(SALTA).- La frágil paz interna de La Libertad Avanza (LLA) en Salta saltó por los aires. En un durísimo pronunciamiento público, la diputada nacional Eliana Bruno rompió el hermetismo y expuso las entrañas de una conducción partidaria a la que acusó de ejercer maltrato, censura institucional y un esquema opaco de financiamiento. Aunque desligó de la situación a la conducción nacional y al presidente Javier Milei, el dardo teledirigido al armador provincial del espacio, Alfredo Olmedo, sacude la estructura del liberalismo en el norte argentino.
El punto de mayor gravedad institucional de la misiva de Bruno reside en las denuncias sobre las exigencias económicas impuestas a los cuadros partidarios. La legisladora detalló los pormenores de una reunión denominada la «Cumbre de la Provincia de Salta», donde la cúpula local habría establecido la obligatoriedad de aportar un 5% de los sueldos de todo funcionario o colaborador que perciba más de $700.000, incluyendo a contratados en organismos nacionales como ANSES y PAMI.
«Si existe una obligación, ¿quién estableció ese piso, cómo se rinde, a qué se destina? Preguntar no es traicionar; exigir transparencia es una obligación», sentenció Bruno, revelando que a quienes cuestionaban estas directivas o se negaban a realizarlas se los tildaba sistemáticamente de «traidores».
Asimismo, la diputada por la ciudad de Orán lanzó una advertencia hacia el interior del partido de cara a las próximas contiguidades electorales, asegurando contar con pruebas de que la conducción busca postergar a la militancia territorial para priorizar a «gente con dinero que banque las campañas».
La disputa no solo es de caja; también es personal y territorial. Bruno, quien llegó a la banca tras integrar la lista legislativa de 2023 por invitación directa de Olmedo, recordó que su desembarco en la política se dio bajo un pacto de confianza familiar entre su padre y el referente del espacio.
Sin embargo, denunció que la conducción pretendió monopolizar el control de su estructura en la Cámara de Diputados, exigiéndole la cesión de tres de los cuatro cargos legislativos disponibles y dejando fuera a los dirigentes de su zona de origen en el norte provincial. «Se llegó a decir que le había 'sacado el pan de la boca' a personas de Salta Capital. ¿Y quién pensaba en el pan de la gente de Orán?», cuestionó la diputada, marcando una brecha histórica entre las decisiones capitalinas y las demandas del interior profundo.
El texto expone una dinámica de funcionamiento sectario donde el diálogo interinstitucional estaba explícitamente prohibido. Según la legisladora, desde la conducción provincial se bajaban directivas estrictas para no entablar contacto ni gestiones con autoridades del Gobierno Provincial o intendentes de otros signos políticos, perjudicando de manera directa la resolución de problemas comunitarios.
Uno de los episodios más reveladores narrados por Bruno ocurrió durante la visita de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a la localidad de Campo Quijano: «Personas pertenecientes a nuestro propio espacio provincial me dieron vuelta la cara. Paradójicamente, fui recibida con mayor cordialidad por funcionarios del oficialismo provincial. Saludar a un gobernador no es adherir políticamente, es educación e institucionalidad».
A este distanciamiento se sumaron —según sus palabras— agresiones sistemáticas, campañas de desprestigio («trabajo de hormiga»), marginación de eventos partidarios y la insólita práctica de «borrar de las fotos» a los dirigentes disidentes.
Lejos de anunciar su renuncia al bloque o un pase a la oposición, Bruno ratificó su alineamiento con los principios de Javier Milei, buscando diferenciar la doctrina nacional de la praxis política local: «¿Cómo podemos defender la libertad hacia afuera si hacia adentro pretendemos prohibir el diálogo o disciplinar al que piensa diferente? Mi diferencia es con una forma de conducción provincial, no con las ideas».
En el cierre de su carta, convocó a la dirigencia y militancia que se vio desplazada del espacio en los últimos meses a «volver tranquilos» para dar la batalla interna contra la política del «cheque en blanco».
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