Minenergía advierte riesgo de protestas masivas por cancelación de contratos de gas de Canacol

El Ministerio de Minas y Energía advirtió que la terminación inmediata de contratos de suministro de Canacol podría provocar desabastecimiento, incrementos tarifarios y 'manifestaciones masivas', además de comprometer actividades productivas y elevar el riesgo de racionamiento de gas y electricidad. El Ministerio de Minas y Energía advirtió que la terminación inmediata de contratos de suministro de Canacol podría provocar desabastecimiento, incrementos tarifarios y 'manifestaciones masivas', además de comprometer actividades productivas y elevar el riesgo de racionamiento de gas y electricidad. La alerta está contenida en una comunicación enviada el primero de septiembre a la Superintendencia de Sociedades. El documento fue firmado por German Orlando Leon Duarte, director técnico de la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía. El pronunciamiento forma parte del proceso de insolvencia transfronteriza de Canacol y responde a una solicitud de la Superintendencia para evaluar los efectos de la autorización concedida por el Tribunal de la Corona de Alberta, Canadá, para terminar varios acuerdos. Entre los contratos examinados están los suscritos con Surtigas, Gases de La Guajira, Gases del Caribe y Gases del Oriente. Estos acuerdos atienden demanda esencial, incluidos hogares, pequeños comercios y usuarios del servicio de gas natural comprimido vehicular. La decisión canadiense no produce efectos automáticos en Colombia. Para que sea aplicable, debe ser presentada ante la Superintendencia de Sociedades y someterse al trámite de reconocimiento establecido por la Ley 1116 de 2006 para procesos extranjeros de insolvencia. Desabastecimiento de gas podría elevar las tarifas Minenergía plantea dos escenarios. Si los comercializadores reemplazan oportunamente el suministro de Canacol, el servicio podría continuar sin interrupciones. Sin embargo, las fuentes alternativas tendrían un mayor costo y ese valor sería trasladado a los usuarios mediante la fórmula tarifaria. La entidad advierte que las facturas podrían aumentar significativamente y de forma intempestiva, generando un descontento generalizado entre la población afectada. El impacto sería especialmente sensible para los consumidores que no disponen de sustitutos técnica y económicamente viables. El segundo escenario se presentaría si la sustitución del gas resulta parcial o tardía. Colombia enfrentaría entonces un déficit físico de oferta y tendría que aplicar el orden de prioridad establecido para distribuir el combustible disponible entre los diferentes tipos de usuarios. Las restricciones comenzarían con la demanda no esencial. Si el faltante se profundiza, podrían alcanzar posteriormente a los hogares y derivar en racionamientos programados, ampliando el efecto social de una decisión adoptada inicialmente dentro del proceso de reestructuración empresarial de Canacol. La cartera recomendó condicionar cualquier terminación a un periodo razonable de transición o a la presentación de un plan de sustitución por parte de las empresas afectadas. El propósito es garantizar una fuente alternativa antes de modificar los contratos vigentes. Minenergía alerta por manifestaciones masivas y bloqueos El Ministerio sostiene que terminar inmediatamente los acuerdos podría generar consecuencias sociales, económicas y de orden público de alta complejidad. El riesgo aumentaría si se combinan un desabastecimiento generalizado y un incremento desproporcionado de los costos del servicio público domiciliario. Ese escenario tendría la capacidad de afectar las condiciones mínimas de acceso al gas y provocar una inconformidad social generalizada. Minenergía advierte que la situación podría derivar en 'manifestaciones masivas, alteraciones al orden público y bloqueos de diversa índole'. Las protestas y restricciones a la movilidad podrían comprometer la continuidad de las actividades productivas, comerciales y logísticas en los departamentos afectados. La cartera señala que las consecuencias también podrían superar las regiones inicialmente impactadas y producir efectos sobre la economía nacional. La industria estaría entre los primeros sectores expuestos ante un déficit físico de gas. Las compañías que utilizan este combustible podrían verse obligadas a reducir o detener sus operaciones, con consecuencias sobre la producción y los trabajadores que no puedan desarrollar sus labores. Algunos hogares también podrían regresar al uso de leña, carbón de leña o biomasa residual para cocinar. Minenergía advirtió que estas alternativas incrementan los riesgos respiratorios, especialmente para mujeres, niños y adultos mayores expuestos dentro de las viviendas. Producción de Canacol y riesgo de racionamiento eléctrico El alcance de la advertencia está relacionado con la participación de Canacol en el mercado. La compañía es el segundo mayor productor de gas natural de Colombia y abastece cerca del 8 % de la demanda nacional y más del 50 % del Caribe. Para 2026, las filiales declararon un potencial de producción de 118,2 GBTUD. Sin embargo, el promedio producido durante el año fue de 64,6 GBTUD, equivalente al 55 % de la capacidad informada, según los cálculos incluidos en la comunicación. Canacol y sus filiales tenían compromisos firmes por 96,7 GBTUD para el año de gas comprendido entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026. Entre enero y julio, las entregas cubrieron solamente el 66,8 % de las cantidades contratadas. La posible terminación también comprometería el combustible destinado a las plantas térmicas que respaldan el Sistema Interconectado Nacional. Estas centrales adquieren mayor importancia cuando disminuyen los aportes de la generación hidroeléctrica y resulta necesario mantener el equilibrio entre oferta y demanda. El riesgo aumenta por el fenómeno de El Niño, que tiene una probabilidad del 80 % de ser catalogado como muy fuerte, según el Ideam. Una caída de los embalses elevaría la dependencia del sistema frente a la generación termoeléctrica. Minenergía recomendó evaluar el escenario con XM, operador del sistema eléctrico, y la Unidad de Planeación Minero-Energética. La decisión final estará en manos de la Superintendencia de Sociedades, que deberá ponderar el proceso extranjero y el interés general.