Atentado contra Alma Rosa y la desprotección a buscadoras

'No lo esperábamos nosotros. Te juro que yo jamás esperaba una cosa de estas en contra mía…' Alma Rosa Rojo Medina contesta el teléfono desde un nuevo lugar. En los próximos días tendrá que salir de la ciudad, pero solo por un tiempo —insistió—, su hermano Miguel Ángel Rojo Medina continúa desaparecido y seguirá buscándolo. Su brazo izquierdo está herido: una bala lo perforó y el proyectil terminó incrustado en su espalda; le duele. La buscadora y fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida sufrió un ataque armado el pasado sábado 29 de agosto mientras viajaba con su hija y dos de sus nietas en la colonia Estela Ortiz de Toledo, en Culiacán, a pocas cuadras de su casa. A bordo de un Toyota Yaris, tomaron un camino de terracería rumbo a una papelería para recoger las playeras que el colectivo utilizaría durante la 'Velada por las Víctimas de Desaparición Forzada' en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Rojo Medina alertó a su hija, quien conducía, que un vehículo Mazda 2 que marchaba frente a ellas avanzaba con lentitud. Repentinamente, el automóvil dio una vuelta en U y paró la marcha, desde el asiento del copiloto, un joven sacó parte del cuerpo y comenzó a dispararles con un arma corta. No se acercó más, la intención —añadió Rojo Medina— era atacar y huir lo más rápido posible. En los primeros minutos, la noticia circuló entre un grupo de periodistas y paramédicos: tres menores con crisis nerviosa, uno con lesiones leves por vidrios y esquirlas, y una mujer herida. 'El ataque fue a una madre buscadora', se reportó. Minutos después, su propio colectivo confirmó que Rojo Medina había sido baleada y se encontraba en el hospital. El Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (IPPDDHyP) documenta que, de 2024 a agosto de 2026, un total de 68 madres buscadoras ha sufrido agresiones o amenazas vinculadas a su labor de búsqueda de personas desaparecidas. Asimismo, el organismo contabiliza 30 colectivos en activo a lo largo de la entidad, de los cuales 14 se ubican en la zona centro, 11 en el norte y cinco en la región sur. 'Las principales agresiones son amenazas, lesiones, privación de la libertad personal de familiares por realizar búsquedas, daños a viviendas, privación de la libertad personal de buscadora, extorsiones, amenazas con arma de fuego, actos de intimidación mediante persecución vehicular, actos de intimidación durante acciones de defensa de derechos humanos, amenazas a familiares con armas de fuego, disparo de arma de fuego a vehículo, divulgación no autorizada de datos personales en redes sociales y descalificación a la labor de defensa de derechos humanos', señalan. Rojo Medina precisó que en los últimos años no había recibido amenazas, aunque en el pasado sí enfrentó situaciones de riesgo durante sus labores de rastreo. Antes —detalló—, los grupos armados solían exigirles que abandonaran los predios donde realizaban búsquedas. Sin embargo, la activista enfatizó que la última vez que su colectivo vivió un incidente de ese tipo fue en 2017, y desde entonces no se habían topado con una hostilidad similar. 'Entonces, a mí me duele muchísimo esta situación. Fue muy inmediato. No lo esperábamos nosotros. Te juro que yo jamás esperaba una cosa de estas en contra mía. Yo no entiendo. Digo, ¿por qué si yo creo que yo no he hecho cosas malas? Yo siento que nunca he hecho daño. Así como para decir, yo merezco esto. No soy perfecta, pero jamás he hecho algún daño para merecer estas cosas', relató. Registro de casos Por su parte, la CEDH registra, de 2025 a septiembre de 2026, seis expedientes de queja por hechos violentos contra personas defensoras de derechos humanos, de los cuales tres corresponden a agresiones hacia madres buscadoras. En un primer caso se contabiliza el asesinato de Rubí Patricia Gómez Tagle en Mazatlán, integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, privada de la vida al interior de su domicilio por José Manuel 'N', quien habría utilizado un arma punzocortante. Un segundo expediente está catalogado como 'omisión', por no brindar medidas efectivas de protección a una madre buscadora de Culiacán. Finalmente, el tercer caso corresponde a la agresión contra Alma Rosa Rojo Medina. Fuera de los expedientes, se suma el caso de Elisa Altagracia Bonilla Carrillo, madre buscadora de 38 años, desaparecida el 27 de agosto de 2026 en Mazatlán. La activista busca a su hijo, Kevin Alexander Guerrero Bonilla, cuyo paradero se desconoce desde el 18 de octubre de 2025. 'En un contexto particularmente grave para las mujeres buscadoras en Sinaloa, la desaparición de Elisa no puede ser investigada como un hecho aislado, sino que debe considerarse su condición de madre buscadora, las acciones que realizaba para localizar a su hijo y los riesgos asociados a su labor de búsqueda', solicitó la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM). María de los Ángeles Valenzuela, una de las fundadoras del colectivo al que pertenecía Rubí Patricia, también fue privada de la libertad el 25 de octubre de 2025 en Mazatlán. Buscaba a su padre. La situación de Rojo Medina despierta preocupación. María Isabel, líder del colectivo Sabuesos Guerreras, advirtió sobre el impacto del hecho: 'Sí nos preocupa porque no nada más es un ataque a Alma Rosa, porque no sabemos si vayan a venir más ataques a quién. Entonces, sí estamos en riesgo, creo que todas las que tenemos un familiar desaparecido…'. El caso expone la vulnerabilidad con la que operan los colectivos y evidencia que los mecanismos institucionales de protección para sus integrantes continúan mostrando deficiencias. Tras el ataque, Rojo Medina subrayó que cuenta con resguardo por parte de la Policía Estatal, la Policía Municipal y la Defensa, y que la Comisión de Atención a Víctimas recibió órdenes directas de la presidenta Claudia Sheinbaum para brindar atención prioritaria a su familia. Artículo publicado el 06 de agosto de 2026 en la edición 1232 del semanario Ríodoce.