Buscan prohibir la promoción de negocios piramidales y rendimientos financieros engañosos

Proponen prohibir la promoción, publicidad y difusión de negocios piramidales, entidades financieras no autorizadas y propuestas de inversión que prometan rendimientos 'falaces'. La iniciativa, busca proteger a consumidores, ahorristas e inversores frente a esquemas financieros irregulares que, según los fundamentos, se expandieron en los últimos años mediante redes sociales, plataformas digitales, estrategias de marketing y la participación de figuras públicas. Impulsado por la diputada de la CC Romina Braga, la iniciativa que tuvo despacho favorable de la comisión de Usuarios y Consumidores, busca prohibir la difusión de entidades que no se encuentren autorizadas por la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central bajo el régimen de la Ley Nacional de Entidades Financieras, entre otras limitaciones previstas. El proyecto establece que quedará prohibida la difusión, en medios gráficos, audiovisuales y plataformas virtuales, de empresas y organizaciones financieras que no cuenten con autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Banco Central (BCRA) y el marco de la Ley de Entidades Financieras. También alcanza la promoción de negocios, cursos y herramientas que prometan ganancias que no guarden relación con los rendimientos reales y comprobables del mercado. La propuesta contempla además la prohibición de eventos destinados a publicitar inversiones de entidades no autorizadas, así como de publicidad indirecta o encubierta realizada mediante funcionarios, influencers, programas infocomerciales o testimonios de figuras públicas. El texto define como 'rendimientos falaces' a las promesas de ganancias que superen significativamente los rendimientos promedio de instrumentos o inversiones comparables. También establece definiciones para negocios piramidales, influencers, criptoactivos, plataformas de inversión colectiva y sistemas de venta directa o multinivel. En materia de sanciones, la iniciativa incorpora al Código de Faltas bonaerense multas de hasta veinte veces el honorario o tarifa percibida por quienes promocionen o difundan estos esquemas. Cuando se trate de funcionarios públicos, se prevé además la inhabilitación para desempeñar cargos electivos provinciales y municipales. Para las personas jurídicas, el proyecto contempla la posibilidad de suspender actividades en la provincia por hasta cinco años o cancelar su inscripción en registros provinciales. La autoridad de aplicación sería la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios, que debería implementar un sistema de monitoreo de medios y plataformas digitales, recibir denuncias y emitir informes trimestrales. Asimismo, se propone crear una Red Provincial de Monitoreo integrada por municipios, organismos de defensa del consumidor, universidades y organizaciones de la sociedad civil, y establecer campañas de concientización dirigidas especialmente a jóvenes y sectores considerados vulnerables. El proyecto también dispone que las empresas de venta directa o marketing multinivel que operen en la provincia deberán registrarse y transparentar su modelo de negocios, estructura de comisiones y políticas de reembolso. En relación con las criptomonedas, la iniciativa plantea prohibir la promoción de esquemas de inversión en activos digitales que no estén registrados, autorizados o supervisados por los organismos nacionales competentes. Los fundamentos sostienen que la propuesta apunta a fortalecer la prevención y cerrar una brecha regulatoria frente a modalidades de fraude que utilizan herramientas digitales para captar inversores y consumidores.