El Gobierno de España ha manifestado su rotundo rechazo a la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de los ciudadanos que han obtenido la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como la 'Ley de Nietos'.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha calificado de «prioridad urgente» resolver esta situación jurídica antes de los próximos procesos electorales previstos para 2027.
«Estamos hablando de privar a miles de españoles de uno de los derechos más sagrados de cualquier democracia: el derecho al voto», ha advertido Bolaños, subrayando que la medida preventiva dictada por el alto tribunal genera una desprotección e incertidumbre inaceptables para los nuevos ciudadanos reconocidos por la legislación española.
Desde el Ejecutivo se defiende que la adquisición de la nacionalidad implica el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. Por ello, Bolaños ha instado al Tribunal Supremo a resolver con la máxima celeridad sobre el fondo del asunto para evitar que miles de residentes en el exterior vean vulnerada su participación en las urnas.
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