"Trabajamos sin saber cuándo cobramos": el reclamo de los acompañantes terapéuticos frente a IAPOS

En los últimos meses, Milagros Orué se convirtió en una de las voces visibles del reclamo que los acompañantes terapéuticos de Rosario llevan adelante frente a IAPOS. El pedido, que excede la discusión estrictamente salarial, pone en el centro las condiciones en las que trabajan quienes acompañan a personas que requieren apoyos para sostener sus tratamientos y sus proyectos de vida. , Orué explicó que el reclamo lleva meses y que las exigencias planteadas ante la obra social provincial siguen sin encontrar respuestas concretas. Los acompañantes reclaman cobrar a 30 días, a mes vencido, una actualización de sus honorarios y el pago de prestaciones que, en algunos casos, acumulan hasta 90 días de demora. La situación de los honorarios es uno de los puntos que más preocupa al colectivo. Según detalló Orué, IAPOS actualmente paga menos de 10.000 pesos la hora por el acompañamiento terapéutico, una cifra que, en sus palabras, "no nos alcanza ni para un kilo de carne". Como referencia, señaló que el Colegio de Psicólogos establece un mínimo de 27.000 pesos para esa misma labor. A la demora en la actualización de los valores se suma el atraso en los pagos. Orué explicó que al momento de la entrevista estaban esperando cobrar las prestaciones correspondientes a junio, mientras algunos compañeros todavía aguardaban pagos de mayo e incluso de marzo. Ya habían pasado más de 40 días desde el último cobro recibido y, según anticipó, la semana siguiente se acercarían a los 50 días sin percibir sus honorarios. El reclamo había llevado a los acompañantes a movilizarse dos veces durante esa misma semana. En un primer momento, contó Orué, desde IAPOS les habían informado que los fondos no estaban disponibles. Después de una nueva movilización, una representante de la gestión les comunicó que, al menos, la obra social transferiría los fondos a una mutual que terceriza el pago del acompañamiento terapéutico. Esa modalidad, que en principio debía agilizar el circuito, terminó convirtiéndose para los trabajadores en una nueva instancia de incertidumbre. Orué sostuvo que la tercerización, lejos de acelerar los pagos, los está dilatando. La mutual está radicada en Santa Fe y, según relató, resulta prácticamente imposible acceder a sus responsables. La situación llegó al punto de que, cuando los acompañantes se presentaron en IAPOS para reclamar, fueron los propios trabajadores de la obra social quienes les pidieron los contactos de la mutual para poder comunicarse con ella. "Es una vergüenza", resumió Orué al describir esa situación. La confusión alrededor de la tercerización tampoco termina allí. Ante la consulta sobre qué mutual intervenía en el circuito, Orué mencionó a la Mutual de la Caja de Ingenieros y remarcó que no tiene relación con los afiliados de IAPOS. A eso se agregó otro dato que, para los acompañantes, expone el desorden administrativo: la documentación vinculada con sus reclamos había sido dejada en el Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de la Provincia de Santa Fe – Distrito II, una institución que tampoco tiene relación con los afiliados de la obra social provincial. Mientras tanto, los trabajadores deben sostener cotidianamente los costos de una actividad que requiere movilidad y disponibilidad permanente. Monotributo, seguros, transporte y otros gastos forman parte de una estructura que deben afrontar aun cuando los pagos de la obra social se acumulan durante meses. "Nosotros afrontamos gastos día a día, vivir es cada vez más caro", explicó Orué. La consecuencia, según describió, es que la mayoría de los acompañantes se encuentra endeudada. Hay además un componente social que atraviesa particularmente al sector. Orué señaló que la mayoría de los acompañantes terapéuticos son mujeres y que muchas de ellas son sostén de hogar. Frente a la falta de ingresos, algunas evalúan conseguir otras fuentes laborales o incluso discontinuar alguno de sus trabajos. En otros casos, intentan acordar con las familias de las personas a las que acompañan para encontrar alguna alternativa que les permita sostener la prestación. Pero Orué insistió en que las familias no son responsables de la situación. Son ellas, explicó, las que aportan todos los meses a la obra social, mientras IAPOS mantiene incrementos constantes y elevados en sus cuotas, sin que, a la vez, se traduzcan en una mejora equivalente de las prestaciones. La pregunta que queda flotando, entonces, es qué ocurre con el dinero que aportan los afiliados. "¿A dónde va ese dinero de los afiliados?", planteó Orué. Para los acompañantes terapéuticos, el conflicto tampoco puede reducirse a una discusión sobre salarios o atrasos administrativos. Orué sostuvo que se trata de una discusión mucho más amplia, vinculada con las políticas de inclusión, los derechos humanos, los derechos de las personas con discapacidad y de sus trabajadores, el derecho a la salud y la construcción de una sociedad más accesible. Desde esa perspectiva, considera que el conflicto también expresa una determinada política de discapacidad del gobierno provincial. Y allí ubica uno de los principales problemas: la percepción de que el sistema pretende sostenerse sobre el bolsillo de sus propios trabajadores. "Está liquidando el sistema", afirmó, al describir un esquema que considera "totalmente desfinanciado, precarizado, abandonado". Las respuestas de IAPOS tampoco alcanzaron, hasta el momento, para desactivar el reclamo. En cuanto a la actualización de honorarios, Orué aseguró que el tema fue postergado reiteradamente. Los trabajadores incluso solicitaron una reunión con las autoridades y quedaron a la espera de que les confirmaran una fecha. Respecto de los pagos atrasados, la información que recibieron fue que, aparentemente —Orué utilizó esa palabra con especial énfasis porque, según dijo, ya no pueden confiar plenamente en las comunicaciones de la obra social—, IAPOS habría enviado los fondos a la mutual entre el jueves y el viernes, después de las dos movilizaciones realizadas en una misma semana. Sin embargo, ese dinero todavía no había llegado a las cuentas bancarias de los acompañantes. La incertidumbre se transforma así en parte del trabajo cotidiano. No existe una fecha concreta de cobro ni garantías sobre cuándo será reconocido económicamente el trabajo ya realizado. Para Orué, resulta difícil aceptar que un trabajador deba sostener durante meses una prestación esencial sin saber cuándo cobrará. "Nadie, ningún funcionario de la gestión puede vivir cobrando su sueldo con 90 días de atraso, sin tener una fecha de cobro, sin tener ninguna seguridad de que su trabajo va a ser reconocido", sostuvo. Frente a esa situación, los acompañantes terapéuticos anticiparon que volverían a movilizarse la semana siguiente. La protesta, lejos de considerarse cerrada, se preparaba para continuar. Uno de los reclamos que permanece pendiente es, además, el contacto directo con las máximas autoridades de IAPOS. Orué aseguró que jamás pudieron acceder al presidente de la obra social, Nolasco Salazar. Cada vez que intentaron hablar con él, recibieron como respuesta que estaba de viaje. El jueves de aquella semana, durante una de las movilizaciones, les informaron que Salazar se encontraba en Santa Fe. Tampoco estaba su secretaria, con quien los acompañantes habían logrado mantener algún contacto anteriormente. El circuito de reclamo, además, se volvió confuso dentro de la propia estructura de la obra social. Cuando los trabajadores concurren a IAPOS, son derivados de una oficina a otra: primero a Egresos, luego al área de Discapacidad y así sucesivamente. Durante una de las concentraciones apareció una representante del área de discapacidad de la gestión. Según Orué, la funcionaria se mostró molesta frente a la protesta y tuvo un discurso que calificó de "bastante insensible". La mujer explicó que actuaba como nexo entre los trabajadores y la gestión, pero para Orué esa explicación no alcanzaba: al formar parte de la estructura de gobierno, también es responsable de las decisiones que afectan al sector. Además, sostuvo que durante ese encuentro la representante no parecía tener un conocimiento suficiente sobre el funcionamiento del sistema de acompañamiento terapéutico. Fueron los propios trabajadores quienes terminaron explicándole cómo se desarrolla la gestión de esas prestaciones. Para Orué, ese episodio terminó de confirmar una sensación que atraviesa al colectivo: la de estar frente a un profundo desinterés por parte de las autoridades. En cuanto a Salazar, la situación fue todavía más distante. Orué afirmó que nunca tuvieron una comunicación telefónica directa con él y que su presencia en las oficinas de IAPOS no se produjo en ninguna de las numerosas ocasiones en que los acompañantes concurrieron para reclamar. La única manera en que, según su relato, pudieron verlo fue a través de fotografías. Y allí apareció una de las frases más duras de su testimonio: "Por foto para campaña, bueno, ahí sí se hace presente". Fuera de esas imágenes, dijo, no hubo una presencia concreta del titular de la obra social para ofrecer garantías o respuestas frente a un reclamo que los acompañantes consideran básico: cobrar en tiempo y forma por el trabajo realizado. El conflicto, de todos modos, no se limita a IAPOS. Al cierre de la entrevista, Orué remarcó que situaciones similares atraviesan también a acompañantes terapéuticos vinculados con otras obras sociales. Pero estableció una diferencia: el carácter provincial de IAPOS implica, desde su perspectiva, una responsabilidad mayor por parte del Estado santafesino. Los acompañantes terapéuticos continúan así reclamando por honorarios que consideran desactualizados, pagos que llegan con meses de demora y un sistema de gestión que, según denuncian, los obliga a sostener con recursos propios una prestación destinada a garantizar derechos de personas con discapacidad. Mientras esperan que una fecha de pago deje de ser una promesa y se convierta en una transferencia efectiva, Orué y sus compañeros preparan nuevas movilizaciones. El reclamo, insiste ella, no es solamente por cuánto cobran ni por cuándo cobran: también es por las condiciones en las que se sostiene un sistema de cuidados, acompañamientos e inclusión que, según advierte, no puede seguir funcionando a costa de quienes todos los días lo mantienen en pie. Escuchá la entrevista completa: