10 propuestas del ICAM ante la apertura del año judicial

El Colegio remite al Gobierno y a los grupos parlamentarios un decálogo para corregir las disfunciones detectadas en las últimas reformas, mejorar el funcionamiento de los tribunales y reforzar el derecho de defensa Revisar los MASC obligatorios, garantizar el acceso al expediente judicial electrónico, reforzar los medios de la Justicia, reformar la asistencia jurídica gratuita y avanzar en conciliación y agosto inhábil figuran entre las prioridades Coincidiendo con la apertura del año judicial, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha trasladado al Gobierno y a los grupos parlamentarios un decálogo con diez propuestas prioritarias para mejorar el funcionamiento de la Justicia, reforzar las garantías de los ciudadanos y corregir algunos de los problemas que la abogacía está detectando en la aplicación práctica de las últimas reformas. El documento recoge iniciativas que el Colegio viene defendiendo ante los poderes públicos y las instituciones de Justicia y que reclama impulsar en el nuevo curso judicial. Las propuestas parten de la experiencia directa de los profesionales y de los estudios realizados por el ICAM sobre la aplicación de la Ley Orgánica 1/2025, el funcionamiento de la Justicia Digital y las dilaciones judiciales, junto con las reivindicaciones que el Colegio ha venido trasladando en ámbitos como la Justicia Gratuita, la conciliación, las consignaciones judiciales o la dotación de medios a juzgados y tribunales. 'En los últimos años se han sucedido reformas de enorme alcance y ha llegado el momento de evaluar con rigor sus efectos. La política de Justicia no puede medirse por el número de leyes aprobadas o de herramientas implantadas, sino por su capacidad para facilitar el acceso a los tribunales, reducir tiempos, ofrecer seguridad jurídica y garantizar plenamente el derecho de defensa', señala el decano del ICAM, Eugenio Ribón. 'Con este decálogo queremos trasladar a los poderes públicos la experiencia que estamos recabando diariamente de la abogacía. Detrás de cada propuesta hay problemas concretos que están afectando a ciudadanos, empresas y profesionales y que, en muchos casos, tienen soluciones perfectamente abordables', añade. 1. Revisar la obligatoriedad de los MASC de la Ley Orgánica 1/2025 El ICAM sitúa entre sus principales prioridades la revisión de la configuración general de los medios adecuados de solución de controversias como requisito obligatorio para acceder a la jurisdicción. El estudio realizado por el Colegio entre 1.164 abogados y abogadas refleja un diagnóstico especialmente crítico: el 84% rechaza su obligatoriedad, únicamente el 10% de los intentos concluye en acuerdo, el 90% considera que los nuevos trámites ralentizan los procedimientos, el 50,7% ha encontrado dificultades para acreditar el intento negociador y el 71% detecta criterios judiciales dispares. La valoración media de la regulación es de 1,6 sobre 10. 'El ICAM no cuestiona el valor de la negociación, la mediación o la conciliación, sino su imposición general como requisito de procedibilidad y las consecuencias que puede tener sobre el derecho de acceso a la Justicia', explica el Decano del ICAM. 'Una caída del número de demandas no puede interpretarse automáticamente como un indicador de éxito. Hay que conocer si los conflictos se están resolviendo mejor o si, por el contrario, existen ciudadanos que encuentran nuevas dificultades para acceder a los tribunales', advierte Ribón. El Colegio ha planteado al Gobierno y a los grupos parlamentarios dudas sobre su compatibilidad con el artículo 24 de la Constitución y ha reclamado una revisión urgente, con especial atención a determinados procedimientos de familia con menores y a los conflictos transfronterizos. Para la Vicedecana Isabel Winkels, y abogada de referencia en Derecho de familia: 'imponer obligatoriamente los MASC en un ámbito tan especializado y donde el acuerdo ya es mayoritario 'no solo es innecesario, sino contraproducente'. 2. Evaluar la implantación de los Tribunales de Instancia El Colegio reclama que el balance de la Ley Orgánica 1/2025 no se limite a los MASC y que se someta también a evaluación la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia. El ICAM considera necesario analizar su impacto efectivo sobre los tiempos de respuesta, la organización de los órganos judiciales y la seguridad jurídica, así como corregir las disfunciones e incidencias que se detecten durante su despliegue. Para el Colegio, una reforma de esta magnitud requiere seguimiento continuado, criterios homogéneos y capacidad para rectificar cuando la experiencia práctica ponga de manifiesto problemas no previstos. 3. Garantizar una Justicia Digital eficaz y con participación de la abogacía El ICAM reclama que la transformación digital de la Justicia se evalúe a partir de su funcionamiento real y de su impacto sobre el derecho de defensa. El I Estudio ICAM sobre Justicia Digital, elaborado a partir de 1.373 respuestas, y presentado este verano, muestra que el 46,9% de los profesionales está insatisfecho o muy insatisfecho con su funcionamiento y que seis de cada diez consideran que la digitalización apenas agiliza los procedimientos o incluso los dificulta. Especialmente significativo es el Expediente Judicial Electrónico: el 59,4% declara problemas frecuentes o muy frecuentes para acceder al expediente completo, ordenado y con suficiente antelación. Si se incluyen las incidencias ocasionales, la cifra se aproxima a nueve de cada diez profesionales. El Colegio reclama acceso íntegro a expedientes y grabaciones, mayor interoperabilidad entre sistemas, protección de la confidencialidad abogado-cliente y mecanismos eficaces para responder a fallos tecnológicos que puedan afectar a plazos o actuaciones procesales. 'En Justicia, un problema tecnológico puede convertirse inmediatamente en un problema jurídico. Si un abogado no puede acceder a una grabación o a un documento imprescindible para preparar un recurso, lo que está en juego no es la calidad de una plataforma, sino el derecho de defensa', señala el Decano. Además, se debe incorporar a la abogacía al diseño de la Justicia Digital y de la IA: el 95,4% de los profesionales encuestados por el ICAM considera necesaria una mayor participación de la abogacía en el diseño, evaluación y mejora de la Justicia Digital. El Colegio propone institucionalizar esa participación para que quienes utilizan diariamente los sistemas puedan contribuir a detectar problemas antes de que las herramientas estén plenamente implantadas. 'La participación de los profesionales no debe producirse cuando una herramienta ya está implantada y los problemas han llegado a los procedimientos. Escuchar desde el principio permite diseñar mejores políticas públicas', afirma Ribón. 4. Garantizar una pasarela al RETA efectiva, segura y transparente Tras la aprobación de la pasarela voluntaria al RETA, el ICAM reclama que su desarrollo reglamentario se produzca con agilidad y garantice una aplicación efectiva, homogénea y jurídicamente segura. El Colegio considera especialmente importante que el reglamento no introduzca nuevas exclusiones o desigualdades y que los profesionales afectados dispongan de información individualizada, clara y completa sobre sus derechos acumulados, los cálculos aplicables y las consecuencias económicas y previsionales de la transferencia. Para el ICAM, la aprobación de la norma constituye un paso decisivo, pero su efectividad dependerá ahora de cómo se concrete su desarrollo. El objetivo debe ser que cada mutualista pueda adoptar una decisión plenamente informada, con transparencia, seguridad jurídica y garantías suficientes. 5. Reformar integralmente la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita Coincidiendo con el 30.° aniversario de la Ley 1/1996, el ICAM reclama una reforma profunda de un sistema esencial para garantizar el acceso a la Justicia de las personas con menos recursos. El Colegio propone garantizar el pago de todas las actuaciones efectivamente realizadas, incorporar las que actualmente no reciben remuneración, establecer mecanismos periódicos y estables de actualización de baremos, revisar los umbrales económicos de acceso y ampliar determinados supuestos de cobertura. El ICAM ha defendido asimismo la revisión de la referencia al IPREM y la elaboración de un Estatuto de la Abogacía de Oficio que refuerce los derechos y garantías de los profesionales que prestan el servicio. 'La Justicia Gratuita es un derecho del ciudadano y una obligación del Estado. Su sostenibilidad no puede depender de que los abogados asuman actuaciones necesarias que posteriormente no son retribuidas', señala el Decano. 6. Actuaciones urgentes ante las dilaciones y retrasos y recuperar los juzgados de refuerzo ante el colapso de la jurisdicción social En lo relativo a los medios y organización de la Justicia, el Colegio reclama prestar una mayor atención a un problema que afecta diariamente a profesionales y ciudadanos: los retrasos, suspensiones y esperas ante los órganos judiciales. En sus informes, el ICAM ha planteado sistemas digitales de información en tiempo real sobre la previsión de inicio de las actuaciones y una agenda de señalamientos viva, actualizada y accesible, junto con la revisión de los recursos disponibles en los órganos que acumulan mayores demoras. 'Hay mejoras de la Justicia que no requieren una nueva ley. Informar adecuadamente sobre el retraso de una vista evita horas de espera a ciudadanos, abogados, testigos, peritos y empresas. También esto es eficiencia y también esto es modernización', afirma Ribón. En cuanto a las dilaciones, el ICAM llama la atención, de manera particular, sobre la situación de colapso en la jurisdicción social y reclama la adopción urgente de medidas de refuerzo para afrontar unos tiempos de respuesta que, en determinados órganos, han dejado de ser compatibles con una tutela judicial verdaderamente efectiva. El Colegio viene alertando desde hace años de la falta de medios y de las dilaciones que padecen los Juzgados de lo Social. La situación resulta especialmente preocupante en procedimientos en los que el transcurso del tiempo puede vaciar de contenido la propia resolución judicial, como los relativos a incapacidad permanente, prestaciones de Seguridad Social, despidos o derechos laborales básicos. Señalamientos fijados a varios años vista no pueden asumirse como una consecuencia ordinaria de la carga de trabajo. Por ello, el ICAM reclama recuperar y reforzar las medidas extraordinarias de apoyo en la jurisdicción social, incrementar los medios personales allí donde las cargas de trabajo lo exijan y establecer planes específicos para los órganos que presentan mayores tiempos de respuesta. 'Hay procedimientos en los que una sentencia que llega varios años después puede haber perdido buena parte de su capacidad para proteger al ciudadano. En la jurisdicción social hablamos muchas veces de salud, subsistencia, empleo y prestaciones esenciales. No podemos normalizar señalamientos a tres o cuatro años vista. Cuando la respuesta judicial llega tan tarde, debemos preguntarnos si el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido por la Constitución está siendo realmente efectivo', señala el decano del ICAM, Eugenio Ribón. 7. Reforzar los medios de la Justicia y preservar la independencia judicial El ICAM reclama situar la dotación de medios humanos, tecnológicos y organizativos entre las principales prioridades del nuevo curso. El Colegio viene defendiendo el refuerzo de las plantillas de jueces, letrados de la Administración de Justicia y personal allí donde las cargas de trabajo lo exijan; mejores infraestructuras tecnológicas; una atención prioritaria a los órganos que acumulan mayores retrasos; el fortalecimiento de los equipos psicosociales y una mejor coordinación entre los distintos servicios judiciales. Estas medidas deben ir acompañadas de una defensa inequívoca de la independencia judicial y de la separación de poderes, que el ICAM considera garantías de todos los ciudadanos y no prerrogativas de quienes ejercen la función jurisdiccional. 'Debemos preservar la independencia de nuestros tribunales y, al mismo tiempo, proporcionarles los medios que necesitan para cumplir adecuadamente su función. Ambas exigencias forman parte de una misma idea de calidad institucional', sostiene el Decano. 8. Hacer efectivo el derecho a la conciliación de la abogacía El ICAM reclama consolidar un verdadero derecho a la conciliación en el ejercicio profesional. El Colegio lleva años defendiendo mecanismos efectivos para suspender vistas, procedimientos y plazos en situaciones de enfermedad, nacimiento, hospitalización, fallecimiento u otras causas de fuerza mayor, así como el derecho a la desconexión y a disponer de un periodo anual libre de notificaciones. El ICAM ha valorado como un avance la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en 2026 al reconocer que la denegación injustificada de la suspensión de una vista por enfermedad acreditada del abogado puede comportar la nulidad de la actuación. 'La conciliación del abogado y el derecho de defensa del ciudadano no son intereses enfrentados. Proteger adecuadamente al profesional en situaciones graves significa también proteger al cliente que ha confiado en él su defensa', afirma Ribón. 9. Avanzar hacia un agosto realmente inhábil El Colegio reclama corregir las incoherencias que todavía existen en la regulación de agosto. El ICAM ha trasladado al Congreso una propuesta para ampliar su inhabilidad en la jurisdicción social, manteniendo las excepciones necesarias para los procedimientos urgentes, y otra iniciativa para declarar agosto inhábil a efectos de la interposición de determinados recursos administrativos, entre ellos los de alzada, reposición y determinados recursos en materia de contratación. Para el Colegio, la medida no responde a una reivindicación vacacional, sino a la necesidad de introducir mayor coherencia en el calendario procesal, garantizar la capacidad de defensa de los ciudadanos y permitir unas condiciones mínimas de conciliación. 10. Desbloquear las cantidades retenidas en las cuentas de consignación judicial El decálogo se completa con la propuesta del ICAM para agilizar la entrega de las cantidades depositadas en las cuentas de consignación judicial. Según los datos manejados por el Colegio, alrededor de 4.800 millones de euros permanecían inmovilizados en estas cuentas. El ICAM ha registrado en el Congreso una reforma para que los fondos reconocidos mediante resolución firme sean puestos a disposición de sus beneficiarios en un plazo razonable y para que las demoras no imputables a estos generen intereses compensatorios automáticos, sin necesidad de iniciar un nuevo procedimiento. La iniciativa plantea asimismo automatizar el cálculo de dichos intereses y reforzar la supervisión de la ejecución. 'Una persona o una empresa que ha esperado años para obtener una sentencia no debería afrontar después una nueva demora para recibir un dinero que ya le ha sido reconocido y se encuentra consignado. La ejecución forma parte inseparable de la tutela judicial efectiva', sostiene Ribón. Una agenda para evaluar, corregir y mejorar Con este decálogo, el ICAM plantea al Gobierno y a las fuerzas parlamentarias una agenda para el nuevo año judicial basada en tres grandes principios: evaluar las reformas por sus resultados, escuchar a quienes trabajan diariamente en la Justicia y reforzar las garantías del ciudadano y del derecho de defensa. 'La abogacía ofrece una perspectiva especialmente cercana a la realidad del sistema. Somos quienes debemos explicar al ciudadano por qué su procedimiento tarda, por qué debe superar un nuevo requisito antes de poder demandar, por qué no aparece un documento en el expediente electrónico o por qué una cantidad que un tribunal ya le ha reconocido todavía no ha llegado a su cuenta. Ese conocimiento debe aprovecharse', señala el Decano. 'La calidad de la Justicia no se mide por el número de reformas aprobadas. Se mide por la confianza que merece y por las respuestas reales que es capaz de ofrecer a ciudadanos y empresas cuando necesitan hacer valer sus derechos', concluye.