Hacienda y Economía ven "inaceptable" la falta de memoria económica del nuevo Estatuto Marco

El Proyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud inició esta semana su andadura parlamentaria tras ser registrado formalmente en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, la documentación técnica que acompaña al texto legal revela que la norma impulsada por el Ministerio de Sanidad no solo llega a las Cortes en medio del pulso con los sindicatos y las comunidades autónomas, sino también tras haber encajado serias objeciones financieras en el propio seno del Ejecutivo. Este periódico ha tenido acceso a la batería de observaciones e informes que acompañan al expediente normativo remitido a la Cámara Baja. En el texto constan los pronunciamientos de las Secretarías Generales Técnicas del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Ambos departamentos cuestionan con dureza la primera versión de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN) elaborada por el equipo de Mónica García, acusando al departamento proponente de incurrir en una falta de concreción presupuestaria que imposibilita evaluar las consecuencias reales de la reforma. El dictamen más contundente es el emitido por el Ministerio de Hacienda con fecha de 24 de julio de 2026, que tacha de "inaceptables" las justificaciones ofrecidas por Sanidad para no cuantificar el coste de personal que supondrá el nuevo Estatuto Marco. "Sin perjuicio de las precisiones de índole presupuestaria que se harán a distintos artículos a lo largo del presente informe, cabe señalar, con carácter general, que estas justificaciones no pueden aceptarse, ya que, por una parte, es el propio anteproyecto el que sienta las bases legales de un nuevo marco jurídico básico para el personal estatutario, del que se desprenden importantes consecuencias en los gastos de personal y en la organización de los servicios de salud y, por otra parte, la existencia de estructuras diversas en la organización y gestión de los recursos humanos y en las retribuciones complementarias de los distintos servicios de salud no debería ser obstáculo para que la MAIN incorpore una estimación precisa a partir de los datos actuales", dice textualmente el documento. TE PUEDE INTERESAR Mónica García se apaga entre la huelga de médicos y el caos en la única sanidad que gestiona POR Borja Negrete Según Hacienda, la propuesta incurre en una 'descuantificación completa' de las medidas, lo que representa un 'retroceso desde el punto de vista metodológico" en una norma con implicaciones directas en el régimen retributivo, la reorganización de jornadas y la plantilla de los servicios de salud de las comunidades autónomas. Hacienda recuerda que la diversidad de los modelos asistenciales o de los esquemas retributivos regionales "no debería ser obstáculo" para presentar una estimación rigurosa a partir de los datos actuales del Sistema Nacional de Salud. Además, advierte de que el texto de Sanidad plantea el esquema de financiación estatal en términos "genéricos y abiertos", sin precisar ni los instrumentos ni las cuantías concretas con las que el Estado prevé compensar a las autonomías cuando se incremente el gasto derivado de la norma. TE PUEDE INTERESAR Los médicos estudian la vía judicial contra el Estatuto Marco: "El Gobierno espera que nos cansemos y no vamos a parar" POR Andrea Muñoz Entre los puntos de mayor impacto económico no evaluados, el informe de Hacienda cita expresamente la reducción de la jornada laboral máxima, el régimen de pagas extraordinarias, la reclasificación profesional de categorías sanitarias e investigadoras y las modificaciones en materia de movilidad. 'No puede demorarse la cuantificación del incremento al posterior desarrollo, ya que es el propio anteproyecto el que establece la base legal para esa trascendental modificación', señala el escrito incorporado al expediente. En una línea similar, el informe emitido por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa el 29 de junio de 2026 constata que la memoria de Sanidad se limita a analizar las medidas con impacto presupuestario "sin cuantificarlo". Economía advierte explícitamente de que resulta "previsible la necesidad de modificaciones presupuestarias" por parte de las administraciones públicas, con especial incidencia en las finanzas de las comunidades autónomas, por lo que instó al departamento de Mónica García a incorporar al menos "cálculos aproximados" del coste de la reforma. Una memoria actualizada a las puertas del Consejo Aunque el expediente normativo remitido al Congreso certifica la entrada de estos dictámenes críticos, Sanidad procedió a actualizar la Memoria del Análisis de Impacto Normativo con fecha de 14 de agosto de 2026, fijando finalmente un impacto presupuestario de 249,5 millones de euros para el primer año de implantación y de 1.892,5 millones de euros en los primeros cinco ejercicios de aplicación. Fue tras este ajuste en la memoria cuando el texto obtuvo la luz verde definitiva del Consejo de Ministros en su reunión del 1 de septiembre de 2026, firmada por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para su tramitación en el Congreso. No obstante, el expediente oficial no incluye el dictamen del Consejo de Estado, al haber considerado Sanidad que no concurrían las circunstancias preceptivas para requerir su pronunciamiento. El debate se traslada ahora al ámbito parlamentario, donde el modelo de financiación del nuevo marco laboral sanitario promete ser uno de los principales escollos en la tramitación de la ley.