El DHS pretende identificar a votantes no ciudadanos en un cacería nacional

Bajo la iniciativa de Trump, cientos de agentes del Departamento de Seguridad Nacional buscan descentralizar el voto de no ciudadanos y exigen una verificación masiva que ha generado controversia y cuestionamientos de legalidad y ética. NUEVA YORK - cientos de agentes federales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han sido asignados a una intensa búsqueda de varias semanas destinada a localizar votantes no ciudadanos registrados en los padrones electorales de Estados Unidos, a pesar de la falta de pruebas de una fraude masivo, según documentos y videos de capacitación revisados por The New York Times. Los agentes están escudriñando la base de datos electoral que administran los estados y utilizando información personal identificable como fechas de nacimiento y partes de números de Seguro Social para rastrear posibles registros erróneos. En algunos casos, las autoridades se hacen pasar por votantes individuales ingresando su nombre e información personal en sitios públicos de registro de cada estado. Algunos de estos sitios, advertidos como de uso individual, plantean preocupaciones sobre la privacidad y la integridad de los datos. La operación, conocida internamente como la Iniciativa contra el Votante Ilegal, ha visto al DHS retirar a personal de tareas críticas, como la lucha contra la trata de personas y la investigación de terrorismo, para concentrarse en la verificación del registro. Una base de datos mantenida por la conservadora Heritage Foundation indicaba aproximadamente cien casos de voto de no ciudadanos en veinticinco años, mientras que un error informático en Nueva Jersey registró alrededor de 400 no ciudadanos, representando una fracción pequeña del electorado. Trump ha afirmado reiteradamente que el fraude electoral es una "epidemia", argumentando que cientos de miles de inmigrantes no ciudadanos se han registrado para votar o han emitido votos, aunque las cifras oficiales no lo confirman. El presidente ha utilizado estas afirmaciones para justificar restricciones de voto que busca que el Congreso apruebe y una orden ejecutiva que permanece detenida en los tribunales. De acuerdo con su argumento, exigir prueba de ciudadanía para registrarse beneficiaría a los republicanos. Este enfoque ha generado preocupación entre funcionarios electorales de ambos partidos y defensores de derecho al voto, que temen que la iniciativa sea un intento de interferir en las elecciones de mitad de mandato y de moldear el control del Congreso. Exfuncionarios del DHS, como Amanda Baran, han acusado al departamento de convertirse en un arma política, empleando métodos cuestionables para intimidar al electorado. El DHS respondió garantizando su compromiso con la integridad y la seguridad de las elecciones estadounidenses y la obligatoria participación solo de ciudadanos. Aunque la operación recaba datos de cientos de miles de votantes en todo el país, aún no está claro si estos coinciden con la afirmación del DHS de que decenas de miles de no ciudadanos están registrados en cuatro estados, una cifra que se ha demostrado exagerada. El equipo de investigación continúa buscando evidencia verificable del fraude, mientras que la narrativa de Trump sobre una "crisis de seguridad electoral" sigue alimentando dudas y desconfianza en el proceso electoral. Este esfuerzo plantea preguntas sobre la utilización de recursos federales, la protección de datos personales y la preservación de la confianza pública en el sistema democrático. Con las elecciones de mitad de mandato acercándose, el debate sobre la legitimidad del voto y la integridad electoral se intensifica mientras la operación continúa bajo el escrutinio de la prensa, legisladores y organizaciones civiles.