MADRID.— Un nuevo expediente judicial vuelve a entrelazar las finanzas de la política española con los negocios del crudo venezolano. La Audiencia Nacional de España mantiene bajo estricta investigación la presunta existencia de un contrato simulado por 15 millones de euros, con el objetivo de determinar si fondos provenientes de transacciones petroleras vinculadas a Petróleos de Venezuela (PDVSA) terminaron desviados para la financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
El caso cobró impulso tras las revelaciones del empresario Víctor de Aldama ante el Juzgado Central de Instrucción número 2. Según su testimonio, el acuerdo comercial habría funcionado como una pantalla contractual para canalizar cuantiosas comisiones en efectivo.
Entramado corporativo, señalamientos y contraofensiva legal
Los detalles de la causa exponen las complejas dinámicas de poder y negocios tras bastidores:
Mecanismo bajo la lupa: La investigación rastrea el documento en el que figura la firma Apamate Corporate and Trust —asociada al empresario venezolano Francisco Flores—, la cual se habría comprometido a abonar la suma por intermediar en la comercialización de crudo venezolano.
La investigación rastrea el documento en el que figura la firma Apamate Corporate and Trust —asociada al empresario venezolano Francisco Flores—, la cual se habría comprometido a abonar la suma por intermediar en la comercialización de crudo venezolano. Acusaciones cruzadas: Aldama sostuvo en su declaración que altos cargos de la red operativa, como el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, solicitaron los pagos, ubicando además al liderazgo político en Ferraz como conocedor de las gestiones.
Aldama sostuvo en su declaración que altos cargos de la red operativa, como el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, solicitaron los pagos, ubicando además al liderazgo político en Ferraz como conocedor de las gestiones. Rechazo e impugnación: Tanto la directiva del PSOE como los voceros señalados han desmentido categóricamente la versión del imputado, calificándola de una estrategia defensiva carente de sustento probatorio. De hecho, los señalados anunciaron querellas por injurias ejercidas a través del despacho del exjuez Baltasar Garzón.
Mientras la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil completa los atestados financieros, la instrucción judicial se centra en la trazabilidad bancaria para confirmar si existió una ruta real del dinero hacia la agrupación política o si el contrato respondió a operaciones privadas independizadas de la estructura institucional de los partidos.
Por Redacción Curadas
Fuentes consultadas:
Diario El Mundo / Versión Final: Reportes sobre la apertura de las diligencias en la Audiencia Nacional y el análisis del documento contractual de 15 millones de euros (7 de septiembre de 2026).
Reportes sobre la apertura de las diligencias en la Audiencia Nacional y el análisis del documento contractual de 15 millones de euros (7 de septiembre de 2026). Onda Cero / La Gaceta: Detalles sobre las declaraciones judiciales de Víctor de Aldama y las pesquisas encomendadas a la UCO (7 de septiembre de 2026).
Detalles sobre las declaraciones judiciales de Víctor de Aldama y las pesquisas encomendadas a la UCO (7 de septiembre de 2026). EDATV News: Cobertura de la documentación entregada al juzgado y el desglose de las firmas societarias involucradas (7 de septiembre de 2026).
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