La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) asestó una medida contundente al incorporar al exfuncionario y empresario sinaloense Ricardo Velarde a su Lista de Personas Bloqueadas (LPB). Con esta determinación, el exintegrante del gabinete estatal queda imposibilitado de disponer de sus recursos o realizar cualquier movimiento bancario en el sistema financiero de México, en medio de un endurecimiento en la vigilancia sobre Personas Políticamente Expuestas (PEP) en la entidad, de acuerdo con El Debate.
La red de empresas alcanzada por la UIF
La acción dictada por la autoridad hacendaria no únicamente recae en Ricardo Velarde, sino que también alcanza de manera directa a su socio comercial, Jorge Armando Lizárraga Angulo, con quien comparte participación en diversos giros comerciales.
Entre las razones sociales sujetas a la inmovilización financiera destacan:
Grupo Priben
Operadora de Bares Veliz (OPV), consorcio enfocado en la vida nocturna de Mazatlán y operador de varios establecimientos en el puerto.
El congelamiento de activos impide formalmente que tanto los implicados como sus firmas mercantiles ejecuten transferencias o retiros hasta que la autoridad concluya las indagatorias correspondientes o se emita una resolución jurídica definitiva.
El amparo y la pugna en tribunales
Para hacer frente a esta restricción, Ricardo Velarde promovió un juicio de amparo con la intención de revertir el mandato emitido por la UIF. No obstante, el litigio enfrenta demoras procesales: un juzgado con sede en la Ciudad de México se declaró incompetente para resolver el fondo de la controversia, ordenando que el expediente se remita a los juzgados de distrito en el estado de Sinaloa.
El caso cobra relevancia luego de que trascendieran reportes y alertas financieras relativas a posibles irregularidades ligadas a figuras de alto perfil en la entidad, bajo la observación constante de organismos nacionales e internacionales.
De funcionario estatal a la salida del gabinete
Conocido popularmente como "El Pity", ocupó inicialmente la titularidad interina de Turismo y más tarde, a finales de 2024, asumió la Secretaría de Economía bajo la administración de Rubén Rocha Moya. En dicha encomienda coordinó iniciativas de atracción de capital y esquemas para pequeñas y medianas empresas.
No obstante, su carrera dentro de la administración concluyó intempestivamente en octubre de 2025. Su renuncia se precipitó tras un operativo ministerial en el bar Terraza Valentino —inmueble del cual es copropietario— derivado de las pesquisas por la desaparición del joven Carlos Emilio Galván Valenzuela, lo que obligó su separación para encarar las investigaciones de la Fiscalía estatal.
Hoy en día, el panorama legal y comercial de Ricardo Velarde permanece bajo estricta incertidumbre mientras los tribunales federales determinan el destino de sus recursos inmovilizados.
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