Instalar una mesa técnica: la respuesta de Defensoría ante reclamos por presos políticos

A una comisión de familiares y activistas de Clippve se les prometió que esa mesa técnica de la Defensoría del Pueblo se instalará a más tardar en 15 días y se atenderá de forma prioritaria la situación de presos políticos con graves patologías de salud, con pena cumplida y retardo procesal El compromiso de instalar una mesa técnica fue la respuesta que obtuvieron familiares y activistas del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) luego de reunirse con la defensora Eglée González Lobato y otros representantes de la Defensoría del Pueblo. Clippve inició este lunes 7 de septiembre la «Ruta de las Respuestas Pendientes». En esa primera parada, reclamaron al organismo que haga públicos los hallazgos de las inspecciones que han hecho en diversos recintos penitenciarios y que, además, presionen para ingresar a cárceles como El Rodeo I, que informen sobre la situación de salud de los presos políticos y acompañen la exigencia de libertades plenas e inmediatas que hacen los familiares y el propio comité. A una comisión de familiares y activistas de Clippve se les prometió que esa mesa técnica se instalará a más tardar en 15 días y se atenderá de forma prioritaria la situación de presos políticos con graves patologías de salud, con pena cumplida y retardo procesal. «Se publican fotos pero no hay una respuesta oportuna para la situación de salud y las libertades de nuestros familiares… Desde el mes de enero estamos esperando liberaciones y lo que encontramos, en el caso de los familiares del Rodeo I, fueron traslados arbitrarios, eso no es libertad. También estamos esperando la presencia de la Cruz Roja Internacional», expresó Hiowanka Ávila antes de reunirse con representantes de la Defensoría del Pueblo. Por otra parte, Ávila comentó que esperan tener una reunión con Dinorah Figuera y la delegación opositora que participa en el diálogo en las próximas semanas para plantearles sus exigencias y solicitar que se aceleren las excarcelaciones. *Lea también: Figuera expresa preocupación por traslados de El Rodeo y reitera compromiso con detenidos Según la defensora del pueblo, Eglée González Lobato, «todos los días» hay seguimiento de casos y además cuentan con una mesa operativa de seguimiento para recibir todas las denuncias, ver qué actuaciones ha hecho esta instancia o incluir casos nuevos de los cuales no tengan registros porque «muchos de ellos requieren ser articulados interinstitucionalmente. Eso lo vamos a revisar». Sobre los traslados arbitrarios de al menos 93 presos políticos que registró el Foro Penal la semana pasada, González Lobato dijo que «está supervisando, estamos encima de la protección de los derechos fundamentales». Por su parte, Ávila dijo que la defensora les indicó que «está haciendo la evaluación para ir a los centros de reclusión». Mientras, los familiares de los presos políticos afirmaron que se mantendrán en las calles con el reclamo de libertades plenas e inmediatas o, en su defecto, medidas humanitarias. Así lo expresó Miguel Ángel Brito, tío de Marcos Echeverri, una de las personas presuntamente vinculadas en el caso Plaza Venezuela. Brito denunció en la protesta que su sobrino fue incluido en la lista de trasladados desde El Rodeo I hasta la cárcel de La Planta. El traslado, explicó, no se ha consumado porque la semana pasada Echeverri fue operado de emergencia por hernias discales en su columna, que le ocasionaban intensos dolores que los custodios ignoraron. Actualmente, Echeverri se encuentra en la clínica Apascasio Mata, perteneciente al Ministerio de Interior y Justicia, aunque no han podido verlo desde hace cuatro días. «Mi hermana solicita ver a mi sobrino y la pelotean, le dicen que no ha llegado una orden o autorización. Estamos preocupados porque queremos saber en qué situación está mi sobrino». Afirmó que el único tratamiento que recibía Echeverri eran psicotrópicos «lo que le causó otra afectación de salud… Ahora estamos luchando contra la adicción a los psicotrópicos y la afectación de salud por la cual fue operado. El señor ministro (Julio García Zerpa) sale diciendo que es un caso menor cuando no es así». Brito exigió a las autoridades que «se acabe esta pesadilla» y le otorguen a Marcos la libertad o una medida humanitaria para que pueda ser cuidado por sus familiares. «¿Quién más que un familiar va a saber cuidar a los suyos, darles la mejor atención y se mejore?». Otra de las personas recluidas en El Rodeo I que necesita atención médica urgente es el general Héctor Hernández da Costa, condenado a 30 años de prisión por su presunta participación en el caso drones. Su esposa, Lili Barboza, resaltó que desde hace cinco años requiere cambiarse un dispositivo médico (amplatzer) debido a sus problemas coronarios, además de la patología de pie diabético que ha presentando. Asimismo, comentó que desde 2024 al general no se le ha hecho una revisión médica especializada. «Él sobrevive por los medicamentos que nosotros sus familiares le llevamos. No sabemos qué va a pasar, no sabemos si el Rodeo I seguirá siendo sitio de reclusión para las personas que allí quedan. Preguntamos y no saben decir qué va a pasar con los nuestros. Queremos que vayan organismos como el Comité de la Cruz Roja Internacional, otros organismos, pero estamos a la espera de una libertad más que un traslado», expresó Barboza. También cuestionó que las libertades bajo medidas cautelares que se han otorgado a algunos de los condenados por el «caso drones» no sean extensivas a todos los acusados, aunque reconoció que el caso de los presos políticos militares es «diferente». «Sabemos que el tema de los militares es diferente o atípico al tema de la liberación de civiles o políticos… Él tiene una resolución de libertad inmediata por parte del Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, también tiene una medida humanitaria de la Cruz Roja Internacional, medidas cautelares de la CIDH para que se le dé un trato justo y humanitario, nada de eso ha sido tomado en cuenta. Nosotros como familiares seguimos exigiendo y alzando la voz por su liberación», afirmó. *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país. Post Views: 15