La Justicia Federal estrenó el sistema acusatorio en Misiones: estiman que una causa podría resolverse en seis meses

El Juzgado Federal de Oberá fue sede de la primera audiencia del nuevo sistema acusatorio federal en Misiones. El juez Alejandro Gallandat Luzuriaga explicó el funcionamiento del modelo, destacó la oralidad y la reducción de los tiempos procesales y advirtió sobre la falta de lugares de alojamiento y de tobilleras electrónicas. El nuevo sistema acusatorio federal comenzó a aplicarse en Misiones el 24 de agosto y tuvo días atrás su primera audiencia en la provincia, en el Juzgado Federal de Oberá. El estreno correspondió a una causa vinculada con la Ley de Estupefacientes, en la que había una persona detenida y otras dos imputadas por una presunta participación de menor grado. El juez federal Alejandro Gallandat Luzuriaga explicó que el cambio implica dejar atrás la lógica del expediente para avanzar hacia un proceso basado en audiencias sucesivas, con mayor intervención de las partes y decisiones tomadas de manera oral frente al magistrado. La primera audiencia fue de formalización de la investigación penal preparatoria. Allí participaron la Fiscalía, la Defensa, las tres personas imputadas y el juez de garantías. Una de las personas se encontraba detenida y participó de manera presencial, mientras que las otras dos lo hicieron de forma virtual. También tuvo su primera intervención la Oficina Judicial, organismo encargado de organizar y gestionar la agenda y los aspectos administrativos necesarios para concretar las audiencias. Gallandat señaló que el procedimiento se desarrolló sin inconvenientes y consideró que la preparación previa permitió poner en marcha el nuevo esquema. Oralidad, transparencia y procesos más rápidos El magistrado marcó como uno de los principales cambios la eliminación del expediente como eje del proceso. En su lugar, las causas avanzan mediante audiencias en las que las partes formulan sus pedidos, presentan sus argumentos y controvierten las posiciones de la contraparte. Según explicó, este mecanismo permite una mayor inmediación entre el juez, los imputados, las víctimas y los demás actores del proceso, además de favorecer decisiones expresadas en un lenguaje accesible. Otro de los puntos centrales es la celeridad. Gallandat explicó que una investigación que comenzó con la audiencia de formalización tiene plazos concretos para avanzar hacia una eventual elevación a juicio. En el caso de la primera audiencia realizada en Oberá, la investigación debería concluir su etapa inicial el 1 de diciembre, es decir, dentro de unos 80 días corridos. Si la causa llegara a juicio, el magistrado estimó que podría existir una sentencia en un plazo de alrededor de seis meses. El juez contrastó esos tiempos con el régimen procesal anterior, donde la elevación a juicio podía demandar entre seis meses y un año y el debate posterior extenderse durante otro año o incluso dos. Además, el nuevo sistema contempla distintas formas de resolución de los conflictos, como juicios abreviados, suspensiones de juicio a prueba y reparaciones integrales, siempre que correspondan y sean acordadas por las partes y homologadas judicialmente. En la primera audiencia también se autorizaron medidas de prueba solicitadas por la Fiscalía y se resolvió la situación procesal de la persona detenida. El Ministerio Público Fiscal pidió que permaneciera bajo prisión domiciliaria debido a sus circunstancias personales y a que, según se evaluó, no existían riesgos graves de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Cárceles al límite y falta de tobilleras electrónicas Uno de los principales problemas que enfrenta la Justicia Federal en Misiones está relacionado con los lugares disponibles para alojar personas privadas de la libertad. Gallandat explicó que en el ámbito federal la provincia cuenta con la Unidad 17 de Candelaria, destinada a varones, mientras que para otros casos se debe recurrir a establecimientos provinciales o solicitar cupos en otras jurisdicciones. Entre los destinos posibles aparecen Chaco, Salta y establecimientos de la provincia de Buenos Aires, incluido Ezeiza. El traslado hacia otras provincias, sostuvo, también genera dificultades para mantener el vínculo de las personas detenidas con sus familias. El juez remarcó que la situación no es solamente una cuestión de disponibilidad de plazas. El nuevo Código Procesal Penal Federal establece responsabilidades para jueces, fiscales y organismos encargados del control de las detenciones cuando una persona permanece alojada en lugares que no reúnen condiciones adecuadas. En ese escenario, las medidas alternativas al encarcelamiento adquieren relevancia, aunque también existen dificultades para aplicarlas. Gallandat señaló que la falta de tobilleras electrónicas es un reclamo que alcanza a distintos tribunales de Misiones. Según indicó, existen casos en los que la espera para obtener uno de estos dispositivos llega a seis meses. A esto se suma una dificultad particular en determinadas localidades de la provincia: la falta de cobertura de señal telefónica puede impedir o complicar el monitoreo. 'Hay esperas de hasta seis meses para conseguir tobillera electrónica', explicó el magistrado, y consideró que mantener privada de su libertad a una persona durante ese período por una cuestión tecnológica obliga a buscar otras alternativas. La frontera y el riesgo de fuga La situación geográfica de Misiones también ocupa un lugar en las decisiones judiciales. La provincia limita con Paraguay y Brasil y cuenta con pasos fronterizos y zonas donde el cruce internacional puede realizarse con facilidad. Gallandat reconoció que esa característica debe ser contemplada al analizar una eventual prisión domiciliaria o una medida de libertad, aunque señaló que las fugas no son habituales. En causas donde la expectativa de pena es elevada y existen mayores riesgos, explicó, pueden adoptarse medidas más restrictivas. En otros procesos, en cambio, se puede recurrir a mecanismos menos gravosos, como controles periódicos, retención de documentación, cauciones reales u otras obligaciones destinadas a reducir el riesgo de fuga o de entorpecimiento. Narcotráfico y contrabando, las principales causas en la zona centro de Misiones El juez también detalló cuáles son los delitos que concentran la mayor cantidad de expedientes en su jurisdicción. Aproximadamente el 40% de las causas penales del Juzgado Federal de Oberá están vinculadas de alguna manera con el narcotráfico. Una proporción similar corresponde a investigaciones relacionadas con la Ley de Aduanas, principalmente por contrabando o encubrimiento de contrabando. Entre el resto de los casos aparecen investigaciones por trata de personas, falsificación de documentos y cortes de rutas nacionales, entre otros delitos de competencia federal. Para Gallandat, la situación de Misiones como provincia fronteriza requiere una política específica de fortalecimiento de recursos para la Justicia y los organismos de seguridad, debido al movimiento de estupefacientes, el contrabando y otras modalidades de criminalidad vinculadas con las fronteras. El régimen penal juvenil y la situación en Misiones Durante la entrevista, el juez también fue consultado por la reciente suspensión de la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires. Gallandat explicó que, de acuerdo con lo que conocía del planteo, la medida alcanzaba a esa jurisdicción y no implicaba una suspensión para todo el país. Señaló que la nueva normativa contempla la posibilidad de punibilidad desde los 14 años, mientras que el régimen anterior establecía como regla general los 16 años y contemplaba determinados delitos. El magistrado remarcó, de todos modos, que el encierro debe ser utilizado como última alternativa y para situaciones en las que exista una peligrosidad que no pueda ser abordada mediante otras medidas. También advirtió que las provincias deben contar con establecimientos adecuados para alojar a adolescentes sometidos al nuevo régimen, una estructura que, según su apreciación, todavía no estaría disponible de manera suficiente en distintas jurisdicciones. La implementación del sistema acusatorio federal, mientras tanto, continuará de manera progresiva en Misiones. La primera audiencia realizada en Oberá marcó el comienzo de un esquema en el que la investigación queda en manos del Ministerio Público Fiscal y el juez asume principalmente el rol de garante de los derechos y de las decisiones que requieren control judicial. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Misiones OnLine (@misionesonline)