Exfuncionario del servicio de inmigración de EE. UU. es acusado de esquema de corrupción

Un exfuncionario del servicio de inmigración de EE. UU. es acusado de formar parte de un esquema de corrupción donde se habría aprobado de manera ilegal y con procesamiento acelerado solicitudes de inmigración. El departamento de Justicia informó en un comunicado de la acusación federal de un exfuncionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y a un asociado de participar en el referido esquema de corrupción. Se informa que el fiscal federal del Distrito Norte de Texas, Ryan Raybould, detalló que el señalado es Lukman Owolabi Ganiyu, un exfuncionario superior del USCIS, y Adeniyi Akeem Somoye. Ambos fueron arrestados el 2 de septiembre por cargos federales por su participación en un presunto plan plurianual para recibir sobornos ilegales a cambio de manipular y agilizar las solicitudes de inmigración. El caso deriva de una denuncia penal federal presentada el 31 de agosto en la cual se acusa a los dos de conspiración para recibir sobornos ilegales por parte de un funcionario público. De acuerdo con la denuncia, desde diciembre de 2019 hasta marzo de 2026, Ganiyu habría utilizado su cargo oficial para aprobar solicitudes de inmigración. El exfuncionario habría usado los formularios: I-130: Petición para Familiar Extranjero I-485: Solicitud para Registrar la Residencia Permanente o Ajustar el Estatus I-751: Petición para Eliminar las Condiciones de Residencia N-400: Solicitud de Naturalización, a cambio de dinero La investigación federal refiere que Ganiyu habría eludido procedimientos como las entrevistas obligatorias, la revisión de supervisión, las limitaciones jurisdiccionales, las verificaciones de antecedentes y los protocolos de procesamiento estándar del USCIS. Esto con el objeto de acelerar ilegalmente las aprobaciones de los solicitantes, muchos de los cuales no cumplían con los requisitos de la ley federal, según la acusación. Según se expone en la denuncia, Ganiyu y Somoye habrían recaudado conjuntamente cientos de miles de dólares en pagos de los solicitantes, varios de estos serían para aprobaciones de inmigración emitidas por Ganiyu. Asimismo, se identificó una extensa comunicación por WhatsApp entre Ganiyu, Somoye y numerosos solicitantes de casos de inmigración, además de cientos de llamadas telefónicas. El caso avanzó para la primera comparecencia ante el tribunal que se realizó el 2 de septiembre. El Departamento de Justicia explica que de ser declarados culpables, cada acusado se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión federal y una multa de hasta USD 250 mil.