Con la firma del decreto, el Gobierno modifica el esquema vigente para el porte de armas de fuego en Colombia y pone fin a la suspensión general de los permisos que se había mantenido durante años.
El mandatario insistió en que el cambio no representa un porte indiscriminado de armas. De acuerdo con su anuncio, continuarán vigentes los requisitos, controles y autorizaciones que deben cumplir quienes pretendan acceder a un permiso.
Como argumento para sustentar la decisión, De La Espriella señaló que entre el 1.° de enero y el 3 de septiembre la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos.
Dentro de las armas incautadas, el presidente indicó que 980 estaban vinculadas con disidencias, 551 con el Clan del Golfo y 339 con el ELN. El balance presentado por el mandatario también incluye 380 fusiles y 65 morteros de calibre 60 milímetros asociados a las disidencias.
La decisión busca diferenciar, según el Gobierno, entre el ciudadano que pretende acceder legalmente a un arma y las estructuras criminales que mantienen arsenales ilegales. El presidente sostuvo que el Estado debe concentrar sus esfuerzos en perseguir y retirar esas armas de manos de los grupos armados.
'Esto NO significa porte indiscriminado', enfatizó el mandatario en su publicación, en la que también señaló que se mantienen los controles y permisos de las autoridades competentes.
Con la firma del decreto, el Gobierno modifica así la política de suspensión general que restringía de manera amplia la expedición de permisos de porte. El acceso legal a las armas seguirá sujeto a las condiciones establecidas por las autoridades.
La medida fue presentada por De La Espriella como parte de su política de seguridad. 'Las armas ilegales se las vamos a quitar a los criminales', afirmó el presidente.
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