¿Siguen vigentes los Acuerdos de Paz?

Por Juan José Hurtado Paz y Paz Este año se cumplen 30 años de la Firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera que puso fin a 36 años de guerra interna. Para algunos, los Acuerdos de Paz son algo del pasado. Otros los miran con escepticismo porque, tres décadas después, muchas de las causas que dieron origen a la guerra continúan presentes. Incluso, las nuevas generaciones desconocen de qué tratan estos acuerdos y cómo fue posible llegar a ellos. Sin embargo, sería un error desvalorizarlos. Los Acuerdos siguen siendo un referente para pensar el país que queremos construir y, sobre todo, para reconocer las transformaciones que quedaron pendientes. Para valorarlos hay que recordar de dónde surgieron. Los Acuerdos no fueron una concesión generosa de quienes los negociaron. Detrás de ellos hubo décadas, si no siglos, de luchas sociales, campesinas, indígenas, estudiantiles, sindicales, religiosas y comunitarias. Hubo una guerra interna que representó vidas sacrificadas, comunidades perseguidas, personas desaparecidas, familias desplazadas y generaciones enteras golpeadas por la violencia. Los Acuerdos fueron, por tanto, resultado de muchas luchas y de un largo proceso de resistencia de la sociedad guatemalteca. Buscaban abrir un camino político para enfrentar las causas que dieron origen a la guerra: el racismo y la discriminación contra los pueblos indígenas, el despojo y la concentración de la tierra, la desigualdad económica y social, la debilidad de las instituciones democráticas y el papel que durante décadas había desempeñado el Ejército en la vida política. Tampoco fueron simplemente un acuerdo entre dos partes: la guerrilla y el Gobierno/Ejército. Fueron el resultado de una negociación prolongada en la que participaron distintas expresiones de la sociedad civil. La Asamblea de la Sociedad Civil tuvo un papel particularmente importante. El propio Acuerdo de Paz Firme y Duradera reconoce la contribución de la Comisión Nacional de Reconciliación, la Asamblea de la Sociedad Civil, las Naciones Unidas y los países que acompañaron el proceso y señala que los acuerdos expresaban consensos de carácter nacional. Pero también es necesario distinguir las intenciones con las que distintos actores llegaron a la negociación. Para el Gobierno, poner fin a la guerra era una necesidad. No era posible una victoria militar total sobre la guerrilla y el conflicto armado les representaba 'una piedra en el zapato' para avanzar en el proyecto económico neoliberal que se venía imponiendo en el país. Para la URNG, que tampoco tenía en ese momento la posibilidad de tomar el poder por medio de las armas, la negociación abría la posibilidad de continuar la lucha por la transformación de Guatemala mediante la acción política. La negociación de la paz no fue sencilla ni lineal. Comenzó formalmente a principios de los años noventa, después de varios intentos y de un proceso centroamericano que había abierto posibilidades para buscar salidas políticas a los conflictos armados de la región. En Guatemala, las conversaciones atravesaron distintos gobiernos y momentos de enorme tensión antes de llegar a 1996. La participación de Naciones Unidas como moderadora y la intervención de distintos sectores de la sociedad fueron importantes para que el proceso pudiera avanzar. Una de las virtudes del proceso fue que no pretendió resolver de una sola vez todos los problemas acumulados durante décadas. Primero fue necesario crear condiciones mínimas para que quienes habían sido enemigos pudieran sentarse a hablar. Había que abordar los derechos humanos, el desarraigo provocado por la guerra y las garantías para que la negociación pudiera continuar. Era necesario construir, poco a poco, un mínimo de confianza entre actores que durante años se habían considerado mutuamente enemigos. Después fue posible entrar en los temas más difíciles: la identidad y los derechos de los pueblos indígenas, la situación socioeconómica y agraria, y la transformación del poder político y de la función del Ejército en una sociedad democrática. Finalmente, hubo que alcanzar los acuerdos que permitieran poner fin efectivamente al enfrentamiento: el cese definitivo del fuego, la incorporación de la URNG a la vida política legal, las reformas constitucionales y electorales y el cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de lo acordado. El propio cronograma reconocía que la implementación constituía un proyecto complejo y de largo plazo. Es decir que la negociación siguió una lógica necesaria: primero crear condiciones para hablar; después discutir las causas del conflicto; y finalmente establecer los compromisos y mecanismos para llevar lo acordado a la práctica. Es necesario reconocer, sin embargo, que no todos los acuerdos alcanzaron el mismo nivel de profundidad. Recordemos que en una negociación se debe buscar un punto aceptable para las partes que negocian y mucho depende de la fuerza cada uno de los involucrados. Así, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, por ejemplo, aunque significó un avance importante en el reconocimiento de la diversidad cultural del país, no llegó a abordar de manera suficiente el derecho de los pueblos a decidir sobre sus territorios ni su autonomía. Algo similar ocurrió con el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. Aunque reconoce que la pobreza, la extrema pobreza, la discriminación y la marginación social y política habían estado en los orígenes del conflicto y plantea la necesidad de una estrategia que facilite el acceso a la tierra y a otros recursos productivos, la redistribución de la tierra quedó planteada fundamentalmente a través de mecanismos de mercado. No podía ser de otra manera si se pretendía alcanzar acuerdos entre sectores con intereses profundamente distintos. En una negociación se debe encontrar los puntos comunes y eso está determinado por la fuerza que cada uno tiene. Además, un acuerdo político no exige que quienes lo suscriben tengan las mismas razones para hacerlo. Exige que sean capaces de reconocer un terreno común y comprometerse con aquello que pueden construir juntos. La guerra terminó. La URNG dejó las armas y se incorporó a la vida política legal. Se redujo el papel político del Ejército y se produjeron transformaciones importantes en materia de derechos humanos, seguridad y participación. Se abrió un espacio político que antes estaba cerrado. Pero sería equivocado confundir el fin de la guerra con la transformación del país. El sistema económico no cambió en favor de las mayorías. La desigualdad continúa siendo profunda. La concentración de la tierra sigue siendo un problema. La discriminación y el racismo contra los pueblos indígenas persisten. La democracia continúa teniendo enormes limitaciones y las instituciones del Estado siguen penetradas por los corruptos y criminales. Además, desde 2017 el país ha experimentado una involución democrática y un retroceso en derechos y libertades. El problema no fue simplemente que los Acuerdos fueran ambiciosos y difíciles de cumplir; hubo una correlación de fuerzas que permitió que los sectores dominantes aceptaran la paz, pero resistieran las transformaciones que la paz implicaba. Hubo sectores de poder que nunca estuvieron verdaderamente comprometidos con la transformación que implicaban. La firma de los Acuerdos puso fin al enfrentamiento armado, pero no significó que quienes habían concentrado históricamente el poder económico, político y cultural aceptaran de buena voluntad modificar las estructuras que les permitían conservarlo. Por eso, desde los primeros años de implementación, las Naciones Unidas observaron que los Acuerdos constituían una agenda ambiciosa de transformación política, económica, social y cultural, pero también señalaron los obstáculos, las demoras y la resistencia de grupos poderosos frente a los cambios que implicaban. Treinta años después, el reto no debe reducirse a preguntarnos cuánto se cumplió de cada acuerdo. La pregunta más importante es qué problemas que los Acuerdos identificaron siguen presentes y qué compromisos continúan teniendo vigencia. Porque si persisten el racismo, la exclusión, la desigualdad, la concentración de la tierra, la debilidad democrática y la apropiación del Estado por intereses particulares de explotadores, corruptos y criminales, entonces también siguen vigentes las razones que hicieron necesarios aquellos acuerdos. Es en ese sentido que el Frente Amplio por la Democracia retoma los Acuerdos de Paz como un referente para el presente y el futuro. Se trata de recuperar su espíritu transformador y asumir las tareas que quedaron pendientes. Democratizar el Estado, ampliar los derechos, reconocer plenamente a los pueblos y sus derechos, combatir la exclusión y el racismo, construir instituciones al servicio del bien común y hacer realidad una democracia que no se reduzca a votar cada cuatro años siguen siendo desafíos de nuestro tiempo. Retomar los Acuerdos es reconocer que la paz puso fin a la guerra, pero no a las causas profundas que la originaron; y que el camino de transformación que aquella negociación abrió sigue pendiente de ser recorrido.