Recorte de ₡8.600 millones golpea al OIJ: Michael Soto alerta por riesgos en investigaciones y seguridad policial

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) encendió las alarmas por el impacto que tendría el presupuesto previsto para 2027 sobre algunas de sus funciones más sensibles, desde la protección de agentes hasta la realización de autopsias y análisis de ADN. Michael Soto, director interino del OIJ, aseguró que el recorte superior a ₡8.600 millones incluido en el proyecto presupuestario remitido por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa dejaría a la institución sin capacidad para renovar chalecos antibalas y limitaría la compra de otros insumos esenciales. La afectación también alcanzaría municiones, repuestos para vehículos y materiales utilizados por los laboratorios de ciencias forenses y medicina legal. 'La afectación es importante, significativa, y va a entrar en todas las investigaciones, especialmente las que son más complejas', advirtió Soto. OIJ no podría renovar chalecos antibalas Uno de los puntos que más preocupa a la institución es la imposibilidad de adquirir nuevos chalecos de protección para sus investigadores. Soto explicó que estos equipos tienen una vida útil determinada y deben sustituirse periódicamente para garantizar que mantengan sus condiciones de seguridad. La falta de recursos para renovarlos plantea un problema directo para funcionarios que participan en allanamientos, detenciones y otras operaciones consideradas de alto riesgo. No se trata, por tanto, únicamente de una reducción administrativa: el OIJ sostiene que el ajuste presupuestario puede impactar directamente la protección de sus agentes. Municiones también quedarían comprometidas El director interino señaló que la munición forma parte de los insumos que necesitan reposición constante debido al trabajo operativo de la Policía Judicial. Con menos recursos disponibles, la compra de este material quedaría limitada durante 2027. A esto se suma la imposibilidad de adquirir determinados repuestos para la flotilla vehicular, un componente necesario para mantener en funcionamiento los automotores utilizados en investigaciones, vigilancia y desplazamientos policiales. La combinación de estos faltantes podría afectar la capacidad de respuesta en diferentes regiones del país. Laboratorios forenses también sentirían el recorte Las consecuencias no quedarían restringidas al trabajo policial en las calles. Soto advirtió que los laboratorios de ciencias forenses y medicina legal también enfrentarían restricciones para comprar los implementos que requieren diariamente. 'La compra de todos los implementos que requieren laboratorios de ciencias forenses y medicina legal puede afectar el servicio de la aplicación de la justicia', aseguró. Esas áreas son fundamentales para sustentar investigaciones mediante evidencia científica y técnica. Autopsias, ADN y análisis de evidencias entre los servicios sensibles Entre los procedimientos que podrían verse afectados, el jerarca mencionó las autopsias y las pruebas de ADN utilizadas, entre otras funciones, para identificar cuerpos. También señaló posibles dificultades en procesos relacionados con el análisis y trazabilidad de evidencias. Estos procedimientos pueden ser determinantes en investigaciones por homicidios, desapariciones, delitos sexuales y otros casos complejos. Una reducción en la capacidad de los laboratorios podría traducirse en mayores tiempos de respuesta y dificultades adicionales para completar peritajes necesarios dentro de procesos judiciales. Recorte podría impactar investigaciones complejas Soto insistió en que las consecuencias del ajuste no se concentrarían en una sola unidad del OIJ. Según explicó, el efecto sería transversal y podría sentirse en investigaciones actuales y futuras. Los casos de mayor complejidad suelen demandar más recursos humanos, vehículos, análisis científicos, municiones, equipo especializado y otras herramientas operativas, por lo que una reducción presupuestaria adquiere un peso especialmente relevante en este tipo de expedientes. Presupuesto 2027 entra al centro del debate El proyecto de presupuesto para 2027 fue enviado recientemente por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa, donde deberá ser analizado y discutido. El recorte planteado para el OIJ forma parte de una discusión más amplia sobre los recursos destinados al Poder Judicial y las medidas de contención fiscal impulsadas por el Gobierno. Mientras Hacienda defiende la necesidad de controlar el gasto público, autoridades judiciales advierten que reducir determinadas partidas puede tener consecuencias directas sobre seguridad, investigación criminal y administración de justicia. En el caso del OIJ, Michael Soto sostiene que el impacto no será únicamente financiero: podría sentirse en los equipos que protegen a los investigadores, en la capacidad operativa policial y hasta en las pruebas científicas utilizadas para resolver delitos.