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La pax paritaria en la provincia de Buenos Aires llegó a su fin. En las últimas horas, las conducciones de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y sectores de la docencia elevaron solicitudes formales a la cartera laboral conducida por Walter Correa para reactivar de manera urgente las mesas salariales del último tramo del año, invocando la cláusula de revisión acordada en la paritaria previa.
El detonante de la presión sindical responde al agotamiento del último esquema firmado con la gestión de Axel Kicillof, que estableció un incremento del 7% distribuido entre julio y agosto. Según expusieron las entidades gremiales en sus presentaciones, dicha recomposición resultó absorbida de manera inmediata por las subas en tarifas de servicios públicos, transporte y alimentos. En los documentos remitidos al Ejecutivo provincial, las conducciones sindicales remarcaron que los trabajadores ya no recurren al crédito para inversión ni consumo duradero, sino para financiar la subsistencia básica y los gastos de primera necesidad.
El reclamo pone al gobernador Kicillof en una encrucijada fiscal y política. Mientras el Ejecutivo atribuye el estrechamiento del margen financiero a la poda de transferencias discrecionales dispuesta por la administración nacional, las bases sindicales comienzan a cuestionar el alineamiento incondicional de sus dirigencias, derivando incluso en medidas de fuerza sectoriales y pérdida de afiliados. Los gremios reclaman un «esfuerzo presupuestario extraordinario» para evitar una mayor sangría en el poder de compra de la planta estatal.
El escenario bonaerense ratifica, una vez más, el diagnóstico publicado por Multimedios PRISMA. Las paritarias y los aumentos nominales resultan insuficientes para frenar el colapso de la microeconomía si no se resuelve el problema de fondo: la masa salarial absorbedora de deudas. Una parte sustancial de la licuación de los ingresos estatales termina canalizándose hacia el pago de pasivos e intereses punitorios acumulados —en muchos casos con el propio Banco Provincia—. Ante la encrucijada de la Provincia, la implementación de la propuesta de los «Tres Ganadores» se consolida como la única vía pragmática para sanear las finanzas de la masa trabajadora mediante la reestructuración de pasivos en la banca pública, inyectando liquidez directa al mercado interno sin requerir emisión ni dinamitar el presupuesto provincial.
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