Vitivinicultura: Reclamo de intervención ante un "escenario crítico"

Desde el Centro de Viñateros y Bodegueros pidió que la vitivinicultura tenga iguales condiciones que la minería y el petróleo. Hablan de 'quiebras y abandono'. La industria vitivinícola de Mendoza atraviesa un escenario crítico, según un comunicado publicado por el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este . Frente a la persistente caída del precio del vino de traslado y el constante aumento de los costos operativos (como tarifas eléctricas e impuestos), la entidad rechazo enfáticamente que la vitivinicultura sea simplemente como un "problema entre particulares". En este marco, advirtieron que la crisis estructural del sector deteriora la rentabilidad de productores y bodegas al tiempo que descapitaliza al rubro y pone en peligro el entramado productivo mendocino. En ese marco, cuestionaron que mientras la provincia otorga herramientas tributarias y financieras de promoción a sectores como la minería , el petróleo y la energía, la vitivinicultura —generadora de empleo, arraigo e identidad— sea dejada a merced de un mercado con profundas asimetrías . El reclamo al Ejecutivo provincial, expresaron, no busca privilegios sino el mismo criterio de consideración estratégica. El sector exigió la urgente convocatoria a una mesa de crisis con instrumentos y plazos concretos para frenar la inacción estatal, cuyos efectos ya se traducen en concursos preventivos, quiebras, abandono de fincas y pérdida irreversible de capital. 'El Estado provincial dispone de herramientas financieras, económicas y de promoción que puede utilizar para afrontar situaciones extraordinarias', aseguraron. Agregaron que durante la cosecha no quiso utilizarlas como tampoco usa el banco de vinos. 'El Centro reclama que esas herramientas sean aplicadas de manera oportuna para evitar que el costo de la crisis recaiga exclusivamente sobre productores y elaboradores', comunicaron. Y subrayaron que el Gobierno abandone la indiferencia dada la situación crítica: 'El costo de la inacción ya se hace ver descarnadamente: quiebras, concursos preventivos, abandono de explotaciones, pérdida de empleo y destrucción irreversible de capital productivo', detallaron. Pedido de todas las cámaras por el régimen de compatibilidad El Centro que gerencia Mauro Sosa también se expresó frente a la situación laboral y a la falta de prórroga para la compatibilidad con programas sociales y su impacto en la relación laboral. En este marco, expresaron que la problemática de los precios y costos se le suma una severa complicación en materia de trabajo rural. Por este motivo, participaron de una acción conjunta con otras cámaras vitivinícolas en la que solicitaron a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de la Nación la urgente renovación del régimen establecido por el Decreto 514/2021. Dicha normativa —prorrogada anteriormente por los decretos 423/23 y 777/25— venció el 1° de septiembre de 2026 sin que las autoridades nacionales hayan dado respuesta. El Decreto, explicaron, resultaba clave para la actividad estacional, ya que permitía a los cosechadores temporarios o permanentes discontinuos mantener la compatibilidad entre el trabajo registrado y la percepción de programas sociales como Potenciar Trabajo, la Tarjeta Alimentar y la continuidad de las asignaciones familiares. Al perder esta cobertura social entre cosechas, los trabajadores enfrentan el riesgo de perder sus ingresos de apoyo, lo que desincentiva la formalización laboral. La falta de prórroga amenaza con generar incertidumbre a las puertas de la próxima cosecha. Si la registración implica la pérdida automática de la asistencia social, muchos trabajadores podrían optar por no incorporarse al mercado formal, dificultando la cobertura de las cosechas e impulsando el empleo no registrado. Desde las entidades sostienen que la medida no genera una erogación presupuestaria adicional para el Estado y debe ser tratada como una política productiva fundamental para consolidar el trabajo registrado articulado con el Convenio de Corresponsabilidad Gremial