Condenan a un hombre que fingía ser agrimensor para cobrar por trabajos catastrales · Examedia

El acusado utilizaba sellos y firmas apócrifas para ofrecer mensuras, planos y trámites que nunca realizaba. Recibió una pena de tres años de prisión condicional. Resumen para apurados - La Justicia de Tucumán condenó a tres años de prisión en suspenso a un hombre por usurpar el título de agrimensor y estafar a familias con trámites catastrales falsificados. - El acusado cobraba por planos y mensuras ficticias con sellos y firmas adulteradas, hasta que una escribana detectó anomalías y el Colegio profesional radicó la denuncia penal. - Tras el juicio abreviado, el imputado deberá cumplir pautas de conducta y resarcir económicamente a los damnificados para evitar cumplir su condena tras las rejas. La Justicia condenó mediante un juicio abreviado a tres años de prisión de ejecución condicional a un hombre acusado de hacerse pasar por agrimensor y estafar a varias familias ofreciéndoles servicios para trámites sucesorios y catastrales. El caso fue investigado por la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego López Ávila. De acuerdo con la teoría del Ministerio Público Fiscal, Carlos Maximiliano Ledesma se presentaba ante potenciales clientes como agrimensor matriculado y les ofrecía realizar trámites vinculados a regularizaciones dominiales, mensuras y subdivisiones de terrenos. Para generar confianza, exhibía documentación con sellos y firmas falsificadas que aparentaban pertenecer a profesionales y organismos oficiales. Según informó el auxiliar Rogelio Rodríguez del Busto, el acusado estafó a tres familias empleando el mismo modus operandi. El primer hecho se desarrolló entre octubre de 2023 y mayo de 2024, luego de que una mujer contratara a Ledesma para realizar tareas de mensura, confección de planos y subdivisión de un inmueble ubicado en Lules. El acusado firmó y selló formularios de rogación de inscripción de planos y una autorización especial para mensura, atribuyéndose falsamente el título profesional. Recibió dos pagos, uno de $20.000 y otro de $65.000, y entregó recibos con su sello falso. Sin embargo, no realizó los trabajos comprometidos ni volvió a responder a la damnificada. El segundo episodio involucró a tres hermanos. En septiembre de 2024, Ledesma se presentó como agrimensor habilitado para intervenir en trámites sucesorios y catastrales de un inmueble familiar ubicado en Banda del Río Salí. Usando su firma y sello apócrifos, confeccionó planos de mensura y división y les hizo firmar una rogación de inscripción de planos. Luego los entregó en una escribanía, haciendo creer a las víctimas que los trámites se encontraban en curso, aunque carecían de validez. Por esa maniobra obtuvo alrededor de $350.000 en concepto de honorarios y gastos por trabajos que nunca realizó. El tercer caso se registró en octubre de 2024, cuando el imputado se presentó como agrimensor ante una familia que necesitaba regularizar un inmueble en la comuna de El Naranjito. Ledesma se ofreció a confeccionar los planos y escrituras para inscribir la parcela en Catastro a cambio de $160.000. Tras recibir el pago, habría preparado una resolución comunal falsa, firmada y sellada con su nombre y matrícula, atribuyéndose falsamente la calidad de profesional matriculado. También incorporó la firma y el sello adulterados del secretario técnico del Colegio de Agrimensores de Tucumán. Alerta y denuncias Las maniobras comenzaron a ser advertidas en agosto de 2025, cuando una de las damnificadas se presentó en la oficina de su escribana para avanzar en el trámite de escrituración de su inmueble en El Naranjito. La mujer llevó la documentación que le había entregado Ledesma y, al examinar los papeles, la profesional detectó que el informe que supuestamente provenía del Registro Inmobiliario de la provincia era falso. El documento identificaba erróneamente a la damnificada como titular dominial, cuando en realidad era poseedora. También advirtió anomalías en la resolución de la comuna de El Naranjito y en el plano de loteo atribuido a la Dirección General de Catastro. Ante las sospechas, la escribana alertó al Colegio de Agrimensores de Tucumán. Allí se constató que Ledesma no figuraba inscripto ni matriculado en la institución. Además, se verificó que había falsificado la firma y el sello del secretario técnico del Colegio, el ingeniero Federico Augusto Navarro. El profesional desconoció las firmas que aparecían en los documentos atribuidos a su persona. Con esos elementos, el apoderado del Colegio de Agrimensores, Adrián Jorge Guiringuelli, denunció la situación ante la Justicia en octubre de 2025. A partir de esa presentación se inició la investigación penal contra Ledesma, a la que luego se incorporaron las denuncias relacionadas con los otros hechos. Durante la pesquisa, la Fiscalía reunió informes del Colegio de Agrimensores, de la Dirección General de Catastro y del Registro Inmobiliario que confirmaron que Ledesma no estaba matriculado y que los expedientes y planos presentados no figuraban en los registros oficiales. Además, en abril de 2026 se realizó un allanamiento en el domicilio del imputado, donde se secuestró una carpeta con fotocopias de boletos de compraventa y registros inmobiliarios, además de cinco teléfonos celulares. Juicio abreviado Con esos elementos, las partes acordaron un juicio abreviado. Durante la audiencia, Ledesma, representado por la defensora Carla Valeria Aguilar Mora, reconoció ser responsable de los delitos de usurpación de título, en concurso real con estafa y falsificación o adulteración de documento público. El acuerdo contempló tres años de prisión de ejecución condicional y el cumplimiento de reglas de conducta durante ese período, entre las que se encuentra la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de las víctimas. Además, Ledesma ofreció un resarcimiento económico a los damnificados. A la familia de El Naranjito se comprometió a pagarle $260.000; a cada uno de los hermanos de Banda del Río Salí les entregará $150.000 y a la víctima de Lules le entregó $130.000. Después de analizar la acusación y las evidencias presentadas, la jueza Valeria Mibelli homologó el acuerdo y condenó a Ledesma a tres años de prisión de ejecución condicional.