La Corte confirma máxima seguridad para el «Pastor» José Insfrán

La decisión tomada por los ministros María Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia desestimó las pretensiones impulsadas por el abogado defensor Nelson López. La representación del procesado argumentaba que la prisión preventiva superó el límite temporal previsto en la legislación procedimental, denunciando además un supuesto agravamiento ilegítimo de las condiciones de reclusión. La defensa sostenía que una evaluación técnica de junio de 2026 recomendó un régimen de media seguridad para el procesado, por lo que solicitaba su traslado del Módulo 8 de alta peligrosidad. Al analizar los fundamentos, los integrantes de la Sala Penal concluyeron que la medida cautelar decretada en noviembre de 2023 por el Juzgado de Garantías Especializado en Crimen Organizado responde a los parámetros legales y no constituye un acto arbitrario. Respecto al tiempo de reclusión y las penas mínimas contempladas por los hechos delictivos atribuidos en el requerimiento fiscal, los magistrados determinaron que la privación de libertad se mantiene ajustada a derecho dentro del proceso penal que se encuentra en etapa de juicio oral y público. En relación con los cuestionamientos sobre el régimen cerrado especial administrado en la Penitenciaría de Emboscada, la resolución de la Corte precisó que las clasificaciones administrativas y la evaluación de riesgos se rigen por la Resolución N.° 170 del Ministerio de Justicia. En ese sentido, el fallo remarcó que cualquier reclamo sobre la ubicación penitenciaria o el régimen de internación debe ser encauzado directamente ante la autoridad ejecutiva correspondiente y no mediante la vía constitucional del hábeas corpus. El procesado enfrenta el juzgamiento público junto a su hermano Miguel Ángel «Tío Rico» Insfrán, Conrado Insfrán y el exdiputado Juan Carlos Ozorio, en el marco del esquema desbaratado por el operativo A Ultranza Py en febrero de 2022. La acusación del Ministerio Público atribuye al encausado una presunta participación en maniobras de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Tras permanecer prófugo por más de un año y medio, el investigado se entregó a las autoridades en noviembre de 2023 y posteriormente fue derivado al establecimiento de máxima seguridad donde cumple la medida cautelar.