¿Qué implica el levantamiento de la prohibición general del porte de armas en Colombia?

¿Qué cambia con la medida? La decisión pone fin a una suspensión general de los permisos para el porte de armas que comenzó a aplicarse en Colombia en diciembre de 2015, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos. Mediante el Decreto 2515 del 23 de diciembre de 2015, se suspendieron estos permisos en todo el territorio nacional desde el 24 de diciembre de ese año hasta el 31 de enero de 2016, aunque se mantuvo la posibilidad de otorgar autorizaciones especiales por razones de urgencia o seguridad. Desde entonces, la suspensión fue prorrogada mediante distintos decretos durante los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro, por lo que la restricción se mantuvo vigente de manera continua hasta la expedición de la nueva medida. En la práctica, esta suspensión significaba que tener un permiso de porte vigente no era suficiente para llevar el arma. Mientras operaba la restricción general, el titular debía contar con una autorización especial adicional expedida por la autoridad militar competente. Estas autorizaciones podían concederse, entre otros casos, por razones de urgencia o seguridad, después de evaluar las circunstancias particulares del solicitante. De esta forma, una persona podía tener legalmente registrada un arma y contar con un permiso de porte vigente, pero necesitaba esa autorización adicional para llevarla consigo mientras estuviera vigente la suspensión general. Con el nuevo decreto, ese requisito extraordinario desaparece y se restablece la eficacia de los permisos individuales de porte que continúen vigentes. Sin embargo, la medida no habilita el porte cuando los permisos estén vencidos, suspendidos, cancelados o revocados, ni cuando exista alguna prohibición legal o judicial. El decreto, que entrará en vigor este miércoles, ordena a las autoridades militares adoptar las medidas necesarias para restablecer la eficacia de los permisos individuales que se encuentren vigentes. También puede leer: Ana María Vesga denunció presuntas irregularidades en el Ministerio de Salud Los argumentos para levantar la prohibición De la Espriella justificó el levantamiento de la suspensión general al señalar que, a su juicio, la restricción afectaba principalmente a los ciudadanos que cumplen la ley, mientras que las organizaciones criminales continuaban accediendo a armas de manera ilegal. Según el mandatario, la política de seguridad debe concentrarse en perseguir ese armamento ilegal y no en limitar de forma general a quienes cuentan con permisos vigentes. Para sustentar su posición, aseguró que entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de este año las autoridades incautaron 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estarían relacionadas con la comisión de delitos. Además, indicó que 980 estaban vinculadas a las disidencias de las FARC, 551 al Clan del Golfo y 339 al ELN. Entre las asociadas a las disidencias, señaló, había 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros. 'Ese es el poder de fuego que el Estado tiene que perseguir y destruir', afirmó el presidente, quien insistió en que el Estado concentrará sus esfuerzos en combatir las armas ilegales en poder de estructuras criminales.