La entrada en vigencia de la nueva ley nacional de responsabilidad penal juvenil reabre el debate sobre la baja de imputabilidad a partir de los 14 años y exige la adaptación del Código Penal Juvenil de Mendoza. La jueza de Primer Juzgado Penal Juvenil, Natalia Navarro Bravo, aclaró que la norma no se limita únicamente a sancionar a los adolescentes, sino que introduce un marco integral de abordaje especializado.
Mendoza, una provincia con camino recorrido
Mendoza cuenta con antecedentes pioneros a través de la Ley 6354, aplicada desde el año 2000, con fueros, fiscales y defensores especializados. La magistrada explicó que la provincia ya venía interviniendo en hechos donde participaban menores no punibles mediante declaraciones informativas y el envío a dispositivos de protección. Sin embargo, la nueva legislación fija un catálogo de penas no privativas de la libertad —como trabajos comunitarios o reglas de conducta— y establece el internamiento como último recurso para delitos graves o reiterancias.
Por otro lado, Navarro Bravo puso el foco en una de las mayores falencias del sistema local: la escasez de médicos y psiquiatras forenses. Estos profesionales resultan indispensables para realizar los peritajes del artículo 34 y determinar si el menor comprende la criminalidad de sus actos. La magistrada remarcó la necesidad de destinar refuerzo presupuestario para garantizar la presencia de especialistas, evitando que la ley se convierta en una norma inaplicable.
(0)Comments