Malvinas: Tierra del Fuego pidió derogar el tratado de inversiones con Reino Unido

El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, reclamó al Congreso que derogue la Ley 24.184, que aprobó el convenio de promoción y protección de inversiones firmado entre la Argentina y el Reino Unido en 1990. El funcionario fueguino planteó que el acuerdo representa un problema para la política exterior argentina y cuestionó las garantías que otorga a los inversores británicos. "Es un error geopolítico mantener un acuerdo que garantiza el trato de ‘nación más favorecida' y cede jurisdicción ante el mismo Estado que usurpa, saquea y militariza nuestro territorio", escribió Dachary en su cuenta de X. El planteo se produjo mientras Malvinas vuelve a ocupar un lugar central en la agenda del Gobierno de Javier Milei, que anunció nuevas medidas vinculadas con la defensa de la soberanía argentina y el control de las actividades económicas en el área del archipiélago. Dachary definió la derogación de la Ley 24.184 como una "medida fundamental" para la política exterior argentina y marcó una diferencia entre el conflicto territorial y las relaciones con los habitantes de las islas. "Nuestro conflicto es con el Reino Unido, no con las Islas Malvinas", sostuvo el funcionario, quien además etiquetó en su publicación al Senado y a la Cámara de Diputados para llevar el planteo directamente al Poder Legislativo. "Denunciar este tratado es un paso necesario para cumplir con la Constitución", agregó. La iniciativa aparece pocos días después de que Milei anunciara un incremento del presupuesto destinado a Defensa para avanzar con la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. El Gobierno también anunció un endurecimiento de las sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en el área de Malvinas sin autorización argentina. La Ley 24.184 aprobó el convenio bilateral que la Argentina y el Reino Unido firmaron en Londres el 11 de diciembre de 1990. El Congreso sancionó la norma el 4 de noviembre de 1992, durante la presidencia de Carlos Menem. El acuerdo cuenta con 14 artículos y establece distintas garantías para las inversiones de ciudadanos y empresas de ambos países. Uno de sus principales puntos establece el principio de "nación más favorecida". De acuerdo con el convenio, ninguna de las partes puede otorgar a las inversiones y ganancias de la otra un trato menos favorable que el que aplica a sus propios inversores o a los de terceros países. El tratado también garantiza a los inversores británicos la libre transferencia de ganancias, establece protección frente a expropiaciones sin compensación y contempla mecanismos de arbitraje internacional para resolver eventuales controversias. Estos mecanismos forman parte de los aspectos que Dachary cuestiona al considerar que el acuerdo otorga herramientas jurídicas a inversores vinculados con el Reino Unido. El convenio de inversiones forma parte del proceso de normalización de las relaciones bilaterales entre Argentina y Reino Unido que comenzó después de la Guerra de Malvinas de 1982. Los Acuerdos de Madrid I y II, firmados entre octubre de 1989 y febrero de 1990, permitieron restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países y avanzar en distintos entendimientos bilaterales. En ese contexto, ambos gobiernos firmaron el tratado de promoción y protección de inversiones que posteriormente aprobó el Congreso argentino mediante la Ley 24.184. Sin embargo, una eventual derogación no eliminaría de manera inmediata todas las protecciones del convenio. La propia Ley 24.184 contempla un período de protección posterior para las inversiones realizadas durante la vigencia del tratado. En caso de que una de las partes denuncie el acuerdo, las inversiones realizadas mientras el convenio permaneció vigente continúan bajo su protección durante 15 años adicionales. Ese punto representa uno de los principales aspectos jurídicos que debería contemplar el Congreso ante un eventual avance del pedido de Tierra del Fuego. El artículo 3 del convenio establece el principio de nación más favorecida y dispone que ninguna de las partes puede someter las inversiones y ganancias de los inversores de la otra parte a un trato menos favorable que el otorgado a sus propios inversores o a los de cualquier tercer Estado. El mismo artículo extiende esa garantía a cuestiones vinculadas con la gestión, mantenimiento, uso, goce o liquidación de las inversiones. El reclamo de Dachary también coincide con una ofensiva del Gobierno nacional contra empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. Horas antes de la publicación del funcionario fueguino, el Ejecutivo anunció que presentará una denuncia penal contra cinco empresas relacionadas con esas actividades. El Gobierno fundamentó la medida en presuntas infracciones a la Ley 26.659, que establece sanciones para las actividades vinculadas con hidrocarburos en la plataforma continental argentina cuando las empresas no cuentan con autorización del país. De esta manera, la discusión sobre el tratado de inversiones se suma a las medidas que la administración de Milei impulsa sobre soberanía, recursos naturales y actividad económica alrededor del archipiélago. El planteo de Tierra del Fuego busca ahora trasladar esa discusión al Congreso y revisar uno de los acuerdos económicos que la Argentina mantiene con el Reino Unido desde el proceso de normalización bilateral posterior a la guerra de 1982.