El Consejo de Ministros aprueba un 'decreto Canarias' descafeinado

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al ansiado 'decreto Canarias' tras más de un año de espera. Un paquete de medidas económicas y fiscales que pretende dar respuesta al cumplimiento de la bautizada como 'agenda canaria', pactada por Coalición Canaria con el PSOE en noviembre de 2023. O al menos en parte. La falta de mayorías y de nuevos presupuestos estatales retrasaron la materialización de esos acuerdos, por lo que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, le planteó a su homólogo nacional, Pedro Sánchez, este decreto ley como una vía más rápida y efectiva para sacar adelante parte de los compromisos que seguían pendientes. Eso sí, el texto aprobado dista mucho de la ambiciosa propuesta que Canarias puso inicialmente sobre la mesa. En cierta forma es, y de hecho así lo reconocen en el propio Ejecutivo autonómico, un texto algo descafeinado, un texto de mínimos. En cualquier caso, Clavijo ha asegurado que el documento aprobado es, más allá de su mayor o menor alcance, "un paso adelante" en pos de blindar el resto de demandas contenidas en la 'agenda canaria'. Este paquete legislativo, anunciado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el ministro de Hacienda, Arcadi España, tendrá aplicación "inmediata" una vez que se publique este miércoles en el Boletín Oficial de Estado. Su contenido se concentra finalmente en dos grandes frentes: dar a Canarias mayor libertad para disponer del superávit de 2025 (el dinero que el Gobierno regional no pudo gastar el año pasado por el corsé que imponen las reglas de sostenibilidad financiera y estabilidad presupuestaria), una medida de la que también se beneficiarán otras siete comunidades autónomas, y atender varias de las reivindicaciones que permanecían pendientes con La Palma en su proceso de recuperación tras la erupción del volcán Tajogaite. En el primero de ellos, el Estado permitirá al Archipiélago movilizar alrededor de 600 millones de euros de su superávit para destinarlos a políticas prioritarias y a inversiones financieramente sostenibles entre 2026 y 2027. Unos recursos que, hasta ahora, estaban sujetos a mayores limitaciones, entre otras cosas por la regla de gasto. En el segundo, el decreto reúne medidas dirigidas específicamente a la Isla Bonita, entre ellas, la bonificación del 60% del IRPF para todos los residentes; 100 millones de euros para su reconstrucción y recuperación; una moratoria para los agricultores que habían solicitado préstamos en los municipios más afectados (El Paso, Los Llanos y Tazacorte); y una modificación para que las ayudas del Posei no computen como ingresos al acceder a la prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos vinculados al sector primario afectados por la erupción. Es decir, que el hecho de cobrar ese subsidio no les impida luego cobrar el 'paro de los autónomos'. Tras el Consejo de Ministros, Fernando Clavijo, durante las Fiestas del Pino, en Gran Canaria, admitía que "tienen que pedirles muchas cosas a la Virgen" ante el panorama nacional e internacional. Después de un año de trabajo, el presidente de Canarias reconoce que la respuesta del Estado a las peticiones de Archipiélago no se corresponde con lo que ellos les habría gustado alcanzar. Aun así, describe el decreto Canarias como "un gran avance" tanto por la recuperación de los compromisos con La Palma como por la disponibilidad del superávit. Sobre el destino de esos cerca de 600 millones de euros, Clavijo señala que deberán emplearse en inversiones financieramente sostenibles, una figura jurídica y presupuestaria a través de la que considera que existe un amplio abanico de posibilidades: "Desde infraestructura sanitaria, administrativa o sociosanitaria... Son asuntos en los que tenemos que avanzar para poder liberar otros recursos para vivienda, que es el principal problema", afirma. Hay que puntualizar, no obstante, que la calificación de estas inversiones como 'financieramente sostenibles' implica que en ningún caso podrán comprometer los objetivos de déficit o deuda. La figura abre, por tanto, muchas posibilidades de inversión, pero no implica el uso de ese dinero con total libertad de disposición por parte de la Comunidad Autónoma. En cualquier caso, este "paso adelante", como describe el líder del Ejecutivo autonómico, no significa que se conformen con lo aprobado. Asegura que en las próximas semanas tendrán más ocasiones para seguir negociando asuntos vitales para Canarias: "Seguimos trabajando. Tenemos pendientes a lo largo del mes de septiembre y octubre varias reuniones más para poder seguir dando cumplimiento a la agenda y a aquellos asuntos que están comprometidos entre el Estado y Gobierno". El camino hacia la aprobación de este decreto, como casi cualquier negociación política, no ha sido fácil. Fue en agosto de 2025, hace poco más de un año, cuando Fernando Clavijo le pidió a Pedro Sánchez la posibilidad de aprobar un decreto ley canario para agilizar el cumplimiento de los compromisos nacionales incluidos en la 'agenda canaria'. Así, en noviembre el Ejecutivo autonómico remitió el primer gran borrador: 33 artículos, 10 disposiciones adicionales y un impacto estimado de 1.949 millones de euros. Esa fue la idea en un principio, pero el texto siguió sumando nuevas propuestas. Tras incorporar nuevas reivindicaciones y aportaciones de los grupos parlamentarios, el borrador final llegó a sumar 50 medidas, repartidas en 35 artículos, 12 disposiciones adicionales y tres finales. Entre ellas, la posibilidad de destinar el superávit para vivienda protegida y educación de 0 a 3 años, recursos para Dependencia o la financiación estatal de 1.400 nuevas plazas de la Policía Canaria. La amplitud del documento abrió entonces una disputa con el Gobierno central, pues el ministro Ángel Víctor Torres llegó a sostener que el 80% de las medidas planteadas estaba fuera del acuerdo inicial. De hecho, Nueva Canarias llegó a calificar el texto como "la carta de los Reyes Magos". A pesar de las críticas, en febrero de 2026 el Parlamento aprobó la propuesta con los votos favorables de CC, PP, ASG y AHI (los grupos que sostienen el Gobierno de Canarias) y el Ejecutivo de Clavijo se defendió de las críticas con el argumento de que las peticiones incluidas en la proposición respondían a la propia 'agenda canaria', el Estatuto de Autonomía y a los Presupuestos Generales del Estado de 2023 (los últimos aprobados por el Gabinete de Sánchez). Sin embargo, la guerra de Irán, el cambio de ministro en Hacienda, de María Jesús Montero a Arcadi España, y la lucha por la financiación autonómica tampoco ayudaron a la negociación. Por el momento, el Gobierno de Canarias tendrá que conformarse con los acuerdos materializados, muy lejos del alcance que llegó a tener la propuesta inicial. El resto de las reivindicaciones seguirá sobre la mesa en una negociación con el Estado que, pese a la aprobación del decreto, todavía no está cerrada.