PP y Vox confunden integración con asimilación y eliminan el árabe de las aulas

La decisión del Gobierno de Aragón de suprimir desde este curso el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM) en los diez centros educativos donde se impartía constituye mucho más que la eliminación de una actividad extraescolar. La medida, incluida en el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox para garantizar la gobernabilidad de la comunidad, supone retirar un programa de cooperación educativa entre España y Marruecos que durante años ha permitido a alumnos de origen marroquí mantener el contacto con su lengua y su patrimonio cultural mientras desarrollan su vida escolar en España. El propio Ministerio de Educación define el programa como una herramienta destinada a favorecer la inclusión escolar y sociocultural, la educación intercultural y el respeto entre las diferentes culturas. La naturaleza política de la decisión resulta difícil de ocultar. El vicepresidente aragonés y dirigente de Vox, Alejandro Nolasco, no solo ha confirmado la supresión del programa, sino que la ha presentado abiertamente como un triunfo de su formación: «La supresión es una realidad gracias a que Vox está en el Gobierno». El mensaje que acompañó el anuncio fue todavía más revelador: «No a la islamización de Europa. Y no a la islamización de España». De este modo, lo que hasta ahora era un programa educativo y cultural enmarcado en la cooperación bilateral entre dos países pasa a convertirse, en el discurso de Vox, en un supuesto símbolo de una amenaza identitaria. El problema de este planteamiento es evidente: enseñar árabe y acercar a los alumnos a la cultura marroquí no equivale a islamizar las aulas. El programa oficial no es una iniciativa religiosa ni una herramienta de adoctrinamiento. Se trata de un programa lingüístico y cultural coordinado por el Ministerio de Educación español y personal de la Embajada de Marruecos, gestionado por las comunidades autónomas e impartido por profesorado funcionario marroquí. Sus objetivos incluyen precisamente la adquisición de competencias lingüísticas, el conocimiento de la cultura y la civilización marroquíes y la inclusión del alumnado de origen marroquí en el sistema educativo español y en la sociedad española. De hecho, el modelo aplicado en Aragón se desarrollaba fuera del horario lectivo obligatorio. Según el Centro Aragonés de Recursos para la Educación Inclusiva (CAREI), el programa se impartía en modalidad extraescolar, dos horas semanales, en centros que voluntariamente se incorporaban a la iniciativa. Es decir, no se trataba de sustituir contenidos del currículo español ni de imponer una enseñanza cultural a todo el alumnado, sino de ofrecer una posibilidad adicional a quienes querían mantener o reforzar el conocimiento de la lengua árabe y de la cultura marroquí. La realidad de los centros que acogían estas clases contrasta además con el discurso político utilizado para justificar su eliminación. En el colegio Tío Jorge de Zaragoza, por ejemplo, el programa permitía que alumnos de origen marroquí se reunieran después de las clases para trabajar el árabe y mantener un vínculo con una parte de su identidad familiar. Desde el propio centro se ha defendido que la actividad ayudaba a que los menores no perdieran su lengua y constituía un espacio de conexión con su cultura. Durante los últimos tres años, alrededor de 500 alumnos habrían pasado por el programa en Aragón, según los datos difundidos sobre su funcionamiento. La paradoja es que una formación que puede contribuir precisamente a una integración más sólida haya terminado siendo presentada como un obstáculo para ella. ¿Qué integración se pretende construir si para integrarse se exige a determinados niños renunciar a una parte de su lengua y de su patrimonio cultural? La integración no debería confundirse con la asimilación. Un alumno de origen marroquí puede aprender perfectamente el español, participar plenamente en la sociedad española y, al mismo tiempo, conservar el árabe, conocer la historia de su familia y mantener vínculos culturales con Marruecos. De hecho, dominar más de una lengua y desenvolverse entre distintas referencias culturales puede constituir una ventaja educativa y social, no una amenaza. La eliminación del PLACM resulta todavía más difícil de entender cuando se observa la trayectoria del programa. La iniciativa se desarrolla en España desde 1985 y se encuentra amparada por los acuerdos de cooperación cultural, educativa y deportiva suscritos entre los Gobiernos español y marroquí. Actualmente se desarrolla en diez comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, Cataluña, País Vasco, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja y Baleares, además de Aragón. Su continuidad en otras partes del territorio español demuestra que no se trata de una anomalía educativa aragonesa ni de una fórmula improvisada, sino de un instrumento de cooperación bilateral consolidado durante décadas. Por eso, la explicación política de Vox adquiere especial relevancia. La formación ya había reclamado la eliminación del programa en las Cortes de Aragón en noviembre de 2025 y posteriormente llevó la cuestión al Ayuntamiento de Zaragoza. La propuesta municipal para suspenderlo tampoco obtuvo el respaldo del resto de grupos. Finalmente, la entrada de Vox en el Gobierno autonómico permitió convertir aquella reivindicación en una decisión política efectiva. El propio Nolasco ha reconocido que la supresión responde a uno de los compromisos incluidos en el pacto de Gobierno con el PP. El Partido Popular, por su parte, asume una responsabilidad política directa al haber aceptado la eliminación como parte del acuerdo de gobernabilidad. Aunque la Consejería de Educación está dirigida por los populares y no por Vox, el pacto suscrito entre ambas formaciones estableció expresamente que el programa dejaría de impartirse a partir de septiembre de 2026. La cuestión, por tanto, no es únicamente qué pretende Vox, sino hasta dónde está dispuesto a llegar el PP para conservar su alianza de Gobierno y qué coste tiene esa estrategia para una comunidad educativa que hasta ahora contaba con una herramienta de cooperación cultural con Marruecos. Desde el Gobierno aragonés también se ha intentado justificar la decisión apelando a cuestiones administrativas y de seguridad relacionadas con la documentación del profesorado. Sin embargo, esa explicación resulta difícil de separar del contexto político en el que se produce la supresión: el acuerdo PP-Vox ya había establecido de antemano que el programa desaparecería en septiembre de 2026, y el vicepresidente de Vox ha celebrado públicamente su eliminación como el cumplimiento de una promesa electoral. La propia secuencia de los acontecimientos obliga, por tanto, a preguntarse hasta qué punto las razones administrativas constituyen la causa real de la decisión o simplemente el argumento utilizado para ejecutarla.