Fundar documenta las barreras que persisten para acceder al aborto seguro en México.
México ha avanzado en el reconocimiento del derecho a decidir, pero la despenalización del aborto no garantiza por sí misma que todas las mujeres puedan ejercerlo en condiciones seguras.
Un informe de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, documenta las barreras que persisten para acceder a servicios de aborto seguro y advierte que la distancia geográfica, los horarios restringidos, la falta de personal e insumos, el presupuesto insuficiente y el estigma social pueden convertir un derecho reconocido en la ley en un servicio difícil de alcanzar.
La investigación 'Voces por el derecho a decidir', recuperó las experiencias de 43 mujeres, principalmente habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México, para conocer los obstáculos que enfrentan al buscar atención y las condiciones que consideran necesarias para que el aborto sea seguro, acompañado y respetuoso de sus derechos.
Ya estamos en la presentación del informe 'Voces por el derecho a decidir'. Sigue la transmisión aquí 🔴 https://t.co/2tS8iYSS4N pic.twitter.com/jrmVmjbShM — Fundar (@FundarMexico) September 4, 2026
Hay más servicios, pero no necesariamente mayor acceso
El informe reconoce los avances registrados en los últimos años. Hasta agosto de 2026, 25 estados permiten el aborto voluntario hasta determinado número de semanas y los servicios públicos están obligados a proporcionarlo bajo las condiciones establecidas por la legislación y la política sanitaria.
Además, el número de Servicios de Aborto Seguro (SAS) pasó de 125 en mayo de 2024 a 405 en julio de 2026.
Sin embargo, Fundar advierte que el crecimiento de estos servicios todavía resulta insuficiente frente a la extensión territorial y las distintas condiciones sociales de las mujeres.
De los 405 servicios identificados, 172 corresponden al IMSS-Bienestar, 133 al ISSSTE, 54 al IMSS ordinario, 38 a las Secretarías Estatales de Salud y ocho a Pemex.
El problema no es únicamente cuántas unidades existen, sino dónde están y cuándo atienden.
El informe señala que 60 por ciento de los Servicios de Aborto Seguro ofrece atención exclusivamente de lunes a viernes, mientras que sólo 35 por ciento funciona todos los días. En cuanto a horarios, 35 por ciento opera únicamente en turno matutino, otro 35 por ciento en turnos matutino y vespertino y sólo 22 por ciento funciona en todos los turnos.
Para quienes viven lejos de las zonas urbanas donde suelen concentrarse estos servicios, conseguir atención puede implicar viajar durante horas, gastar en transporte, ausentarse del trabajo o resolver quién se hará cargo de otras responsabilidades de cuidado.
En algunos casos, conseguir un turno requiere incluso salir de madrugada y, si no se alcanza un lugar, regresar otro día, lo que puede significar pagar nuevamente transporte u hospedaje.
Falta de medicamentos y personal
Las barreras tampoco terminan al llegar a una clínica.
Los testimonios recopilados por Fundar refieren falta de medicamentos e insumos, entre ellos misoprostol y mifepristona, así como materiales para procedimientos de aspiración manual endouterina.
La consecuencia es una contradicción: aunque el aborto legal es un servicio público y gratuito, cuando el sistema no cuenta con los recursos necesarios, parte del costo puede trasladarse a las usuarias.
A esto se suman instalaciones insuficientes y falta de personal médico que no sea objetor de conciencia.
El informe recuerda que, de acuerdo con el marco establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la NOM-046 y el Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro en México, la objeción de conciencia no puede convertirse en un mecanismo para negar o retrasar la atención. Las instituciones deben contar con personal suficiente que pueda brindar el servicio.
El estigma también es una barrera para abortar
Las dificultades no son únicamente económicas o administrativas.
Las mujeres entrevistadas identificaron juicios, malos tratos y cuestionamientos sobre su decisión dentro de los propios servicios de salud. También señalaron la presencia de grupos contrarios al derecho a decidir en las inmediaciones de algunas clínicas, donde buscan disuadir o intimidar a quienes acuden a solicitar atención.
Para Fundar, estas prácticas reproducen el estigma alrededor del aborto incluso después de los avances legales.
La investigación encontró que muchas de las mujeres entrevistadas valoran especialmente la posibilidad de contar con acompañamiento durante el proceso y recibir atención de personal capacitado, sensible y respetuoso de su autonomía.
De hecho, la opción más mencionada como espacio preferido para abortar fue el hogar, principalmente porque permite estar acompañada por personas de confianza y evitar juicios o estigmas. Esta preferencia también está relacionada con las dificultades para acceder a los servicios públicos.
Las entrevistadas plantearon incluso que el Estado podría fortalecer alternativas de atención en casa mediante medicamentos proporcionados gratuitamente, asesoría médica y herramientas de telemedicina.
Un derecho que necesita presupuesto para hacerse realidad
Otro de los problemas señalados por Fundar es el financiamiento.
Entre 2020 y 2025, el componente de aborto seguro del Ramo 12 acumuló 272 millones de pesos, pero los recursos fueron fluctuantes. El mayor monto se registró en 2025, con 91.46 millones de pesos, mientras que en 2024 descendió a 14.54 millones.
El organismo señala además que actualmente no es posible conocer cuánto destinan específicamente instituciones como IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, ISSFAM y Pemex a los servicios de aborto seguro.
Esta falta de información, sostiene, dificulta la trazabilidad del gasto y la rendición de cuentas sobre los recursos destinados a garantizar el derecho.
¿Qué propone Fundar?
A partir de las experiencias recogidas, el informe plantea ampliar y descentralizar la red de Servicios de Aborto Seguro, extender días y horarios de atención y garantizar personal no objetor de conciencia en todos los turnos.
También propone asegurar medicamentos, insumos, infraestructura y presupuesto suficiente; capacitar de manera permanente al personal de salud en atención del aborto seguro y garantizar información clara, oportuna y accesible.
La organización plantea además que la atención incorpore perspectivas de derechos humanos, género, interculturalidad e interseccionalidad, considerando las distintas necesidades de mujeres jóvenes, indígenas, rurales, afromexicanas, con discapacidad y otras poblaciones que enfrentan barreras adicionales.
El mensaje central de la investigación es que la existencia de un derecho en la legislación no garantiza automáticamente su ejercicio.
En el caso del aborto seguro, las experiencias recogidas por Fundar muestran que para que el derecho a decidir sea efectivo se requieren servicios disponibles y cercanos, atención oportuna, medicamentos e insumos suficientes, información, confidencialidad y, sobre todo, una atención libre de violencia y estigma.
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