La futura ley europea de vivienda aviva la pugna sobre la prohibición de los pisos turísticos en Barcelona

Lejos de aclararse, el futuro de los más de 10.000 pisos turísticos con licencia que Barcelona quiere erradicar sigue lleno de incógnitas. La propuesta de Reglamento de Vivienda Asequible de la Comisión Europea que se dará a conocer esta semana será clave en la continuidad o no de esta actividad turística en los municipios con crisis habitacional. Pero el documento, al que han tenido acceso tanto el ayuntamiento como la patronal de los pisos turísticos Apartur no ha hecho más que reforzar las dos posiciones antagónicas: el consistorio interpreta que la regulación (solo en fase de propuesta) avala la prohibición en "zonas tensionadas" para priorizar el uso habitacional, mientras que la asociación de propietarios y gestores de pisos de alquiler por días sostienen que ni Barcelona ni el Govern han acreditado con informes la justificación ni proporcionalidad de la medida. Solo la patronal ha hecho públicos algunos artículos que les darían la razón, en lo referente al nivel de exigencia de informes jurídicos, de impacto económico y efecto real en el parque residencial de la prohibición de los pisos turísticos, exigibles según la UE para restringir o limitar una actividad económica en este ámbito. Por contra, la primera teniente de alcalde Laia Bonet ha comparecido este martes para afirmar que el texto de la "primera ley europea de vivienda" demuestra que la Comisión Europea "entiende que se han de poder cambiar las reglas del juego para garantizar el acceso a la vivienda". Bonet ha valorado que Europa "reconozca la idea que hemos defendido en todo momento, de que los pisos turísticos disminuyen la disponibilidad de pisos para vivir y eso no nos lo podemos permitir". Aplaude que habilite a los gobiernos a "tomar medidas para garantizar el uso residencial". Por ello, la primera teniente de alcalde de Barcelona defiende poder "intervenir" para asegurar la disponibilidad de pisos" y hace una valoración positiva de la propuesta europea. "Los pisos no son para especular" "Dijimos que en 2028 no habría más pisos turísticos en Barcelona, y así será. Primero fue el Tribunal Constitucional quien avaló la idea y ahora es la Comisión Europea". "Los pisos no son para especular y Europa nos dice ahora que esta es una política no solo legítima, sino absolutamente necesaria". Cree que la regulación no cae del cielo sino que es fruto de un largo proceso de dos años liderado por ciudades como Barcelona. El trabajo será largo, asume, y "no será fácil", porque el resultado deberá poder "resolver los problemas habitacionales" y es consciente de que tendrá a "la derecha y los lobbies" haciendo presión en contra. Laia Bonet ha insistido en que el futuro reglamento "avala la decisión que hemos tomado de que en 2028 no habrá más pisos turísticos. El texto es muy claro". Y ha subrayado que la Comisión "hace suyo el concepto de zona de mercado tensionado, reconoce que las zonas donde haya una presión inmobiliaria que no permita el acceso a la vivienda los gobiernos están legitimados a tomar medidas para garantizarlo", y que en estas áreas la presencia de pisos turísticos "reduce los pisos para vecinos". Aunque con "todas esas herramientas" el ayuntamiento se siente validado para seguir adelante con sus políticas, la interpretación que realiza del texto Apartur es bien distinta. La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona mantiene que el texto de la Comisión Europea "cuestiona la decisión del ayuntamiento de eliminar los pisos turísticos de la ciudad". Es más, creen que apunta en sentido contrario: "establece unas condiciones muy exigentes para que las administraciones puedan justificar medidas de carácter restrictivo sobre los alquileres de corta duración y refuerza los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y decisiones basadas en evidencias", argumentan en un comunicado, mostrando el artículo 10.1 que así lo indica. "Carencias" en las medidas de Barcelona y Catalunya Defienden que los criterios europeos "ponen al descubierto las carencias del Decreto-ley 3/2023 de la Generalitat, la norma en la que se ampara la decisión del alcalde Jaume Collboni, y evidencian su incompatibilidad con el Derecho de la Unión Europea". La patronal hace hincapié en que estas objeciones "ya fueron planteadas por las autoridades de competencia nacionales y comunitarias que se pronunciaron sobre la norma". Apartur apunta que el borrador europeo establece que "solo podrán adoptarse medidas sobre los alquileres de corta duración cuando la autoridad competente pueda demostrar que esta actividad 'ha tenido un efecto adverso sobre la disponibilidad o asequibilidad de la vivienda' (Artículo 9.2) en la zona afectada durante, al menos, los tres años anteriores a la adopción de la medida". En la actualidad los pisos turísticos suponen un 1% del parque de la capital catalana. Sobre la proporcionalidad, enfatizan que el documento exige que las medidas se basen en una evaluación que determine textualmente que 'ninguna otra menos restrictiva sería igualmente suficiente para mejorar de manera efectiva y rápida la asequibilidad y disponibilidad de la vivienda' (10.1). "Marca un camino muy distinto al que se está siguiendo en Barcelona, las decisiones que afectan a una actividad legal deben estar sustentadas en datos", además de "valorar alternativas menos restrictivas y garantizar la seguridad jurídica de quienes se ven afectados', afirma Marian Muro, directora general de Apartur. 'Una cosa es regular una actividad cuando se demuestra con datos que tiene un impacto negativo sobre el mercado de la vivienda y otra muy distinta es eliminarla por completo, sin analizar sus particularidades y sin evidencias.", agrega Muro. Insisten en que incluso un estudio académico encargado por el Ayuntamiento en 2025 sobre los efectos de la eliminación de los pisos turísticos "ya advertía de que el retorno de estas viviendas al mercado residencial podría ser parcial o incluso no producirse". Apartur pone de relieve tambien que "la Comisión Europea reconoce la falta de oferta residencial como una de las causas estructurales del problema de la vivienda y en el texto señala expresamente que las restricciones sobre los alquileres de corta duración 'por sí solas no pueden abordar las causas estructurales de la escasez de vivienda a largo plazo''. Aplauden que el borrador aluda a la duración temporal y revisión de las medidas, que no serían definitivas. La asociación profesional celebra que el borrador de ley de vivienda europea "incorpore buena parte de los principios que el sector viene reclamando ante las instituciones comunitarias desde hace meses". En noviembre de 2025, Marian Muro compareció ante la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda del Parlamento Europeo, donde reclamó que cualquier intervención sobre los alquileres de corta duración estuviera basada en datos reales y un análisis profundo. A partir de la presentación de la propuesta de reglamento se abre un procedimiento legislativo europeo, que deberá pasar por negociaciones entre las instituciones comunitarias antes de alcanzar un texto definitivo.