Operación Cancerbero: Presidencia desembolsó más de 18 millones de pesos para su transmisión televisiva

La Presidencia de la República desembolsó la suma de $18.549.720 por concepto de la transmisión televisiva de la denominada 'Operación Cancerbero', un masivo operativo de seguridad realizado el pasado 13 de agosto para trasladar a reos de alta peligrosidad hasta el centro penitenciario de Talca. El monto fue dado a conocer por la institución tras una solicitud de transparencia presentada por BioBio Chile, enfocada en conocer los gastos asociados al amplio despliegue comunicacional del procedimiento. Gastos limitados al servicio de transmisión audiovisual Desde el organismo gubernamental precisaron que su participación se acotó estrictamente a la emisión de la actividad, por lo que los $18,5 millones corresponden solo a la producción técnica y no al costo total de la denominada Operación Cancerbero. Para proveer esta cobertura, la Presidencia recurrió a una licitación pública vigente en el portal de Mercado Público. El proveedor a cargo de la producción general es la empresa La Oreja Lab SpA, la cual se adjudicó la licitación en junio de 2025. Posteriormente, el 25 de junio de 2026, la Presidencia suscribió una modificación del contrato con esta firma que contempló un aumento del 30% en las prestaciones, equivalente a UF 7.800, lo que elevó el valor total del contrato de producción general de UF 26.000 a UF 33.800 con una vigencia de 15 meses. Sin embargo, la repartición aclaró que dicha modificación contractual busca dar continuidad operativa a la producción general de Presidencia y no debe confundirse con el desembolso específico destinado a la operación de reos. Derivación a la Subsecretaría de Seguridad Pública por el costo total Respecto a los fondos globales requeridos para llevar a cabo el traslado penitenciario, la Presidencia sostuvo no ser el organismo competente para entregar dicha información, argumentando que no asumió la totalidad de los costos. Por este motivo, la entidad derivó de forma parcial el requerimiento de información pública a la Subsecretaría de Seguridad Pública mediante el oficio N.° 638, despachado el 3 de septiembre de 2026. Anteriormente, el Ministerio de Justicia había afirmado que su cartera no incurrió en gastos extraordinarios por el despliegue audiovisual, ya que se usaron cámaras y equipamiento institucional de Gendarmería. De acuerdo con el medio citado, al ser consultada nuevamente por los nuevos antecedentes financieros, la Presidencia declinó realizar un pronunciamiento oficial.