En la Sierra Norte de Puebla abundan centros de criptomonedas, usan la presa de Nuevo Necaxa, confirman autoridades

Puebla, Pue. El centro clandestino de minería (creación) de criptomonedas desmantelado en el municipio indígena de Tlaola formaba parte de una red que aprovecha la cercanía con instalaciones hidroeléctricas de la Sierra Norte de Puebla para sustraer volúmenes masivos de energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), confirmó este lunes el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, Francisco Sánchez González. Durante la conferencia matutina encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, el mando policial reveló que el decomiso de casi 300 equipos informáticos especializados se derivó de un seguimiento de inteligencia coordinado con el Gobierno Federal, tras antecedentes de instalaciones similares aseguradas en la región durante 2025. 'En abril de 2025, se tuvo conocimiento de que existían granjas de criptomonedas; hubo un operativo y detenciones en Necaxa. Este año ya teníamos información, la trabajamos con la Federación y a partir de ahí se realizó un operativo que nos llevó varios días, y en Tlaola se descubrió una granja con cerca de 300 equipos. Esta actividad consume mucha energía y genera demasiado ruido; por eso buscan comunidades remotas', expuso. Sánchez González enfatizó que la geografía y la infraestructura eléctrica de la zona montañosa se han convertido en focos de alerta para el gabinete de seguridad, dado que los grupos delictivos buscan abastecerse ilegalmente de los complejos generadores. Reveló que 'esta actividad consume mucha energía y genera mucho ruido por eso se buscan comunidades remotas'. 'Esto nos alertó en esta zona del estado, en la Sierra Norte, sobre todo por la cercanía con la presa, porque se requiere muchísima energía eléctrica. El caso se está judicializando ante las instancias correspondientes y vamos a concluir con todos los trámites legales', advirtió. El delito es el robo de energía y el lavado de dinero La intervención fue ejecutada de manera conjunta entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar) y la SSP estatal. Dentro del inmueble, las autoridades incautaron cerca de 300 unidades de procesamiento gráfico (GPU) de alto rendimiento en pleno funcionamiento; un transformador eléctrico de pedestal y aproximadamente 80 terminales de media tensión conectadas de forma irregular. Además, de ocho antenas de comunicación satelital para mantener conectividad ininterrumpida al margen de la red local. Aunque la actividad técnica de minar o comprar criptomonedas —proceso de cómputo para validar transacciones en redes descentralizadas como Bitcoin— no es un delito per se en México, la investigación federal apunta a dos ilícitos principales: el delito federal por robo de fluidos eléctricos sin contrato ante la CFE y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) para blanquear ganancias criminales a través de activos digitales. 'En el caso de las granjas de criptomonedas, el delito es el robo de energía eléctrica. Hay estados vecinos donde se lleva a cabo esta actividad ilícita, hemos trabajado de manera conjunta, es una información que llegó por parte de la Federación y se trabajó y la seguimos trabajando, existe otros lugares donde se llevan a cabo', declaró, sin mencionar a los municipios. Tlaola, un municipio indígena con alta marginación El enclave elegido por la red clandestina fue Tlaola, una demarcación ubicada en la Sierra Norte de Puebla, colindante con Chiconcuautla y Huauchinango, a más de 230 kilómetros de la capital poblana. Con una población que ronda los 20 mil habitantes —donde más del 60 por ciento habla la lengua originaria náhuatl y predominan altos índices de rezago social—, el sitio facilitaba el ocultamiento acústico de los potentes sistemas de enfriamiento industrial y reducía la probabilidad de patrullajes policiales continuos. Este despliegue no es un fenómeno aislado en la entidad. En abril de 2025, fuerzas de seguridad desarticularon tres puntos clandestinos entre Puebla y Tlaxcala; el más relevante tuvo lugar en instalaciones vinculadas al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en la localidad de Nuevo Necaxa, en un predio bajo custodia de personal allegado al exdiputado local Miguel Márquez Ríos. Asimismo, en años recientes se han asegurado procesadores y transformadores industriales en bodegas y fraccionamientos de San Martín Texmelucan, San Andrés Cholula, la capital poblana y Tehuacán.