Profesionalizar el oficio de los creadores de contenido para proteger a los menores, frenar la publicidad política y la pauta comercial engañosa de productos de salud. Eso es parte del proyecto de ley presentado por el senador Ferney Silva Idrobo, del Pacto Histórico, ante el Congreso para regular una industria multimillonaria que no para de crecer en Colombia. El proyecto parte de la premisa de garantizar la libertad de expresión, enfocando sus exigencias en la transparencia de los contratos comerciales, la protección de los menores de edad y el respeto a la intimidad. Para ello, el texto diferencia formalmente las figuras del influencer —quien monetiza e influye en la opinión o hábitos de consumo de forma habitual— y del creador de contenido, categoría más amplia que abarca a cualquier persona natural o jurídica que publica piezas digitales sin importar su volumen de seguidores. La propuesta responde al peso económico del sector en el país, donde más de 465.000 personas crean contenido y la inversión en publicidad digital alcanzó los 3,04 billones de pesos en 2025, según cifras recopiladas en la propuesta. Entre las principales modificaciones que plantea el proyecto destaca la obligación de etiquetar de forma explícita las publicaciones cuando medie un pago o contrato, incluyendo la publicidad política y las colaboraciones con marcas, bajo la supervisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) mediante las sanciones del Estatuto del Consumidor. Asimismo, exige autorización previa, libre e informada para el uso de la imagen, voz o datos íntimos de terceros en videos o publicaciones, permitiendo a los involucrados revocar el permiso y solicitar el retiro del material. En materia financiera, la propuesta establece la creación del Fondo Nacional de Protección Solidaria, administrado bajo la órbita del Ministerio de las TIC, destinado a la formación del sector y a la prevención de riesgos digitales como el ciberacoso o la adicción en menores. El fondo se financiará mediante una cuota de fomento del 1 % sobre los contratos que pagará la entidad contratante (marca o agencia, no el creador), además de una tarifa del 8 % a título de renta para contratos inteligentes celebrados con clientes del exterior que ingresen divisas al país. El proyecto también establece regulaciones estrictas para la promoción de productos cosméticos y de salud, impidiendo la atribución de propiedades no avaladas por la autoridad sanitaria, y fija el 19 de diciembre como el día oficial del sector. La iniciativa ahora deberá superar cuatro debates correspondientes en las comisiones del Congreso antes de definir su eventual paso a sanción presidencial.
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