Hay que anularlo. La Justicia suspendió por 60 días el nuevo Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense

La medida fue dictada por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Marta Elba Pascual en el marco de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en favor de adolescentes privados de su libertad. La jueza advirtió que esos cambios 'aumentará considerablemente la cantidad -por mayores ingresos y por mayor permanencia- de personas privadas de la libertad'. Para la magistrada el problema no se limita al eventual aumento de detenidos. Se pregunta si la provincia cuenta actualmente con infraestructura y recursos suficientes para alojarlos 'bajo condiciones compatibles con los derechos de niños y adolescentes'. La medida solo rige para la Provincia de Buenos Aires hasta que el gobierno provincial responda a la resolución o haya otra medida judicial que reponga la ley. El Frente de Izquierda Unidad rechazó con dureza la aprobación del régimen, con argumentos sobre los derecha de la infancia, sociales y políticos, pero también con datos contundentes que desmienten la demagogia punitivista. 'Las causas penales que involucran jóvenes representan apenas entre el 2 % y el 4 % del total. Las niñas, niños y adolescentes menores de dieciséis años implicados en delitos rondan el 0,1 %. Predominan los delitos contra la propiedad y los hechos graves -al revés de lo que se sostiene- muestran una tendencia descendente'. Por eso, señaló el dictamen del FITU, 'el discurso oficial se sostiene sobre una demagogia punitiva que promete 'seguridad' a fuerza de castigo para los jóvenes, pero choca contra la evidencia empírica. En ningún país donde se redujo la edad de punibilidad disminuyó la comisión de delitos graves. Se le ofrece a la sociedad una respuesta rápida y falsa que no aborda las causas estructurales del problema y que solo profundiza la criminalización y persecución de pibes y pibas. El único horizonte que se propone es el encierro'. En el debate, que llevó adelante la abogada y diputada nacional Myriam Bregman, el FITU insistió en que 'bajar la edad no 'reduce el delito', sino que promueve la estigmatización y el control social. Significa, de hecho, anticipar esa ficción sobre personas en pleno desarrollo, atravesadas por condiciones materiales que el propio orden social genera. En lugar de interrogar esas condiciones, se individualiza la culpa. En lugar de garantizar derechos, se amplía el castigo. El derecho penal vuelve a cumplir su función histórica de administrar el orden social en tiempos de crisis, endureciéndose para disciplinar a las mayorías empobrecidas'. No alcanza con la suspensión segmentada de esta legislación. Hay que anular el nuevo régimen, y resolver la situación social, educativa, material y de las condiciones en que viven millones de infancias y adolescencias en la Argentina.