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El PP demanda al Gobierno la desclasificación de los documentos relativos al espionaje mediante Pegasus dirigido a Pedro Sánchez y a integrantes del Ejecutivo.
Alicia García vincula esta solicitud con la reciente revelación de documentos sobre el asalto migratorio a Ceuta y cuestiona la actitud del Gobierno frente a Marruecos.
El PP acusa al Ejecutivo de ignorar advertencias previas sobre la llegada masiva de migrantes a Ceuta y de evitar responsabilizar a Marruecos en dicha crisis.
El Gobierno sostiene que su prioridad es restablecer la normalidad en Ceuta y reprocha al PP dificultar la cooperación entre instituciones.
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, solicitó este martes al Gobierno la «desclasificación» de los informes relacionados con el espionaje con Pegasus al presidente Pedro Sánchez y a otros miembros del Ejecutivo.
La senadora planteó esta demanda durante la primera sesión de control del curso, justo después de que el Consejo de Ministros autorizara levantar el secreto sobre unos 40 documentos asociados al asalto migratorio a Ceuta, preguntando a su vez «qué esconde Marruecos que ustedes no quieren revelar».
García expresó esta petición al vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en la sesión de control llevada a cabo en el Senado.
«Si están desclasificando documentos, comiencen por Pegasus y descubriremos por qué actúan con hostilidad hacia los que fueron invadidos y con indulgencia hacia los invasores», afirmó la dirigente del PP.
La portavoz del Grupo Popular vinculó esta cuestión con la llegada masiva de migrantes a Ceuta a finales de julio, que el Ejecutivo tiene previsto explicar públicamente de acuerdo con su versión exculpatoria para Marruecos, tras la desclasificación aprobada esta semana.
El Gobierno comunicó que divulgara este miércoles los informes, elaborados entre el 1 de julio y el 1 de agosto, por entidades como el CNI, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El caso Pegasus hace referencia al ciberespionaje sufrido en 2021 por los teléfonos de Sánchez, Marlaska, Robles, Planas y González Laya.
La portavoz del PP en el Senado ha utilizado la desclasificación de documentos referentes a Ceuta para solicitar la publicación también de esos informes relacionados con estos ataques, al tiempo que cuestiona la postura del Gobierno frente a Marruecos.
Debate sobre Ceuta
García acusó al Gobierno de haber dejado «desprotegidos» a los habitantes de Ceuta y exigió que se establezca una fecha para la devolución de «todos» los migrantes en situación irregular que ingresaron en la ciudad autónoma. También preguntó a Cuerpo si mantiene que no hay pruebas que impliquen a Marruecos en la crisis.
«Marruecos lo planificó y el Gobierno lo encubrió», afirmó la senadora, quien aseguró que existían alertas previas que indicaban un riesgo de entrada masiva. Según García, el Ejecutivo desatendió nueve advertencias durante los días 27, 28 y 29 de julio, respondiendo con un «no te preocupes» a las alertas del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.
La dirigente popular también reprochó que el Ejecutivo, según su opinión, «culpa» al CNI, a la Policía, al presidente de Ceuta y a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, mientras se abstiene de atribuir responsabilidad a Marruecos.
Respuesta de Cuerpo
El vicepresidente primero defendió que la prioridad del Ejecutivo es restaurar «lo antes posible» la normalidad en Ceuta. En este sentido, afirmó que el Gobierno está movilizando todos los recursos humanos y materiales necesarios para acelerar este propósito.
Cuerpo respondió al PP apelando a la «responsabilidad institucional» y cuestionó si propuestas que calificó de «imposibles o incluso ilegales» ayudan a normalizar la situación. También acusó a los populares de obstaculizar la cooperación entre administraciones y de «incitar», en lugar de condenar, la violencia.
El ministro reconoció que los ceutíes están «impactados» y temen que se repita una situación similar, pero remarcó que la solución radica en fortalecer la colaboración institucional y recuperar la normalidad previa a la crisis.
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