gobierno con más altos cargos de la historia, y estos altos cargos tienen el privilegio de tener casas gratis», ha ironizado José Ignacio García.
El problema no radica solo en la cantidad de beneficiarios, sino en su creciente partida. Desde el grupo avisan de que el tope individual de estas compensaciones se ha ido incrementando desde su creación en el año 2000, una dinámica que implica un previsible aumento del gasto en los próximos años si no se aplica un freno legislativo. Considerando la ampliación de altos cargos y la subida de las cuotas máximas, el grupo andalucista de izquierdas estima que el ahorro presupuestario anual derivado de la eliminación de estas ayudas podría elevarse hasta 1,8 millones de euros.
El debate legislativo reaviva algunas contradicciones en la hemeroteca política andaluza. Durante los años en los que el Partido Popular lideraba la oposición, sus dirigentes criticaron con dureza estas mismas indemnizaciones mensuales por vivienda destinadas a pagar el alquiler a los altos cargos autonómicos del PSOE. Sin embargo, el panorama cambió por completo tras el aterrizaje de los populares en San Telmo por primera vez en enero de 2019, tras un pacto de gobierno con Ciudadanos y bajo el apoyo externo de Vox. Los nuevos inquilinos de la Junta decidieron mantener intactas las denostadas ayudas. Cambio de discurso en el Ejecutivo
«Si esas ayudas están establecidas [por ley] no hay que hablar más de ellas», se excusó en 2019 el entonces vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín. El dirigente de Ciudadanos llegó a señalar que cuestionar estas prerrogativas era practicar «demagogia». Desde el ala popular del Ejecutivo, el entonces consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, rechazó de plano eliminar las indemnizaciones para vivienda, limitando su autocrítica a pedir «la máxima moderación» en su aplicación.
Frente a ese historial, Adelante Andalucía defiende la «relevancia» de eliminar esta sobrefinanciación de la clase dirigente, sobre todo al considerar la crisis de vivienda y el alto coste de los alquileres. García ha llamado la atención sobre la brecha que separa a los gobernantes de los ciudadanos de a pie. «Mientras los andaluces y andaluzas estamos sufriendo una crisis de vivienda brutal -no se puede pagar el alquiler ni la hipoteca, la gente está asfixiadísima-, los altos cargos del PP y Vox, después de salarios altísimos y de dietas, tienen hasta 2.000 euros al mes para una casa gratis», ha relatado el portavoz. A vueltas con «la paguita»
«Cuando se le da una ayuda a una mujer víctima de violencia machista, es una paguita», ha ironizado García ante los micrófonos. «Cuando alguien está cobrando el Ingreso Mínimo Vital, es una paguita. Cuando alguien cobra una beca para estudiar, es una paguita. Pero los altos cargos del PP y Vox, que cobran hasta 2.000 euros al mes para tener casa gratis, además del salario y de las dietas, eso no es una paguita, ¿verdad? Pues, señores de Vox, señores del Partido Popular, esta paguita hay que eliminarla», ha sentenciado.
La presentación de esta proposición de ley fuerza al resto de formaciones a retratarse. Desde las filas de Adelante subrayan que tanto el PP como Vox tendrán que adoptar una posición pública y debatir esta ley. «Van a tener que votar en el Parlamento y se va a ver la verdadera cara de Vox y del Partido Popular», ha zanjado el portavoz.
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