Manolo Jiménez: Pase Turístico de Nuevo León es Anticonstitucional

La noción de libre tránsito entre las entidades federativas de México es un pilar constitucional fundamental. Sin embargo, una reciente propuesta de Nuevo León para implementar un Pase Turístico destinado a regular los vehículos foráneos ha encendido las alarmas en el vecino estado de Coahuila, cuyo gobernador, Manolo Jiménez Salinas, ha expresado serias objeciones calificándola de anticonstitucional. Implicaciones del Pase Turístico y la Integración Regional El mandatario coahuilense no dudó en calificar la medida como una potencial violación a la carta magna, una postura que se fundamenta en la garantía de movilidad de los ciudadanos a lo largo del territorio nacional. La preocupación principal radica en el impacto directo que tendría sobre decenas de miles de coahuilenses que diariamente se desplazan a la zona metropolitana de Monterrey por diversas razones, desde compromisos laborales hasta la conexión con el aeropuerto metropolitano. Desde el punto de vista del gobernador Jiménez, la imposición de un Pase Turístico complicaría significativamente la rutina de quienes viajan por motivos de trabajo, de negocios para atender a proveedores o clientes, o simplemente por necesidades personales. La interconexión económica y social entre ambas regiones es profunda, con un constante flujo de personas y bienes que sostienen una activa dinámica industrial y comercial. Esta medida, según el ejecutivo estatal, podría obstaculizar esa vital interacción. Reacción Oficial y Expectativa ante la Regulación La propuesta inicial, según palabras de Manolo Jiménez, generó incredulidad, siendo percibida incluso como una broma por su potencial impacto restrictivo en la vida cotidiana y la actividad económica. Esta reacción subraya la percepción de una medida drástica que podría alterar drásticamente la libertad de movimiento de una parte significativa de la población que transita por Nuevo León. Si bien el gobernador Jiménez ha manifestado la necesidad de conocer a fondo los detalles y la regulación final que Nuevo León pretende aplicar, su preocupación legal y el señalamiento de la anticonstitucionalidad de la medida permanecen firmes. La situación pone de manifiesto un debate crucial sobre los límites de la regulación estatal frente al derecho fundamental de los ciudadanos a la libre circulación, un principio que, según el gobernador de Coahuila, podría verse vulnerado.